La Guajira: una metástasis previsible

Corrupción, abandono y una hambruna sin precedentes impulsaron al Gobierno a intervenir el departamento, pero la pregunta sigue siendo ¿cómo se solucionan los problemas estructurales de esta región?

Lorena Arboleda Zárate
23 de febrero de 2017 - 00:56 a. m.
La Guajira: una metástasis previsible
Foto: NELSON SIERRA G.

En los últimos dos años La Guajira ha recibido ocho veces más de lo que estaba acostumbrada a recibir. A pesar de ello, sus problemas no sólo no han tenido solución sino que se han agravado hasta un punto insostenible. La corrupción se encargó de carcomerse, en gran parte, a la comunidad guajira hasta el punto que, en sólo seis años, el departamento ha tenido cinco gobernadores. De ellos, cuatro están presos. En el caso del exgobernador Francisco ‘Kiko’ Gómez, los delitos no son menores. Fue condenado a 55 años de prisión por homicidio.

Con estos antecedentes, aún queda la duda sobre si las medidas adoptadas por el Gobierno son las más eficaces para responder a la crisis del departamento. Desde hace ya algún tiempo, se ha venido denunciado todo tipo de situaciones como la mortandad infantil por desnutrición y un importante número de menores que aún no tienen acceso a la educación. Por eso, ¿servirán las medidas anunciadas por el presidente Juan Manuel Santos para hacerle frente a esta situación?

El periodista Gonzalo Guillén, quien ha ejercido una de las vocerías más activas frente a la muerte de niños por física hambre, considera que, aunque no son medidas oportunas, sí van en la dirección correcta. “Si se va a disminuir la corrupción, es un importante paso para enfrentar el problema. La intervención es el primer desembarco para una guerra que es posible que el Estado pierda”, advierte, no obstante, Guillén.

Y es que ha sido tan alarmante la situación en La Guajira, que en el 2015 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorgó medidas cautelares a favor de los menores de las comunidades de Manaure, Uribia, Riohacha y Maicao, y en especial al pueblo wayuú. Las razones tuvieron que ver, básicamente, con la falta de agua potable, desnutrición infantil y falta de acceso a un buen servicio de salud. De hecho, desde el lunes de esta semana un grupo de magistrados de la Corte Constitucional ha estado visitando la zona para verificar si, en efecto, se están vulnerando derechos fundamentales y la conclusión deja entrever un panorama desalentador.

“Todos son culpables, incluidos los wayuú, porque tienen costumbres muy arraigadas como, por ejemplo, quién debe comer primero y son los niños los últimos en alimentarse. Además, hay complejidades relacionadas con la consulta previa, porque para ellos es importante llevarla a cabo antes de ejecutarse cualquier contratación. También, consideran que someter a sus hijos a procedimientos occidentales de salud vulnera su cultura”, dijo a El Espectador uno de los magistrados del alto tribunal, tras su visita al departamento.

El punto de fondo, señaló otro magistrado de la Corte, tiene que ver con la estructura de toma de decisiones, empezando por el Gobierno pues, según sus palabras, no está funcionando. “El Gobierno solo no puede arreglar el problema. En La Guajira tampoco hay institucionalidad y frente a la corrupción no se sabe, ni siquiera, en dónde queda el dinero de las regalías”, alertó. No en vano, la realidad política del departamento ha demostrado que los dirigentes que ha tenido La Guajira han incumplido con el plan de acción que adoptó el Ejecutivo para tratar de resolver importantes asuntos, como la escasez de agua potable.

Según el Ministerio de Vivienda, el servicio no se presta por más de 10 horas y eso que se ha invertido una cifra cercana a los $250 mil millones. Desde el 2014 se han repartido 561 millones de litros de agua en carrotanques y se han entregado 457 tanques con capacidad de almacenamiento de 3 millones de litros, como lo ratificó el propio Secretario General de la Presidencia de la República, Luis Guillermo Vélez.

En ese contexto, una de las personas más enteradas sobre la situación de La Guajira, y que pidió omitir su nombre por temas de seguridad, dijo a este diario que la intervención va a ser un proceso muy difícil, pero necesario. “Va a haber mucha resistencia en el mundo guajiro. Lo que tienen que hacer es nombrar a un gobernador bueno, ojalá guajiro, como Luis Gómez Pimienta. Es un hombre correcto. Amylkar Acosta también podría ser, o Wilmer Guerra, un antropólogo muy enterado de los temas guajiros, aunque tiene el problema de que estuvo relacionado con los Ballesteros. Incluso, César Arismendy podría ser una opción”, expresó. Arismendy, de hecho, fue aplaudido por su departamento tras haber interpuesto como director de Planeación de La Guajira, una tutela en contra del Estado por la muerte de, al menos, 3.000 niños de las comunidades indígenas wayuu, wiwa, kogui, arhuaco y kankuamo.

Y son varias las voces que esperan respuestas. Hace varios días fue noticia la decisión de la Sala Penal del Tribunal de Bogotá de ordenarle al presidente Santos responder un derecho de petición interpuesto por la abogada de la comunidad wayuú, Carolina Sáchica Moreno. Tras conocer las medidas adoptadas por el Gobierno a través de un documento Conpes, Sáchica expresó que “es un buen comienzo, aunque el Gobierno se quedó corto, y seguro, deberá seguir implementando medidas excepcionales, por ejemplo, en temas relacionados con la seguridad alimentaria y los recursos naturales de la región intervenidos en perjuicio de la comunidad”, relató.

La medida que pedía la abogada tenía que ver con declarar el estado de excepción en el departamento. De momento, esa solicitud fue descartada por el jefe de Estado tras considerar que no están dados los hechos sobrevinientes requeridos y que el Estado sólo pueda controlar con facultades extraordinarias. “No obstante, citó a un Conpes con el fin de tomar medidas excepcionales para la Guajira, lo que resulta ser un claro reconocimiento de la necesidad de contrarrestar el desastre humanitario de la región. La efectividad de estas medidas debe darse a corto plazo pues la crisis no da espera”, añadió Sáchica.

También hay voces que consideran que la capacidad del Gobierno para dar respuesta a la crisis institucional en La Guajira es muy limitada. Mauricio Albarracín, investigador de Dejusticia y quien acompañó a los magistrados de la Corte Constitucional en su inspección por el departamento, considera que no ha sido suficiente, ni siquiera, el rechazo reiterado de la opinión pública para que pase algo. “No hay concertación entre el Gobierno, las autoridades locales y los indígenas. Aquí se viven situaciones muy precarias. No hay infraestructura educativa, ni transporte, tampoco salud, agua o comida, y los niños tienen que caminar dos horas para ir a una escuela o a un puesto de salud. Hay distintas capas del problema que, en materia de soluciones, no parecen estar a la vista”, explicó el jurista.

El asunto, en últimas, gira en torno a que ya es suficiente con que se siga manoseando a un departamento por simple coyuntura mediática. Las soluciones que requiere La Guajira deben ser de largo plazo y, sobre todo, deben quedar exentas de cualquier debate político por los cuestionamientos que lo mandatarios de turno han tenido y que han derivado, evidentemente, en destituciones y condenas. “Se necesita una intervención seria y estructural, porque lo que hay es un estado inconstitucional de cosas. Se cumplen todas las condiciones para que la Corte tome esa decisión”, puntualizó Albarracín.

Por Lorena Arboleda Zárate

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