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Ayer, exactamente tres meses después de su instalación oficial en la Casa de Nariño, la Misión Electoral Especial le entregó al presidente Juan Manuel Santos las recomendaciones que le servirán de insumo al Gobierno para presentar una reforma política y electoral que tenga como objetivo garantizar una mayor autonomía de la organización electoral, dar más transparencia al sistema y fortalecer la democracia en el país.
De ahí que la propuesta gire alrededor de tres ejes claves en los que se han detectado problemas: el diseño de la arquitectura del sistema electoral, la ampliación de la democracia territorial e intrapartidaria, y los mecanismos de financiación y control de las organizaciones y campañas políticas.
Los planteamientos hechos por la Misión fueron construidos luego de realizar un diagnóstico del sistema electoral colombiano teniendo como base el diálogo con partidos políticos, asociaciones de la sociedad civil, el Consejo Nacional Electoral (CNE), la Registraduría Nacional del Estado Civil y el Consejo de Estado. Y aunque se trata sólo de recomendaciones que el Gobierno puede o no acoger del todo, varias de ellas prometen polémica.
Arquitectura institucional electoral
Como en este tema el objetivo es establecer un modelo que sea efectivo, rápido y transparente, la Misión plantea una estructura que funcione a partir de tres instituciones electorales: la Registraduría Nacional, el Consejo Electoral Colombiano (CEC) y la Corte Electoral (CE).
De aquí se desprenden varios puntos. En primer lugar, la misión establece la importancia de que la Registraduría siga ejerciendo sus principales tareas (registro civil, cedulación y padrón electoral, planificación, organización y ejecución de los procesos electorales, etc.), pero plantea la necesidad de crear una autoridad electoral independiente que no esté politizada.
Es ahí donde entraría a funcionar el Consejo Electoral Colombiano (CEC), con varios tipos de competencias: reglamentar el proceso electoral, tener una participación activa en la elección (convocar elecciones, inscribir candidatos, efectuar escrutinios, resolver reclamaciones, aprobar el censo electoral, delimitar circunscripciones uninominales), otorgar financiamiento público directo e indirecto a los partidos y promover la educación democrática y ciudadana.
Con un ingrediente adicional: tendría presencia en todos los departamentos del país y funciones de policía judicial para investigar y rastrear la financiación irregular de campañas políticas. Y para evitar su politización y mantener su autonomía, la Misión propone que sea presidido por un cuerpo colegiado de siete consejeros, con un mandato de ocho años, que serán elegidos a partir de ternas enviadas por el Consejo de Estado, la Corte Constitucional, la Corte Suprema y la Presidencia de la República. Además, los integrantes no pueden haber tenido funciones partidarias o de elección popular por lo menos diez años antes de la posesión.
“Es necesario que la conformación del Consejo Electoral Colombiano, que sería el órgano responsable de la vigilancia y el control de las organizaciones políticas y procesos electorales, sea el resultado de un proceso de elección independiente de los intereses partidistas”, explicó Alejandra Barrios, directora de la Misión de Observación Electoral e integrante de la Misión Electoral Especial.
El mismo proceso de escogencia y conformación se aplicaría a la Corte Electoral, compuesta por siete abogados y que sería la encargada de la resolución de demandas de nulidad de elecciones, la definición de pérdidas de investidura y la pérdida y suspensión de la personería jurídica de las organizaciones políticas.
Sistema electoral
En este punto, las recomendaciones están orientadas sobre todo a fortalecer los partidos, mejorar la representación política y abrir el espacio y ofrecer garantías a las nuevas organizaciones políticas. Así las cosas, la Misión Electoral Especial propone, para el Senado, pasar del voto preferente a la lista cerrada y bloqueada, con el fin de acabar con las “campañas de corte personalista” que han incentivado las prácticas clientelistas y facilitar la rendición de cuentas y el control de gastos por parte de la autoridad electoral.
Para la Cámara de Representantes el cambio es un poco más profundo. Se propone hacer uso de un sistema proporcional personalizado que consiste en dos votos, uno por la lista departamental del partido, cerrada y bloqueada, y otro por el candidato del partido en la circunscripción uninominal. En total se habla de 173 representantes, 104 por distritos uninominales y 69 por lista plurinominal.
Financiamiento de la política
Se trata uno de los temas más críticos en el país, pues ha sido motivo de fuertes escándalos de corrupción en los últimos meses, que han llamado la atención sobre la falta de controles. Por eso se propone, en primer lugar, la adopción de un sistema mixto que tenga un importante peso de aporte estatal para reducir la necesidad de acudir a fuentes privadas, sobre todo en época de campaña.
“El financiamiento directo de la campaña se distribuiría en dos etapas: el 50 % antes del proceso electoral como anticipo (40 % con base en resultados precedentes; 10 % de manera equitativa a todas las organizaciones que compiten, sin obligación de resultados electorales mínimos pero sí de rendición de cuentas). El otro 50 % se otorgaría a las organizaciones después de la elección, de manera proporcional a los resultados obtenidos por cada una”, reza la propuesta.
El control del dinero que ingrese a las campañas sería vigilado por el CEC, que no sólo tendría una unidad especializada, sino también la facultad de contratar auditorías externas y abrir procesos ante la Corte Electoral, en caso de que existan violaciones.
Con las propuestas de la Misión Electoral Especial en mano, el Gobierno se reunirá con sectores políticos para analizar las recomendaciones y construir los proyectos de acto legislativo y de ley para hacer la reforma política y electoral que, según los cálculos, serían presentados entre la primera y la segunda semana de mayo. Por su parte, la Misión sugirió que, ante la cercanía de las elecciones en 2018, las reformas se adopten en el transcurso de la legislatura de 2017 y las medidas se apliquen paulatinamente: unas en 2018 y otras en 2019.