Antioqueño, exsecretario de Movilidad de Medellín y excandidato a la Alcaldía de la misma, Jorge Enrique Vélez es el funcionario que tiene la llave de la restitución de tierras que procederá una vez sea aprobada la ley de víctimas. Un hombre que, según dice, se ha dado la pela contra los bandidos y será el encargado de quitarles lo que se han robado desde la Superintendencia de Notariado y Registro, entidad que dirige desde hace seis meses.
¿Cómo identifican esas 150 mil hectáreas usurpadas?
Hicimos visitas a las oficinas donde sabíamos que había problemas de tierras. Nos hemos encontrado con muchas situaciones, en especial con lo que tiene que ver con tierras del Incoder y el Incora, que eran del Estado. Esta primera etapa contempló Carmen de Bolívar, Urabá, Montes de María, San Martín, Puerto López y Acacías. Llevamos diez oficinas de 192 y el balance es de 150 mil hectáreas identificadas.
¿Cómo es el asunto de los predios baldíos?
En Colombia hay cerca de 14 millones de predios y los que no están identificados le pertenecen al Estado. Ahí es donde realmente hemos encontrado una gran cantidad de robo de tierras.
Se ha relacionado a ‘Cuchillo’ y Víctor Carranza con el robo de tierras, ¿quiénes más?
Son zonas de influencia de esos personajes y seguramente tienen responsabilidad, pero no puedo aventurarme a hacer señalamientos de testaferrato. Eso les toca a la Fiscalía y a la Procuraduría.
El problema de la apropiación ilegal de tierras siempre estaba relacionado con la violencia, pero ustedes han hecho evidentes otros fenómenos...
Sí, por ejemplo, hay una empresa agrícola que tiene sembrado y resulta que al lado hay un baldío. Con un topógrafo hacen unos planos con nuevos lineamientos de sus lotes y lo hacen crecer 60, 100 y 200 hectáreas. Entre particulares, corruptos y bandidos se han venido apropiando de la tierra. Al notario simplemente le dicen que van a hacer una aclaración de linderos y llegan con un mapa firmado por un topógrafo. Pero esas tierras son las que le pertenecen al Estado.
¿A qué se refería el ministro Vargas Lleras cuando habló de intervenir la Superintendencia?
Es reestructurarla con el amparo de las facultades extraordinarias. El 72% de los funcionarios no son profesionales y necesitamos gente que sepa de derecho, de ingeniería, de contabilidad. La planta funciona como hace 60 años, cuando los funcionarios eran escribientes y las escrituras se hacían a mano. Además, hay un tema en el que el ministro Vargas ha sido reiterativo: el éxito del concurso de notarios lo tenemos que elevar a registro. Los funcionarios deben llegar todos por méritos.
¿Cómo frenará las actuaciones irregulares?
En la reestructuración le vamos a entregar al registrador la responsabilidad de la oficina y de todos sus funcionarios en materia administrativa y jurídica.
En muchas irregularidades está relacionado el Incoder, ¿no deberían intervenirlo?
Creemos que el registro en Colombia lo debe manejar una sola institución. Hay que saber lo que tenemos, por eso nos hemos metido con los baldíos, que son tierras que se las robaron al Incoder o al Incora, seguramente con complicidad de funcionarios. El que tiene la información tiene el poder, y nosotros estamos buscándola. El Estado debe tener claro su inventario de tierras.
La responsabilidad frente a la ley de víctimas es grande...
Así lo han entendido los ponentes y el ministro. Se determinó que vamos a crear una superintendencia delegada para la responsabilización, restitución y legalización. La idea es sacar a los registradores de este problema para protegerlos.
Algunos de los registradores actuales se han visto vinculados a robos de tierras y titulación ilegal, ¿qué hacer?
A esos registradores no hay forma de sacarlos, habría que hacerles un proceso disciplinario, el cual tiene que ser serio. ¿Qué me ha tocado hacer? Mandar a un grupo especial que trabaje con ellos revisando escritura por escritura, porque hay registradores que no tienen la voluntad de revisarlas.
Alejandro Reyes manifestó que el tema de los registradores pasa por el “p o p: plata o plomo”.
La situacion de esos registradores es o plata o plomo, y estamos hablando de hace más de 20 años. La guerra en Colombia es una historia de tierras.
¿Habrá principio de oportunidad para los funcionarios que fueron presionados, so pena de muerte?
Antes, nadie se atrevía a decir que tal o cual se robó un baldío, lo habrían matado con toda su familia. ¿Qué les estamos diciendo? Vamos a ayudarles y a acompañarlos. La fiscal dijo que el principio de oportunidad está establecido por ley y para cualquier persona.
Antes hubo ocupación y robo de tierras, luego se habló de apropiación y titulación fraudulenta...
Hemos visto que la titulación ilegal viene hace más de 20 años. Es más, creo que en los últimos años ha sido más difícil porque sistematizaron las oficinas. Por eso hemos agilizado el trabajo. Hoy tenemos un cerebro, un sistema central que tiene toda la información de las oficinas de registro y simplemente yo busco.
Usted dice que la titulación fraudulenta viene desde hace más de 20 años y la ley de tierras sólo incluye desde el 91 para acá. ¿Está de acuerdo?
Sí, estoy de acuerdo. No quiero pelear con nadie.