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El panorama está claro para el Gobierno: el Estado está en crisis y la relación entre las ramas del poder público y dentro de ellas se ha convertido en un intercambio de favores y componendas que terminó por deslegitimar a los más altos funcionarios. Hoy se habla de carruseles de pensiones, nombramientos entre magistrados, reelecciones no habilitadas por la ley y una inconveniente relación entre política y justicia. Por eso, el Ministerio de Justicia ya tiene lista una propuesta de reequilibrio de poderes, que será radicada en los primeros días de la nueva legislatura.
La propuesta fue construida con base en los insumos que entregó una comisión de asesores, nombrada por el ministerio para construir una reforma a la justicia, compuesta por juristas de la talla del exministro Bernardo Gaitán Mahecha, el exconstituyente Gustavo Zafra Roldán, el expresidente de la Corte Suprema Augusto Ibáñez, el exfiscal Guillermo Mendoza Diago, el expresidente de la Corte Constitucional Jaime Córdoba Triviño y las abogadas Carmen Eloísa Ruiz y Diana Niño Avendaño. Y de hecho, ya se está discutiendo de manera informal con los partidos de la Unidad Nacional.
Aunque el presidente Juan Manuel Santos hizo uso de la posibilidad de reelegirse, en este diagnóstico es claro que el principal factor de desbalance de poderes fue la reelección, que convirtió la relación con la rama legislativa en un intercambio de burocracia por votos. Además, desbarajustó todo el sistema de pesos y contrapesos con el que fue diseñada la Constitución de 1991. Por eso se mantiene vigente la promesa de eliminarla.
El Espectador conoció los temas que contendrá la nueva reforma y no son muy diferentes de los que planteaba la iniciativa que luego de ser aprobada por el Congreso, en 2012, tuvo un hundimiento de tercera cuando, al ser aprobada con ‘micos’ de todos los tamaños, Santos la objetó. Como señala el ministro de Justicia, Alfonso Gómez Méndez, “esta reforma tenía cosas buenas, pero lo malo era muy malo”.
Ahora, la nueva reforma que será radicada hacia finales de julio o comienzos de agosto plantea: quitar las facultades nominadoras de las cortes, eliminar el Consejo Superior de la Judicatura, aumentar el período y los requisitos para ser magistrado de una alta corte y doble instancia para juzgamiento de congresistas a través de un tribunal de aforados. La idea para evitar que se convierta en una componenda de intercambio de favores, es que no haya retroactividad.
En síntesis, explica Gómez Méndez, “la idea no es solo eliminar la reelección del presidente de la República, sino todas las reelecciones. Acabar con el clientelismo judicial rompiendo los vasos comunicantes que terminan politizando la justicia, garantizando de este modo la verdadera independencia de los poderes”. Esta iniciativa puede ir acompañada de una reforma política, que también estaría enfocada en recuperar el equilibrio de pesos y contrapesos entre las ramas del poder público.
Pese a que ya está listo el anteproyecto, El Espectador conoció que desde el Congreso y el Gobierno están tratando el tema con mesura, porque es muy posible que el Consejo de Estado deje sin piso jurídico la objeción que realizó el presidente Santos a la reforma a la justicia a mediados de 2012. En ese caso se buscará que en la revisión de la Corte Constitucional se eliminen los ‘micos’ que fueron incluidos en la conciliación. Si esto pasa, el legislativo se enfocará en las reformas política y electoral con temas como reelección, Senado mixto, umbrales y hasta se ha hablado —en borrador— de aumentar el período de los congresistas a seis años, al igual que el del jefe de Estado.
Por ahora, el Gobierno está hablando con los voceros de los diferentes partidos de la Unidad Nacional buscando concretar aspectos puntuales del proyecto de reequilibrio de poderes que —está claro— pasará por las reformas judicial, política y electoral, laas cuales definitivamente llegarán en los primeros días de la legislatura 2014-2018 al Congreso. Temas espinosos que pese al consenso nacional de que se necesita solucionar el desbarajuste institucional del Estado, no serán fáciles de sacar adelante. Como precedente están los intentos fallidos de reforma a la justicia en los últimos 10 años.
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@felipeprensa