Ayer fueron los representantes a la Cámara Wilson Arias, Iván Cepeda y Hernando Hernández —del Polo Democrático— quienes cuestionaron otra vez al Gobierno por haber sido complaciente con las supuestas irregularidades.
Al cierre de esta edición, el debate apenas empezaba. Sin embargo, El Espectador conoció algunas de las denuncias incluidas durante la sesión. La más relevante tiene que ver con una información suministrada por Cepeda, en la que se dice que la empresa Indupalma habría comprado y acumulado tierras baldías para echar a andar un proyecto de explotación de caucho en la Orinoquia. En dicho proyecto tendrían participación accionaria familiares de la ministra de Educación, María Fernanda Campo.
Según el congresista, la funcionaria pública y sus familiares constituyeron un grupo de sociedades anónimas simplificadas (SAS) para adquirir predios de origen baldío. La operación se habría realizado en momentos en que Campo era presidenta de la Cámara de Comercio de Bogotá. “El Estado colombiano ha ejercido una política dual frente a los habitantes rurales. Por un lado está la mezquindad y la exclusión hacia el campesinado, que se refleja especialmente en las políticas de acceso a la tierra y en los mecanismos utilizados para alcanzar el desarrollo rural, y por el otro, el favorecimiento desmedido, en algunos casos ilegal, a latifundistas y empresarios”, afirmó Cepeda.
Los documentos aportados por el representante del Polo dejan ver que la operación de adquisición de tierras se dio de la siguiente manera: en 1990, el Incora adjudicó 21 predios en diversas veredas del municipio de Puerto Carreño. Veinte años después, en 2010, una docena de esos predios fueron adquiridos por un grupo de SAS, personas naturales y la empresa Indupalma, que acumuló los terrenos para adelantar un proyecto cauchero. Las SAS fueron constituidas en 2010 y poco tiempo después compraron las tierras.
Una de las coincidencias reveladas por Cepeda es que todas estas operaciones se legalizaron en la misma notaría, la 44 de Bogotá. De igual manera, el congresista estableció que existe una relación directa entre la ministra e Indupalma, a través de Rubén Darío Lizarralde, gerente de la empresa y su exesposo. Al cierre de esta edición se esperaba la respuesta del Gobierno o de la misma funcionaria por los señalamientos en su contra. Los congresistas del Polo Democrático insisten en que ha existido una estrategia de apropiación de tierras por parte de prestigiosas empresas mediante “operaciones extrañas”.