Desde el pasado 23 de septiembre, cuando Gobierno y guerrilla anunciaron en La Habana (Cuba) el acuerdo sobre uno de los puntos más complejos de las negociaciones -el relacionado con la justicia-, en el aire quedaron varias dudas respecto a cómo se aplicaría la denominada Jurisdicción Especial para la Paz a los agentes del Estado y a civiles involucrados en el conflicto armado, de quienes se dijo tendrán un trato diferencial, pero equitativo.
Sobre los más de 2.400 uniformados que la Fiscalía investiga por graves violaciones, las claridades fueron hechas el pasado sábado por el presidente Juan Manuel Santos. Lo propio hizo el mandatario ayer sobre los llamados terceros civiles que participaron de manera directa en las más graves violaciones ocurridas en estos 50 años de guerra.
La premisa general, según explicó el mandatario, es que los civiles han sido ante todo víctimas de la guerra y que el Gobierno no los revictimizará. El mandatario fue enfático en que quienes actuaron bajo amenaza no serán investigados ni enjuiciados por el Tribunal Especial para la Paz. “Esta es una justicia para culpables, no para inocentes. Mucha atención -y que esto quede muy claro-: quienes colaboraron o pagaron extorsiones bajo amenazas son víctimas y sus comportamientos no serán objeto de conocimiento por parte de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP)”, insistió Santos.
Hecha la salvedad, el presidente advirtió que dicha jurisdicción concentrará sus esfuerzos en los casos en los que haya existido una participación determinante del “tercero” en la comisión de delitos graves y representativos como los crímenes de guerra, delitos de lesa humanidad, genocidio o desplazamiento forzado.
“Las sanciones para quienes sean hallados culpables no podrán superar la duración de las establecidas para los demás responsables”, refirió el mandatario. El acuerdo de justicia establece penas de entre cinco y ocho años para quienes acepten responsabilidades, contribuyan con la verdad, la reparación y la no repetición. Para esto se ha diseñado un sistema de justicia restaurativa que busca alcanzar la mayor satisfacción de los derechos de las víctimas.
Esta nueva ruta diferencial para civiles pretende esclarecer uno de los más oscuros capítulos de la guerra: el de los financiadores y determinadores de grandes crímenes. De alguna manera, lo que se busca es desentrañar la manera en que empresarios, ganaderos, terratentientes y comerciantes participaron del apoyo a grupos armados para beneficiarse e hicieron parte determinante en la comisión de graves crímenes. El mandatario aseguró en la Fiscalía hay cerca de 13 mil expedientes en los que se menciona a muchísimas personas, y “si no les damos la oportunidad de que cierren sus casos y se beneficien de esta justicia transicional, en 10, 15 o 20 años podrán ser llamados a juicio por la justicia ordinaria”.
Ahora bien, la hoja de ruta para terceros civiles sólo se develará en detalle en los primeros días de enero y hasta ahora se conocen sus principios generales. Otro de los detalles tiene que ver con el trato equitativo y equilibrado que recibirán quienes se acojan a la JEP. Para este caso, aquellos que no tuvieron una participación determinante en estos delitos, pero participaron indirectamente, se les podrán aplicar medidas como la suspensión de la pena o la renuncia a la persecución penal.
Con esta tercera ruta, la que acogerá en la justicia para la paz a los civiles que participaron en los más graves y representativos crímenes cometidos, se cierra la órbita de alcance del Tribunal Especial para la Paz. Pero hay que advertir que lo anunciado es sólo la estructura del diseño y sólo hasta el próximo año conoceremos los engranajes de ese complejo sistema llamado Jurisdicción Especial para la Paz.