Estaba cantado que el senador del Centro Democrático José Obdulio Gaviria pediría la nulidad de la investigación contra el magistrado Jorge Pretelt, a quien se investiga por supuestamente pedir sobornos para favorecer a una empresa en una tutela ante la Corte Constitucional. Y tras más de un mes de espera, ayer el congresista aseguró que hay errores en el proceso contra el togado y pidió que el Senado se abstenga de acusarlo.
Nunca antes en la historia de Colombia un proceso contra un magistrado había avanzado tanto en la Comisión de Acusación, que ya acusó formalmente a Pretelt. Lo propio hizo la plenaria de la Cámara, que lo halló responsable y envió el caso al Senado, donde, en última instancia, se debe decidir si levanta el fuero al alto funcionario y el caso hace tránsito a la Corte Suprema de Justicia o, por el contrario, archiva la indagación.
“Presento, señor presidente, un argumentado proyecto de auto por medio del cual se declara la nulidad de lo actuado por la Cámara de Representantes. El auto es, además, un estudio que en caso de decretarse la nulidad, puede orientar al representante investigador y a la Comisión de Investigación y Acusación en 1) la tarea de reconstruir el expediente dentro de la cuerda procesal en la que debió tramitarse y 2) hacer la adecuada calificación jurídica de los hechos”, sostiene el documento entregado por Gaviria a un portal de noticia de marcada tendencia uribista.
Ahora, la Comisión de Instrucción de Senado tendrá que decidir si acepta o rechaza el concepto. Sin embargo, las mayorías juegan a favor de Pretelt, pues en ella hay tres uribistas, entre ellos Gaviria, Alfredo Ramos y Paloma Valencia, además de los senadores Roosevelt Rodríguez, de la U; Juan Manuel Corzo, conservador; Guillermo Santos, liberal, y Jorge Prieto, de la Alianza Verde.
Así las cuentas, muy seguramente la Comisión Instructora del Senado acogerá la propuesta de Gaviria por cuatro votos contra tres –los tres del Centro Democrático más el senador Corzo–. De esta manera, el proceso contra Pretelt tendrá que volver a empezar en la Comisión de Acusación y le dará el tiempo suficiente al magistrado para que termine su período, dentro de seis meses, y el caso moriría por falta de interés público, dado que se sumaría a la enorme cantidad de procesos contra exfuncionarios públicos. Como dijo un connotado jurista, “indagaciones que mueren por inanición por no ser relevantes ante los medios de comunicación”.