Justicia para militares será especial, equilibrada y equitativa: Santos

El pasado martes 15 de diciembre, durante el acto de presentación del acuerdo sobre las víctimas del conflicto, suscrito entre el Gobierno y las Farc en los diálogos de La Habana, el Ejecutivo anunció que para los agentes del Estado habría “un régimen especial diferenciado, simultáneo, equilibrado y equitativo, basado en el Derecho Internacional Humanitario”. Ayer, el Gobierno formalizó este compromiso y dio a conocer los principios generales que regirán la aplicación de la Jurisdicción Especial para la Paz para los agentes del Estado.

El instrumento jurídico, dado a conocer por el presidente Juan Manuel Santos, con el respaldo de los ministros de Defensa y Justicia, Luis Carlos Villegas y Yesid Reyes, parte de asumir que su finalidad es proteger y garantizar los derechos de todos los ciudadanos, al tiempo de contribuir con el fortalecimiento de las instituciones y su legitimidad. Es decir, que el trato diferencial para los agentes del Estado se basa en que los miembros de la Fuerza Pública ostentan el ejercicio legítimo de la fuerza y sus acciones se presumen legales.

Lo anterior indica que si bien para evaluar la responsabilidad del mando y otros superiores debe tenerse en cuenta el Derecho Internacional Humanitario, la determinación de dicha responsabilidad no podrá fundarse exclusivamente en el rango, la jerarquía o el ámbito de jurisdicción. En otras palabras, que la responsabilidad de los miembros de la Fuerza Pública por los actos de sus subordinados deberá fundarse en el control efectivo de la respectiva conducta, en el conocimiento basado en la información y en los medios que existían para prevenirla.

El Gobierno dejó en claro que la Jurisdicción Especial para la Paz respecto a agentes del Estado no fue objeto de negociación en los diálogos de La Habana, sino que se decidió de una manera autónoma e integral por parte del Ejecutivo. Eso sí, se resaltó que esta jurisdicción prevalecerá sobre las actuaciones penales, disciplinarias o administrativas por conductas cometidas por miembros de la Fuerza Pública, por causa, con ocasión o en relación directa con el conflicto.

Por supuesto, esta particularidad fortalece el principio de seguridad jurídica que ya fue anunciado para el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, columna vertebral del acuerdo sobre las víctimas firmado en Cuba. Esto se traduce en que todas las decisiones de la Jurisdicción Especial para la Paz harán tránsito a cosa juzgada y se garantizará su inmutabilidad. Es decir, dichas decisiones, como se anunció el martes, sólo podrán ser invalidadas o dejadas sin efecto por el mismo tribunal.

“La configuración definitiva de las sanciones del Sistema Integral para los Agentes del Estado será propuesta por el Gobierno antes de la firma del Acuerdo Final”, recalcó el Gobierno ayer, dejando en claro que las sanciones que se apliquen tendrán como finalidad esencial satisfacer los derechos de las víctimas y consolidar la paz. El tiempo de duración de tales sanciones tendrá que ser definido para todos los responsables en la propia Jurisdicción Especial para la Paz.

Un aspecto relevante que seguramente tendrá la misma polémica que se ha generado frente a los términos generales del acuerdo sobre las víctimas del conflicto es que las sanciones que se impongan a miembros de la Fuerza Pública que impliquen privación de la libertad, se cumplirán en los establecimientos previstos en el régimen carcelario establecido para ellos. Sin embargo, el Gobierno advirtió que también podrá reglamentar las modalidades de ejecución garantizando mecanismos idóneos de monitoreo, vigilancia y control.

En términos generales, la Jurisdicción Especial para la Paz está abierta a los agentes del Estado que tengan claro que para acceder a ella deben contribuir con el esclarecimiento de la verdad, reparación a las víctimas y garantías de no repetición. Por eso, aquellos que aporten información falsa, por tratarse de una conducta dolosa, perderán el tratamiento especial que prevé la justicia. Para garantizar la preservación de los otros factores, el Gobierno se comprometió a impulsar leyes para definir la naturaleza y alcance de la reparación de víctimas por agentes del Estado.

En algunas especificidades técnicas, el Gobierno manifestó que la Jurisdicción Especial para la Paz permite que, a petición de los condenados, la Sección de Revisión del Tribunal podrá revisar sentencias proferidas por la justicia por inexistencia de los hechos, errores manifiestos en la calificación jurídica o conductas cometidas por causa, con ocasión o en relación directa o indirecta con el conflicto armado. Lo primordial es que se cumplan estrictamente las condiciones del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición.

Finalmente, el anuncio del Gobierno precisó que la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas podrá resolver la situación penal de agentes del Estado cuando no hayan tenido la mayor responsabilidad de los delitos graves y representativos. En otras palabras, para aquellos que hayan cumplido con las condiciones generales del acuerdo sobre las víctimas del conflicto, según los niveles de responsabilidad, se podrán aplicar medidas tales como la suspensión de la ejecución de la pena o la renuncia a la persecución penal, entre otras.