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El próximo sábado 20 de julio se cerrará la convocatoria pública para aspirar al cargo de registrador nacional y, sin conocerse los nombres de los inscritos, el proceso ya está inmerso en la caldera política y judicial por la que atraviesa el país. Se dice que a pesar del significativo número de abogados que aspiran, la pelea se va a centrar entre dos o tres nombres; ya llegó al Consejo de Estado una demanda contra los acuerdos que modificaron las reglas de juego para la elección, y circulan versiones sobre invitaciones a magistrados de las altas cortes en busca de votos.
El mandato del actual registrador, Juan Carlos Galindo, vencerá el próximo 6 de diciembre, y quien lo suceda detentará el cargo durante cuatro años, con el reto de orientar todos los procesos electorales hasta 2024, incluidos los comicios presidenciales, parlamentarios y de mandatarios locales y regionales. Se trata de un organismo con alto poder nominador, influencia en el Consejo Nacional Electoral (CNE) y, sobre todo, el control de los escrutinios. En otras palabras, un funcionario determinante para las garantías democráticas de todos los actores del ajedrez político.
Por disposición constitucional, el registrador es elegido por los presidentes de la Corte Constitucional, la Corte Suprema y el Consejo de Estado, mediante concurso de méritos que en los últimos 12 años estuvo regulado por el Acuerdo 001 de 2007. Sin embargo, entre el 20 y 25 de junio, los actuales dignatarios de los altos tribunales mencionados expidieron tres acuerdos que modificaron esas bases. Los nuevos términos fueron avalados por Gloria Ortiz, de la Corte Constitucional; Lucy Jeannette Bermúdez, del Consejo de Estado, y Álvaro Fernando García, de la Corte Suprema.
Pero más se demoraron los magistrados en modificar el acuerdo que en ser demandado ante el Consejo de Estado, una de las corporaciones que tiene competencia en el proceso de elección del registrador. Los reparos apuntan a cuestionar que se haya elevado de 10 a 15 años la experiencia como abogado para el ejercicio del cargo y en restarle importancia a la calificación de los candidatos respecto a su trayectoria para otorgársela al conocimiento que puedan demostrar en exámenes y pruebas de competencia profesional.
La otra piedra de la discordia tiene que ver con la distribución de los puntajes para la designación final, pues los críticos de la modificación del acuerdo señalan que este procedimiento deja a discreción de los electores su voto, con prevalencia de los criterios personales. También se afirma que al elevar la experiencia profesional, el favoritismo quedó centrado en funcionarios que llevan mucho tiempo en la Rama Judicial o en la organización electoral, sin dejar de lado los rumores de que los directorios políticos y el propio Gobierno también se juegan sus cartas en esta elección.
Aunque se afirma que los más opcionados son los exmagistrados del CNE Alexánder Vega y Carlos Camargo, circula el nombre del alto consejero presidencial para la Política, Jaime Amín. Sin que se conozcan aún los nombres definitivos de los postulados, se habla del exsecretario de la Registraduría Miguel Arturo Linero; Juan Carlos Cortés, viceprocurador; Yolima Carrillo y Joaquín José Vives, exmagistrados del CNE; Guillermo Reyes, exviceministro; Orlando Beltrán, secretario de la Registraduría, y Carlos Coronel, delegado electoral en Bogotá.
Y como la pelea también se libra entre los generadores de opinión y los corrillos políticos, además de los rumores de apoyos parlamentarios o económicos, las críticas se han centrado en los dos más opcionados. De Carlos Camargo se afirma que desde su condición de director de la Federación Nacional de Departamentos ha venido ventilando su interés en el cargo, con el respaldo de varios frentes regionales de poder; mientras que a Alexánder Vega le cuestionan mover sus fichas a través de la organización Transparencia Electoral, donde ejerce como director ejecutivo para Colombia.
En este último caso, sus detractores han puesto a circular una resolución expedida por la Corte Constitucional el 29 de octubre de 2018, a través de la cual esa corporación autorizó a su actual presidenta, Gloria Ortiz, a participar en el evento “Misión electoral Estados Unidos 2018” y en el seminario “Elecciones legislativas en Estados Unidos: ¿fin o consolidación del paradigma Trump?”, realizados del 5 al 9 de noviembre del mismo año en Washington, en virtud de una invitación a la Sala Plena, extendida por la citada organización Transparencia Electoral.
El documento suscrito por el entonces presidente de la Corte Constitucional, magistrado Alejandro Linares, detalla que para intervenir en los dos eventos académicos y de observación electoral, le fue concedida una comisión de servicios a la magistrada Gloria Ortiz y a su colega Antonio José Lizarazo, que recientemente fue miembro del CNE. En la resolución quedó claro que esa comisión de servicios no dio lugar a tiquetes, ni viáticos ni gastos de viaje, por cuanto la organización Transparencia Electoral asumió estos costos y los de alojamiento y traslado de los magistrados.
Aunque se dice que en ese viaje también participaron magistrados del Consejo de Estado, por lo pronto las suspicacias están centradas en Gloria Ortiz, por cuanto hoy ella preside la Corte Constitucional, fue una de las firmantes de los acuerdos que modificaron las reglas de juego para la elección del registrador y es una de las dignatarias de las altas cortes que tendrá que definir quién va a ser el reemplazo de Juan Carlos Galindo. No falta quién ya hable de su impedimento en el caso de que el exmagistrado del CNE Alexánder Vega sea uno de los aspirantes.
Sin intervenir mucho en el debate, los dignatarios de las altas cortes han insistido en que su propósito no es otro que escoger al mejor profesional para la Registraduría y que si bien en la previa etapa de selección lo que se busca es examinar la idoneidad de los candidatos y el cumplimiento de los requisitos exigidos, la segunda fase está centrada en la evaluación de los conocimientos, y que para garantizar total transparencia, tendrán el apoyo de la escuela judicial Rodrigo Lara Bonilla y de la Función Pública. Antes de terminar noviembre será asunto resuelto.