Liberales y conservadores chocan por nuevo concepto sobre dosis mínima

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La decisión de la Corte Suprema de Justicia de no judicializar –si se es un adicto– a quien porte más de la dosis mínima, suscitó nuevas diferencias entre algunos de las líderes del Partido Liberal y el Partido Conservador.

Luego de sentar nueva jurisprudencia al absolver a un soldado que llevaba 50,2 gramos de marihuana al ser una “necesidad” por su adicción, el senador Juan Manuel Galán dijo que este es un avance muy significativo de la jurisprudencia porque “se apunta hacia la concepción de que la adicción a las drogas tiene que ser reconocida como un problema de salud pública”.

“La Fiscalía y la Policía deben concentrar todos sus esfuerzos no en perseguir y judicializar a los consumidores y adictos sino en atacar con vehemencia a las estructuras mafiosas y criminales pues es allí donde se debe atacar con toda la fuerza del Estado”, sostuvo.

Contrario a lo señalado por Galán, el representante David Barguil Assis rechazó la jurisprudencia sobre dosis mínima porque a su juicio aumentará el consumo de droga.

"Nos parece inadecuada la nueva jurisprudencia que deja en el limbo la manera como se va a judicializar de ahora en adelante a las personas que sean sorprendidas con una dosis mayor de la permitida hasta el momento. Esto no sólo genera una permisividad hacia el microtráfico sino que aumenta las probabilidades de que mayores jóvenes puedan portar estas sustancias para su consumo personal sin restricciones", indicó

Según él, se deben analizar muy bien los efectos de esta decisión porque podría crear un limbo jurídico para las autoridades.

"La solución no es aumentar la dosis mínima de droga ni incentivar el consumo entre los jóvenes colombianos, hay que combatir al microtráfico y narcotráfico desde todos los frentes", agregó.

Sobre el tema terció el representante de La U, Efraín Torres Monsalvo, quien dijo que le parece peligroso el fallo de la Corte porque puede ser la excusa perfecta para los jíbaros que venden droga en los colegios, ya que podrían legalizar su negocio”.

“No queremos que adictos y enfermos terminen en la cárcel pero hay que buscar un mecanismo expedito para diferenciar a los comerciantes de droga y a los enfermos”, indicó.

Este choque conceptual se suma a las diferencias entre la Fiscalía y la Procuraduría ante esta decisión de la Corte.