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El ministro de Justicia, Enrique Gil Botero, radicó este martes en el Congreso el proyecto de ley para reformar la política criminal y carcelaria del país. Así, la propuesta de esta cartera espera, entre otras cosas, “mejorar las condiciones del sistema penitenciario, hacer un uso racional de la prisión y fortalecer las instituciones”.
Durante la radicación del proyecto, que en su formulación contó con el apoyo del Consejo Superior de Política Criminal (conformado por la Fiscalía, la Procuraduría y la Defensoría), Gil enfatizó en el hecho de que busca “construir una política criminal coherente, eficaz y eficiente”.
Sobre la propuesta de reforma, el ministro dijo en días pasados que “este proyecto es importante porque le da una coherencia y una sistematización a la fragmentación que existe en esas dos materias. Con ello buscamos recuperar la política criminal y la política carcelaria”.
Así, la reforma tendría como eje: una revisión del Código Penal para “tomar decisiones sobre descriminalización de algunas conductas”, alternativas a prisión para delitos menores, modificación del régimen de permisos penitenciarios, “el fortalecimiento de enfoques diferenciales y regímenes especiales de reclusión para mujeres” y la “territorialización de la política penitenciaria”, refiriéndose a la construcción de más cárceles para que “personas en condición de sindicadas no pierdan su arraigo territorial”.
En cuanto al sistema carcelario de Colombia, que desde hace tiempo ha generado críticas, este proyecto de ley buscará atender tres asuntos: la reinserción “paulatina de las personas privadas de la libertad a la sociedad”, la reducción del hacinamiento y la protección de los derechos a la salud y al trabajo de quienes se encuentran en las cárceles.
Los cambios que tendrá el Código Penal se refieren a dos cosas: la incorporación de algunos delitos y la despenalización y descriminalización de otros. Algunos de los delitos que se incorporaran son la incorporación de delitos son: el tráfico de órganos, fraude en el registro de tierras, fraude en el registro de víctimas, entre otros.
A la vez que despenaliza otros, como es el caso de violación a la libertad religiosa, disparo al aire, ejercicio arbitrario de la custodia de menores de edad y violación de habitación ajena y en lugar de trabajo. Las conductas que busca descriminalizar son: inducción a la prostitución en mayores de edad, violación en el lugar de trabajo hecha por particulares, enajenación ilegal de medicamentos e inasistencia alimentaria.