La reforma político-electoral del posconflicto

Hace 26 años que fue promulgada la nueva Constitución Política de Colombia. Fue en 1991, en momentos en que el país enfrentaba una gran zozobra política y la violencia narcotraficante, guerrillera y paramilitar no daba tregua. Por ese entonces, los intentos de paz con las guerrillas ya eran una realidad. Pero también lo era la negativa de la clase dirigente tradicional a aceptar la inclusión de movimientos políticos de izquierda en el escenario electoral. Y es que más de dos décadas después se sigue hablando del exterminio de la Unión Patriótica que, en su momento, el partido que surgió de los intentos de paz del gobierno de Belisario Betancur, a mediados de los años 80.

En este contexto, surgió el artículo 112 de la Carta Magna: “Los partidos y movimientos políticos con personería jurídica que se declaren en oposición al Gobierno, podrán ejercer libremente la función crítica frente a este, y plantear y desarrollar alternativas políticas”. Lo increíble de toda esta historia es que, casi tres décadas después, todavía se habla de la necesidad de sacar adelante un estatuto de la oposición que se suponía debía ser reglamentado en ese momento y no ahora, cuando el país alerta sobre un nuevo genocidio. Según Indepaz, entre el año pasado y principios de este van cerca de 130 líderes sociales asesinados.

Por eso, la promesa del Acuerdo de Paz de La Habana que pactaron Gobierno y Farc no debe quedar en el papel. Todo proceso de paz debe terminar, sí o sí, en abrirles un escenario político a quienes estuvieron alzados en armas. Y en el Congreso ya avanza esa posibilidad. Ayer, justamente, fue aprobado en primer debate en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes el acto legislativo que le abrirá las puertas a la participación política de la guerrilla. Paralelamente, en la Comisión Primera de Senado tuvo lugar una audiencia pública sobre el estatuto de la oposición. Eso, sumado a la avalancha de reformas políticas que anunció el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, permite concluir que el país está ante el inicio de una gran reforma político-electoral de cara al posconflicto.

“Ha llegado el momento de hacer la revolución pacífica en la política colombiana. No es suficiente desarmar a las Farc con un acuerdo de paz. Hay que aprovechar este momento histórico para hacer las reformas que no hemos hecho en los últimos 26 años”, explicó  Cristo. Y empezó por hablar de dos asuntos que, desde ya, prometen levantar callos. El primero tiene que ver con extender por un año el período presidencial y, en general, de mandatarios locales y regionales, a partir de las elecciones de 2018. Es decir, ya no serían cuatro sino cinco años de permanencia en el poder y se buscaría, además, unificar los períodos con alcaldes y gobernadores. Esta idea ya había sido planteada en la reforma de equilibrio de poderes de 2015, pero finalmente, por falta de consenso, se decidió únicamente acabar con la reelección presidencial.

Otro punto clave tiene que ver con la figura de la Vicepresidencia. La propuesta es clara: acabar con ese cargo. Y es que para nadie es un secreto el sinnúmero de debates que ha suscitado el rol del vicepresidente que, en particular, ha quedado a cargo de tareas que normalmente corresponderían a los ministerios. Por ejemplo, hoy Germán Vargas Lleras es quien lidera asuntos relacionados con los ministerios de Vivienda y Transporte, en aspectos ligados con infraestructura. Tareas que, sin embargo, no tuvo el exvicepresidente Angelino Garzón, también del gobierno Santos, quien recientemente dijo que lleva consigo una herida en el alma cuando el primer mandatario, al presentar a Vargas Lleras como su fórmula en 2014, dijo: “Ahora sí vamos a tener vicepresidente”. En todo caso, manifestó Cristo, “es el momento de evaluar la conveniencia de volver a una figura impecable que nunca generó ninguna controversia: la del designado, que es la que da mayor tranquilidad democrática”.

Eso sí, ninguna de las dos reformas podría ser tramitada por el procedimiento especial legislativo o fast track, dado que no están ligadas con la implementación del Acuerdo de Paz. El resto de propuestas sí, como por ejemplo, establecer el voto obligatorio por dos períodos consecutivos y reducir la edad requerida para promover el voto de los jóvenes (16 años). Para rematar, y a propósito del escándalo en torno a la multinacional brasileña Odebrecht, se plantea la financiación estatal de las campañas políticas. Esto se daría a través de una gran reforma electoral que crearía una corte electoral con capacidad de juzgamiento y control sobre el ingreso de recursos privados, legales o ilegales, a las campañas.

Y es aquí donde le nace la quinta pata al gato. El país duda de sus instituciones y no se salva ninguna de las tres ramas del poder público. Adicionalmente, el Consejo Nacional Electoral, en boga por estos días, ha sido una de las entidades más cuestionadas, por lo que algunas voces piden que se convierta en una cuarta rama con poderes, incluso, judiciales. Esa postura fue promovida ayer en el Congreso, durante el debate del estatuto de la oposición.

Sobre este hubo variadas opiniones. La Misión de Observación Electoral, por ejemplo, advirtió que es importante solucionar la ambigüedad entre los derechos de las minorías políticas y los derechos que adquieren las organizaciones políticas que se declaran en oposición. “Es importante que el Congreso tenga en cuenta criterios como que la oposición es un derecho político fundamental y, por consiguiente, tutelable; y que se entienda el ejercicio de la oposición como mecanismo de control político y fiscalización más allá de lo electoral”.

Así, pues, las cartas en materia de reforma política están echadas. La apertura democrática con la que se comprometió el Gobierno apenas está empezando a ser el centro del debate. Como dice el Acuerdo de La Habana, “la construcción y consolidación de la paz, en el marco del fin del conflicto, requiere de una ampliación democrática que permita que surjan nuevas fuerzas en el escenario político”. De otro modo, Colombia seguirá siendo la de hace medio siglo y las propuestas quedarán reducidas al debate electoral. El reto, a partir de ahora, es lograr que esas reformas trasciendan la contienda del año entrante.