Desde hoy empieza a regir la Ley de Garantías Electorales, así como el período de inscripción de candidatos a alcaldías, gobernaciones, concejos y asambleas. Y aunque el debate político está prendido desde hace varios meses, se puede decir que este es el “banderazo” inicial de las campañas. Precisamente, para evitar que los recursos y las inversiones públicas se usen para favorecer aspiraciones personales, la Ley de Garantías plantea sanciones y prohibiciones para que funcionarios no inclinen la balanza en favor de sus candidatos.
La norma prohíbe explícitamente el uso de los recursos públicos en favor de alguna campaña, la inauguración de obras con presencia de candidatos, modificar las plantas de personal, presionar a los funcionarios para que voten en favor de alguno de los aspirantes y emplear la infraestructura o los vehículos de los gobiernos locales y regionales para ayudar a alguna campaña proselitista, entre otros puntos.
Al respecto, el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, manifestó que “el Gobierno exige el cumplimiento estricto de la Ley de Garantías por parte de los funcionarios públicos. Viene una tarea importante por parte de la Procuraduría General para vigilar la conducta de los funcionarios” y agregó que la idea es “prevenir posibles irregularidades que afecten el adecuado desarrollo del proceso electoral”.
Esta iniciativa nació cuando el entonces presidente Álvaro Uribe buscaba su reelección en 2006, y para evitar desequilibrios en la contienda electoral se impusieron estas medidas que se extendieron a todo tipo de elecciones, pese a que los mismos alcaldes y gobernadores han manifestado que congela sus gestiones. Incluso, este reclamo se lo han hecho al presidente Juan Manuel Santos, quien prometió una modificación en la norma que finalmente nunca se tramitó.