La guerra por la justicia para la paz

Foto: CESARCARRION

El acto legislativo de Justicia Especial para la Paz, que deberá cursar su último debate esta semana en la plenaria del Senado, ha reactivado las tensiones que vivió por cuatro años la mesa de diálogos en La Habana. Y es que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) es el corazón del acuerdo entre el Gobierno y las Farc. De ella emergen las bases de la institucionalidad que le dará cierre jurídico a un conflicto armado de más de medio siglo. Por eso, todos los interesados en el tema de la justicia transicional presionan para sacar la mayor tajada. Militares, Farc, civiles que auparon la guerra, Gobierno, fiscal y hasta la comunidad internacional apuestan todo en el Congreso de la República en un prematuro ambiente preelectoral.

En términos generales, la reforma constitucional de la JEP es el verdadero punto de partida del posconflicto. Es el aterrizaje al ordenamiento jurídico de una institucionalidad especial y transitoria que pretende dar por cerrada la página del conflicto armado colombiano, el más antiguo del continente. Y por lo mismo hay muchas fuerzas que tienen distintos intereses en el documento de cinco artículos, y más de 60 páginas, que será puesto a consideración, por última vez, ante el Congreso de la República. De manera que la semana que pasó fue de alta tensión para el Gobierno del presidente Santos, que es el catalizador de todas las presiones y está viviendo la prueba de fuego a su principal obra: la justicia para la paz.

Durante los tres debates de la reforma han quedado claros los protagonistas de este pulso. En los argumentos de los unos y de los otros ha sobresalido una de las fuerzas principales del ajedrez: la comunidad internacional, en la cual también habitan diferentes intereses. Por ejemplo, la fiscal de la Corte Penal Internacional, Fatou Bensouda, quien ha dedicado su proyecto -o al menos los últimos cinco años- en “la fiscalía del mundo” a construir el expediente Colombia. En parte su apuesta es demostrar que la CPI no sólo tiene capacidad para intervenir en países africanos. Del otro lado está la ONU, que ha acompañado incondicionalmente el proceso de paz de La Habana, y lo siente como su logró más importante de los últimos tiempos en materia de resolución de conflictos.

Coincidencialmente, el “coco”, el argumento principal de todos los interesados, con interpretaciones contrarias, ha sido la Corte Penal Internacional. La invoca José Miguel Vivianco, de Human Rigth Watch; le temen los agremiados en la Asociación de Oficiales Retirados de las Fuerzas Militares (Acore); la citan los congresistas a favor y en contra del acuerdo. Es el caso del fiscal Néstor Humberto Martínez, quien se ha jugado a fondo en los debates del Congreso, para introducir un sinnúmero de modificaciones. Y es entendible porque con la creación de la JEP pierde muchas de sus competencias. Pierde, por ejemplo, el monopolio de la investigación y acusación en los crímenes más importantes de la historia reciente, ya que con la JEP nace una Unidad Especial para llevar los casos ante los magistrados del Tribunal Especial de Paz.

Incluso, El Espectador supo que al fiscal Martínez le llegó hace unos días una comunicación privada de Bensouda, en la que le habla de una serie de expedientes que incluyen investigaciones a una docena de altos mandos militares. Por eso no están tranquilos en los cuarteles y se han movido como fieras en el debate. Aquí también hay tendencias. De un lado militares y policías activos y en retiro que, con los generales Jorge Enrique Mora Rangel y Javier Flórez, le apostaron todo en la mesa de La Habana. Y otro sector que se siente traicionado y cuya vocería la ha tomado el general (r) Jaime Ruiz Barrera, de Acore. El pulso se han dado en torno a dos aspectos de la JEP: los nominadores de quienes serán los magistrados del Tribunal de Paz y el tema de la responsabilidad del mando.

Este último ha sido el punto gravitacional de la negociación entre el Gobierno, los militares y las Farc. Sobre la teoría penal de la responsabilidad de mando se tejen distintas versiones. La de los temerosos del proceso de paz, que aseguran que todos los altos mandos militares van a terminar ante el tribunal de paz por temas como los falsos positivos; y la que dice que, tal y como está consignado en el articulado, la CPI tendrá que intervenir por la ausencia de justicia. De alguna manera esto ha servido para que sectores políticos e interesados en el área de la justicia promuevan teorías apocalípticas e intrigantes sobre la Jurisdicción Especial de Paz. Y esto precisamente ha sido el factor de división en los cuarteles. Con el agravante de que hay más de 5.000 uniformados procesados por la justicia ordinaria en la actualidad.

Por el lado de las Farc, que gastaron su mayor fuerza en las negociaciones de La Habana, también tienen sus puntos de presión y sus propios fantasmas. En primera instancia sienten el riesgo de ser traicionados en el acto legislativo y que se le ofrezcan mayores beneficios a los agentes de Estado y los llamados terceros civiles. Lo que según ellos sería un atentado que enterraría la Jurisdicción de Paz y haría imposible la reconciliación. A su vez, argumentan, que como el Gobierno trazó como línea roja de la negociación, el que el tratamiento diferencial para agentes no era parte de la agenda de diálogos, entonces su tramitación en el Congreso no puede ser vía fast track y tendría que separarse de la reforma de la JEP.

Al final, todas estas fuerzas concurrirán al último debate de la reforma constitucional más importante en materia de justicia de los últimos tiempos que tendrá lugar esta semana. Incluso, los civiles que en las regiones promovieron o financiaron el desarrollo de la guerra le apuestan a hacer presión mediante sus congresistas amigos. Y, en medio de una disputa con tantos intereses, se pasea un ambiente preelectoral que pone en riesgo las mayorías del Gobierno, que necesita por lo menos 52 votos en la plenaria, y cuenta, en el mejor de los casos, con 70 senadores. Eso sí, tendría que dar su apoyo hasta el mismísimo Ñoño Elías.