Insisten en que no deben ser aforados el Procurador, Contralor y Defensor del Pueblo

Argumentan que nada tienen que ver con la administración de justicia en el país.

El presidente del Colegio de la Judicatura, Romelio Daza, dijo que la reforma de equilibrio de poderes que está en discusión en sexto de ocho debates en el Congreso aforó funcionarios que nada tienen que ver con la administración de justicia en el país.

Explicó que el fuero sólo debe amparar a los magistrados de las altas Cortes, dado que son ellos quienes tienen la carga específica de ordenar el cierre de los conflictos sociales y en muchas ocasiones sus decisiones implican componentes de orden político, como ocurre con las decisiones de la Corte Constitucional. (Escuche al presidente del Colegio de la Judicatura, Romelio Daza)

Aseguró que no es necesario dar facultades de aforados a funcionarios públicos como Contralor General de la República, Procurador General de la Nación y el Defensor del Pueblo.

"En el quinto debate a la reforma constitucional se incluyeron como destinatarios del fuero servidores estatales que no cumplen estas delicadas funciones, concesiones que bien podrían tener intereses electorales, y por el contrario se excluyó, sin razón, a los miembros de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, órgano que sí forma parte de la rama judicial y ejerce la función jurisdiccional disciplinaria, además, está integrado por Magistrados que deben cumplir los mismos requisitos que la constitución exige para los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia", insistió.

Desde la colegiatura reiteraron el llamado al Congreso para que en el sexto debate a la reforma que se inicia esta semana en la plenaria del Senado, se adopten los correctivos formulados "para evitar que la figura del fuero se convierta en una feria de salvaguardas que potencien la impunidad reinante”.

Además exhortó al legislativo para que se incluya a los miembros de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial como sujetos de investigación de la Comisión de Aforados, advirtiendo que de no hacerlo, los procesos que actualmente cursan ante la Comisión de Acusaciones contra los miembros del Consejo Superior de la Judicatura quedarán en la impunidad.