Aunque en parte el objetivo se ha cumplido, existen aún cuellos de botella que relentizan los trámites, como las reglas del proceso de selección autónoma que debe hacer la Corte Constitucional de cada caso.
Para la muestra un botón. Uno de los casos más sonados por una cuestionada selección de tutela fue el del magistrado Jorge Pretelt, quien actualmente se encuentra en juicio político ante la plenaria del Senado. El togado es acusado de haber pedido $500 millones para favorecer el trámite de una tutela de la compañía Fidupetrol en un caso que sigue en estudio en el Congreso.
Precisamente en la Comisión Primera del Senado está siendo tramitada -de manera sigilosa- en el tercero de cuatro debates, una reforma a la figura de la tutela encaminada a establecer medidas de transparencia y de control ciudadano durante el proceso de selección. La iniciativa, promovida a mediados de 2015 por el entonces defensor del Pueblo, Jorge Armando Otálora, contempla fijar criterios de selección ante la Corte para evitar episodios como el de Pretelt.
El objetivo, señala el texto, es que los magistrados sean más rigurosos para el trámite y se garantice que sólo se seleccionen aquellas tutelas que resultan relevantes para la unificación de la jurisprudencia constitucional en el país. De hecho, se propone que se aumente de dos a tres el número de magistrados que integran las salas de selección, con el propósito de fortalecer la discusión y el debate en el proceso de selección de los casos. Además, deberá ser clara la existencia de una evidente vulneración de un derecho fundamental y la existencia de una controversia que potencialmente implique una afectación al erario.
Tras los líos por el caso Fidupetrol, la Corte diseñó una reglamentación con criterios de selección de las tutelas para robustecer el trámite de los procesos. Sin embargo, ahora se pretende elevar a rango de Ley Estatutaria dichos criterios.
Sorpresivamente, el senador José Obdulio Gaviria, ponente de la reforma y a la vez instructor del proceso contra el magistrado Pretelt, pidió hundir la iniciativa argumentando que una norma que “ha recibido un vasto y difícil esfuerzo interpretativo durante los últimos cinco lustros” requiere mucho estudio para ser modificada.
“Con las reformas propuestas no mejorará la selección de acciones de tutela y el uso del mecanismo. No se entiende la oportunidad o conveniencia de modificar una de las normas más relevantes expedidas con posterioridad a 1991”, sostuvo. Sin embargo, ayer, en la Comisión Primera, la intención de Gaviria fue derrotada.
Aun así, los votos no fueron suficientes para aprobar el proyecto y se mantiene en vilo su trámite. Para que no se hunda –por ser una reglamentación de la Constitución– debe ser aprobado antes del 20 de junio, cuando se cierra el período legislativo.