Ilegalidad en elecciones del 25 de octubre

En algunas regiones los votos están dominados por castas políticas. / Archivo

Un informe realizado por la Fundación Paz y Reconciliación en 21 departamentos del país dejó una conclusión más que preocupante: 152 candidatos para las elecciones locales y regionales del próximo 25 de octubre tienen presuntos vínculos con la ilegalidad, y de estos, más del 80 % tienen altas posibilidades de ser elegidos.

Entre las conclusiones está el fenómeno de la parapolítica, que convulsionó al país hace una década y que, según el estudio, se mantiene vigente a través de los herederos de aquellos dirigentes que fueron condenados o procesados por vínculos con grupos de autodefensa.

Tal es el caso del departamento del Magdalena, donde Rosa Cotes, esposa del condenado parapolítico Chico Zúñiga, es candidata a la Gobernación. En La Guajira, Oneida Pinto representa los intereses del detenido Kiko Gómez y además cuenta con el respaldo del confeso narcotraficante Gervasio Valdeblánquez, quien fue miembro del desaparecido cartel de Medellín.

También hay candidatos vinculados a organizaciones criminales o que fueron condenados por participar en ellas y hoy están en la disputa electoral. Un ejemplo es el del aspirante a la Gobernación del Putumayo Jorge Coral Rivas, capturado hace dos días, quien fue alcalde de Puerto Asís y en 2011 se conoció una grabación en la que hablaba con alias Gárgola, jefe de una bacrim conocida como “La Constru”, quien decía que le entregaría $200 millones para la campaña.

A diferencia de otros procesos electorales donde los candidatos cuestionados se concentraban en pequeños partidos o en movimientos avalados por firmas, en esta ocasión son las colectividades tradicionales las que más respaldaron a aspirantes de dudosa procedencia. Es decir, los partidos han dado avales de forma irresponsable y en algunos casos a candidatos investigados por la Procuraduría, la Contraloría o la Fiscalía; otros, incluso han sido condenados.

También se ha hecho evidente el vínculo entre contratistas y candidatos. Uno de esos casos es el del aspirante a la Gobernación de Santander Hólger Díaz, investigado por el delito de concusión por presuntamente haber recibido comisiones del grupo Saludcoop con el fin de actuar a su favor en el trámite de la reforma a la salud en el Congreso. También tráfico de influencias y conflicto de intereses, puesto que su esposa hacía parte de la Regional Santander de Saludcoop.

Por otra parte, en este proceso electoral ha sido evidente que la campaña empezó antes de lo que plantea la ley, elevando los costos y violando las normas electorales. El informe señala que esta situación se presenta por la incapacidad de los entes de control de hacer seguimiento verídico de los gastos de los candidatos. Esta situación da pie para que actores armados ilegales o contratistas financien campañas, dados los altos costos para competir electoralmente.

Concluye el estudio que todos estos factores dejan sobre la mesa la complejidad de hacer política en Colombia y se evidencia la necesidad de algunos sectores de aliarse con la ilegalidad para ganar las elecciones, perpetuando una estructura corporativa de política, donde los clanes funcionan como empresas electorales.

Este caso se refleja con Ovidio Mejía, candidato a la Gobernación de La Guajira, quien se alió con la casa Nueva Guajira de Jorge Pérez Bernier, para poder competir contra Oneida Pinto, quien es vista como la candidata de la casa política Ballesteros y de Kiko Gómez.

Un panorama nada halagüeño, pues es claro que pese a la reformas que se han tramitado para acabar con la relación entre política y criminalidad, los partidos no han hecho su trabajo a la hora de entregar los avales y es evidente que en muchas regiones del país se mantienen vigentes los clanes políticos que imponen su voluntad, aun haciendo alianzas con grupos ilegales. La premisa es ganar, sin importar la forma.