Queda apenas un debate en el Congreso para que la Jurisdicción Especial de Paz (JEP) se comience a implementar y, sin embargo, aún existen serias diferencias no resueltas que impedirán, indudablemente, la puesta en marcha de la columna vertebral del Acuerdo de Paz con las Farc a la velocidad que se requiere. Ayer, la Comisión Primera del Senado avanzó en el tercer debate sobre la justicia transicional que juzgará a guerrilleros, miembros de la Fuerza Pública y a terceros que hayan cometido delitos en el marco y con ocasión del conflicto armado. La discusión giró en torno a un mismo asunto: la forma en la que deberán responder militares y policías por sus delitos.
El Espectador reveló ayer apartes de los peros que, sorpresivamente, surgieron en la Asociación Colombiana de Oficiales en Retiro de las Fuerzas Militares (Acore), que en principio había anunciado públicamente su apoyo a la propuesta de un tratamiento especial para integrantes de la Fuerza Pública. Y, básicamente, esas preocupaciones tienen que ver con la responsabilidad de mando. Es decir, con la obligación que tendría un superior de la Fuerza Pública de acudir a la justicia para responder por las actuaciones de sus subalternos, eso sí, cumpliendo con una serie de requisitos que, de hecho, están incluidos en las normas internacionales.
Pero las alertas sobre absoluta impunidad no son pocas. A la postura de Acore, de Amnistía Internacional (ver página 25) y la predecible del Centro Democrático de solicitar el archivo del proyecto de la JEP, se sumó la del Polo Democrático. El senador Alexánder López señaló que el Gobierno quiere contradecir normas del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional y, en ese sentido, debe ser eliminado el capítulo que otorga beneficios a los uniformados. Según los argumentos del senador, las condiciones que se les exigiría para encontrarlos responsables son imposibles de cumplir, dado que todas esas exigencias tendrían que concurrir o cumplirse al mismo tiempo. “Eso es imposible que pase y, entonces, casos relacionados con paramilitarismo, violaciones a mujeres, masacres a sindicalistas y casos emblemáticos, por ejemplo, como el asesinato de Luis Carlos Galán, siempre quedarán impunes”, advirtió el congresista.
No obstante, la posibilidad de que se aplique el Estatuto de Roma fue la que, justamente, hizo que organizaciones como Acore decidieran retirarle su aval al proyecto de la JEP. Para su propio presidente, el general (r) Jaime Ruiz Barrera, la legislación penal interna debe tener prevalencia frente a cualquier otra alternativa de mecanismos existentes, como el Derecho Penal Internacional o el Estatuto de Roma. De ahí que hayan surgido protestas ayer en el Legislativo como la de la senadora Claudia López, quien culpó al ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, de querer engañar a los miembros de la Fuerza Pública al decirles, según ella, que si la normatividad del Estatuto de Roma es excluida de la JEP, no les aplicará. “El Tratado de Roma es vinculante, se nombre o no en el Acuerdo de Paz o en esta ley, pero alguien en el Gobierno ha convencido a los militares de que si no se nombra, no se va a aplicar. Tamaño problema en el que los está metiendo”, dijo la congresista de la Alianza Verde.
Y es que el temor de aplicar ese famoso artículo 28 del Estatuto de Roma, en palabras concretas, es que se ponga en riesgo la presunción de inocencia de los altos mandos militares y de Policía, porque tendrían que responder, ineludiblemente, tanto por acción como por omisión, y no estarían exentos los casos de los llamados falsos positivos. Ante el debate suscitado ayer, salió a mediar el propio expresidente Álvaro Uribe: “Hemos repetido que la responsabilidad de los comandantes militares y de Policía no se puede igualar a la de los cabecillas del terrorismo; en las Fuerzas Armadas debe partirse del principio de que su misión es el cumplimiento de la ley; lo contrario del terrorismo, cuya tarea es el delito”.
Pero el debate va más allá. La congresista Claudia López comentó que las alertas también se deben encender por lo que consideró una decisión absurda defendida por el Gobierno. Se trata de no incluir, de manera explícita, la responsabilidad de mando del Secretariado de las Farc. “Eso es un tratamiento inequitativo para con los miembros de la Fuerza Pública. Las Farc y comandantes de frentes deben tener unas reglas para responder en su calidad de mando de la tropa que dirigían, porque para recibir beneficios ahí sí, pero para responder ante necesidades de la justicia, ahí sí no”, señaló López.
Lo cierto es que destrabar los puntos relacionados con la justicia para miembros de la Fuerza Pública sí que ha resultado ser mucho más complejo que el propio tránsito de las Farc hacia las zonas de ubicación y convencerlos de que dejen las armas. Resta un último debate en la plenaria del Senado de la República pero, de no incluirse cambios en ese último debate, según advirtió una de los senadores ponentes de la JEP, Claudia López, ella misma le pedirá a la fiscal de la Corte Penal Internacional, Fatou Bensouda, que “active las facultades subsidiarias que tiene para que intervenga y decida hacer justicia”.