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Este miércoles, la Sección Quinta del Consejo de Estado tomó una decisión determinante para la carrera política de Antanas Mockus, el segundo senador más votado del país: “Cancelar la credencial” que lo acredita como congresista. La elección de Mockus como senador quedó anulada porque, según el alto tribunal, estaba viciada de nulidad. Todo a raíz de los contratos que Corpovisionarios, una entidad sin ánimo de lucro que fundó el exalcalde de Bogotá, celebró con el Estado en 2017, lo cual inhabilitaba a Mockus para ser elegido en cargos populares, porque era él quien figuraba oficialmente como representante legal de la organización.
Mockus ya había explicado ante las autoridades que, desde 2006, quien firmaba todos los contratos de Corpovisionarios era Henry Murraín, director ejecutivo de la fundación. Y el Consejo de Estado encontró que, efectivamente, Murraín había sido delegado para ejercer esa función. El alto tribunal, sin embargo, concluyó que ello no significaba que este fuera el representante legal de Corpovisionarios. Según los documentos de Cámara de Comercio revisados por el Consejo de Estado, Murraín nunca figuró como representante de Corpovisionarios, por ende, Mockus fue siempre el responsable a los ojos de la ley de lo que ocurriera con los contratos.
“Según consta en las pruebas antes enlistadas, los convenios y sus distintas prórrogas se celebraron dentro del período inhabilitante. En efecto, está demostrado que: i) El convenio con la Agencia para la Paz y el Posconflicto se celebró el 9 de noviembre de 2017, y ii) El convenio con la Uaesp (Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos) se suscribió el 10 de ese mismo mes y año, es decir, ambos negocios jurídicos se celebraron dentro de los seis meses anteriores a la elección”, se lee en el fallo, lo cual prohíbe la Constitución. Fue por esos contratos que Antanas Mockus, de la Alianza Verde, se quedó sin su curul en el Congreso.
Mockus, en respuesta a la determinación del Consejo de Estado, afirmó que, aunque acoge y respeta plenamente los fallos judiciales, apelará a la confianza de la ciudadanía que lo eligió senador de la República: “Agotaré todas las instancias jurídicas del caso para defender el derecho a elegir de cientos de miles de ciudadanos. No siento culpa, porque obré sin mala fe (...) Esta es una oportunidad pedagógica y debe fortalecer el reto de mi vida: no alimentar rabias y formar ciudadanía”, señaló el integrante de los verdes, cuyo partido afirmó recibir un duro golpe tras la noticia.
Pero más allá de las argumentaciones jurídicas que despojaron a Mockus de su curul, son las pretensiones de los demandantes las que, realmente, podrían tener repercusiones sobre el Partido Alianza Verde. El abogado José Manuel Abuchaibe Escolar, apoderado del Partido Opción Ciudadana y de un candidato del Centro Democrático, dijo que aún espera, en un fallo posterior, que el tribunal anule los votos de Mockus “por creer que hay un fraude electoral, que hay corrupción electoral, porque, a sabiendas de que estaba inhabilitado, logró una votación altísima, que impulsó al Partido Verde de cinco senadores que tenía a diez”.
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En la práctica, si sus pretensiones llegaran a prosperar, significaría, ni más ni menos, que se tendrían que descontar de los más de 1’300.000 votos que obtuvo la Alianza Verde en las elecciones legislativas del año pasado los 540.000 que sacó Mockus; habría que hacer un nuevo proceso de escrutinio, se modificaría el umbral de participación —que es el 3 % de la votación válida— y la cifra repartidora cambiaría, así como la asignación de curules. El resultado: habría chance para que los candidatos de Opción Ciudadana ganaran un espacio en el Capitolio Nacional. Una hipótesis que, para expertos en asuntos electorales, es absolutamente inviable.
“Constitucionalmente, los votos pertenecen a los partidos. Por eso es que cuando se van a asignar las curules, lo primero que se hace es tener en cuenta la votación total del partido. ¿O es que los ciudadanos que marcan su voto sobre el logo del partido no cuentan?”, argumentó una fuente cercana a la Registraduría Nacional, quien pidió reserva de su nombre. Efectivamente, el artículo 263 de la Constitución Política es explícito en señalar la forma en la que deben ser distribuidas las curules de las corporaciones públicas, mediante el sistema de cifra repartidora, con base en los votos que obtuvo la lista de candidatos por partido o movimiento político “para garantizar su equitativa representación”.
En voz baja, también hay sectores que consideran que detrás de la demanda contra Mockus existe una evidente persecución política. Víctor Velásquez Reyes es, justamente, otro de los demandantes, y su rechazo político hacia el exalcalde viene de antaño. En 2010, desde el Congreso —a donde llegó en reemplazo de su mentor político, Habib Merheg, a quien la Corte Suprema de Justicia le acababa de abrir investigación por parapolítica—, afirmó: “Una persona que se baje los pantalones en público, que confiese con toda tranquilidad haber consumido marihuana, que le lance agua en la cara a otra persona y que afirme no tener espacio para lo religioso no debe ser presidente de Colombia”. De Velásquez Reyes, además, se conocen sus fuertes vínculos con el extinto movimiento político Colombia Viva, surgido del Partido Liberal, y cuyo jefe era Merheg Marín, quien estuvo huyendo de la justicia colombiana, refugiado en Líbano, hasta octubre pasado.
En todo caso, la disputa jurídica para lograr salvar la curul de Mockus apenas comienza bajo la salvedad, eso sí, de que la decisión del Consejo de Estado es de única instancia y solo le cabe un recurso de aclaración. Así las cosas, de momento, se espera que sea el excongresista Jorge Eliécer Guevara, el siguiente en la lista de la Alianza Verde, el que tome posesión en reemplazo de Mockus. “Antanas era la representación ética y moral de nuestro partido, el ícono que dirigía ciertos debates sobre educación y paz en el Capitolio. Definitivamente, su salida será una gran baja no solo para el Congreso, sino para todo el país”, señaló Jorge Eduardo Londoño, senador de los verdes.
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