Jalón de orejas a ponencia de la reforma política

Hoy arranca la discusión de una nuevas reglas políticas y electorales. / Archivo

Las dudas sobre la reforma política y electoral persisten. A pesar de que el informe de ponencia radicado para el primer debate del proyecto de acto legislativo en la Cámara de Representantes recogió varias de las sugerencias expuestas en la audiencia pública del pasado 1° de agosto, hay jalón de orejas para que no se cometan los mismos errores que se dieron en el diseño del Consejo Nacional Electoral (CNE).

Voceros de los partidos minoritarios, al menos, se mostraron conformes con la inclusión de la aplicación inmediata de las coaliciones para las elecciones en 2018 y el desligue de la personería jurídica del umbral, y que este se reconozca a través del número de afiliados. (Lea: Los reparos de la Procuraduría y la Contraloría al proyecto de reforma política)

Sin embargo, hay llamado de atención, principalmente, sobre el mecanismo de elección de los nueve magistrados que integrarán el organismo que reemplazaría al actual CNE: el Consejo Electoral Colombiano (CEC). La reforma plantea que serán tres elegidos por el presidente de la República, tres por los magistrados de las altas cortes y tres por el Congreso de la República.

Para Alejandra Barrios, directora de la Misión de Observación Electoral (MOE), con esta forma de elección se va a mantener el mismo problema que con la actual elección de los magistrados del CNE. De hecho, la propuesta del organismo es que no haya ningún tipo de participación ni del Congreso ni de las organizaciones políticas en la postulación y elección de estos funcionarios. (Lea también: Una reforma política llena de dudas)

Esto con el fin de garantizar la autonomía tanto administrativa como presupuestal del organismo frente a las funciones. Visto desde una perspectiva bastante práctica, el acto legislativo incluye un parágrafo transitorio en el artículo 17 que señala que los primeros nueve miembros del CEC “deberán ser escogidos antes del 20 de julio de 2018” y empezarán su período el 1° de septiembre de ese mismo año. Es decir, el gobierno Santos y la misma Unidad Nacional pondrá los primeros magistrados.

Para la MOE, gran parte de la incapacidad que tiene el CNE para cumplir sus funciones se debe a esa falta de autonomía administrativa y financiera. “Esto ha generado que desde la máxima autoridad electoral no se disponga de las herramientas suficientes para cumplir eficientemente funciones como el control a la financiación de campañas y la publicidad ilegal que rodean los certámenes electorales”, señala el documento presentado en la audiencia pública del pasado 1° de agosto. De hecho, según explica Camilo Mancera, coordinador jurídico del a MOE, la idea es evitar un conflicto de intereses, pues el organismo electoral tiene las facultades, por ejemplo, para investigar partidos y campañas de senadores y representantes a la Cámara.

El representante Alirio Uribe, del Polo, también está de acuerdo con que ese es uno de los grandes problemas del texto de la reforma política, pues considera que el presidente y el Congreso son poderes enteramente políticos y poner en sus manos la elección de ese primer tribunal electoral conllevaría a que, como hoy, el CEC sea dominado por los partidos mayoritarios. Uribe anunció que presentará una proposición para que presidente, Congreso y cortes postulen dos candidatos para integrar un comité elector que, a través de una convocatoria pública de méritos, seleccione a los nueve magistrados del nuevo organismo.

Otros son más críticos y consideran toda la reforma como un “mico” al pretender cambiar las reglas del juego a mitad de un proceso electoral. Samuel Hoyos, representante por el Centro Democrático, calificó la reforma de inoportuna y diseñada a conveniencia del Gobierno, las Farc y sectores afines. Y Consideró que se puede debatir sobre la necesidad de modificar el sistema, pero no en vísperas de elecciones. “¿Cómo harán para definir el tema del transporte público? ¿Por dónde irán las rutas? ¿Por los barrios donde les va mejor a unos candidatos?”, precisó Hoyos. Por eso, el Centro Democrático presentará ponencia negativa al proyecto.

Aunque los reparos se han centrado en la forma de conformación del CEC, que sigue sin definir una independencia clara de los poderes políticos, otras advertencias se enfocan hacia que la reforma no soluciona problemas como los tiempos para definir sanciones impuestas por la Procuraduría y el Consejo de Estado, al elevarlas a grado de consulta jurisdiccional, y la eliminación de algunas de las causales de pérdida de investidura, como el tráfico de influencias.