Ley de no cobro por reconexión de servicios no está muerta: senador Lidio García

iStock

Además del incremento de varios de los impuestos, tras la aprobación en el Congreso de la reforma tributaria, gran cantidad de colombianos, sobre todo en los estratos más pobres, tendrá que seguir pagando el cobro por reconexión y reinstalación de servicios públicos luego de que el presidente Juan Manuel Santos objetara y devolviera al Congreso la ley que eliminaba recaudo. (Lea: Empresas ya no podrán cobrar por reconexión y reinstalación de servicios públicos)

El ejecutivo argumentó que la ley tenía vicios de conveniencia y de constitucionalidad y explicó, en una comunicación enviada a Mauricio Lizcano, presidente del Senado, y firmada por Santos y los ministros de Minas y Energía, Germán Arce, y de Vivienda, Elsa Noguera De la Espriella, que “la exoneración del pago por concepto de reconexión y de reinstalación vulnera el principio de solidaridad, pues, constituye un factor de inequidad en el reparto de las cargas públicas, en detrimento de las personas que asumen oportunamente sus obligaciones, incluidas las de menos ingresos”. (Lea también: Así operará el no pago por reconexión de servicios públicos)

Se señala también que la ley está en contra del artículo 367 de la Constitución política porque “excluye del régimen tarifario de los servicios públicos los costos reales en los que incurren las empresas por tales conceptos” y que, contrario a lo que se sostuvo en los debates, “las empresas de servicios públicos domiciliarios sí incurren en costos cuando, en razón de la mora en el pago de las facturas por parte del usuario o suscriptor, deben realizar la reconexión o reinstalación del servicio como consecuencia del corte o la suspensión de éste”.

El senador del partido Liberal Lidio García, uno de los autores del proyecto de ley, se mostró sorprendido por la decisión del presidente Santos, señalando que era una ley en la que el mandatario había mostrado interés siempre.

“Acabamos de votar una ley impopular como fue la reforma tributaria. La gente no tiene plata para comer, usa la plata de los recibos para comer y se mete en un lío más para pagar la reconexión que, incluso, termina siendo más cara que el mismo servicio”, señaló García.

Agrega que el cobro por reconexión se ha convertido en una “gran negocio” para las empresas de servicios públicos y que por este concepto se mueven más de $100 mil millones al año. “Ya no es solo pagar por el servicio sino cortar para que la gente pague la reconexión. Es una ley para los más pobres y es una mala jugada la que hace el presidente Santos”, dijo.

Por su parte el senador José David Name, el partido de la U, confirmó que ya hay una campaña para no votar las objeciones en el Congreso una vez lleguen el próximo 16 de marzo, y que será la Corte Constitucional la que tendrá la última palabra sobre la supuesta inconstitucionalidad que arguyó el gobierno para devolverla.

“Cada vez veo a este gobierno más alejado de los ciudadanos. Esta ley era importante porque no era para todos los estratos sino para los más bajos. El presidente está muy mal asesorado. No estoy de acuerdo con esa decisión. Muchas veces la reconexión es más cara que el recibo”, dijo Name.

El proyecto de ley, que pretendía modificar la la Ley 142 de 1994, especificaba que el cobro no se haría efectivo “cuando la causa de la suspensión o el corte del servicio en inmuebles residenciales de estratos 1, 2 y 3, haya sido exclusivamente la mora en el pago de las facturas y el usuario se ponga a paz y salvo o celebre un acuerdo de pago con la empresa por ese concepto”.