:format(jpeg)/www.elespectador.comhttp://thumbor-prod-us-east-1.photo.aws.arc.pub/Wz3x-wxE-Ov7VWenFDIECXxtOeQ=/arc-anglerfish-arc2-prod-elespectador/public/RTJLRPXVKVFBTFRNDVVLOCXNXY.jpg)
Una lucha frontal con tecnología y grupos de inteligencia para combatir la extorsión que se genera desde las cárceles del país emprenderá el Gobierno para poner fin a este delito que ha disparado los índices de inseguridad ciudadana.
Para desactivar las bandas que operan desde los centros de reclusión se podrán en marcha dos acciones: labores de inteligencia e información que adelantarán la Fiscalía y el Ministerio de Defensa, y el uso de tecnología de última generación para bloquear llamadas desde dentro y fuera de las cárceles.
De acuerdo con las cifras de la Policía, el 53% de la extorsión se está dando desde las cárceles y de esa cifra el 90% de la comisión del delito se planea en 32 establecimientos penitenciarios, 12 de ellos particularmente problemáticos, entre ellos Ibagué, La Dorada, Montería, Itagüí, Montería y Cómbita (Boyacá).
El plan antiextorsión está incluido en el CONPES aprobado por el Gobierno, que, por primera vez, enfoca la crisis carcelaria y penitenciaria bajo la óptica de política criminal para avanzar en soluciones integrales de la problemática del sistema.
“Vamos a crear un equipo especial para que atienda ese tema desde las cárceles con dos medidas puntuales: inteligencia e información para desarticular las bandas y la aplicación de tecnología para bloquear las comunicaciones no autorizadas”, aseguró el director del Departamento Nacional de Planeación, Simón Gaviria Muñoz.
Una tercera acción para combatir la criminalidad que se produce desde las cárceles tiene que ver con la reglamentación de la capacidad de la Policía Judicial para solicitar de manera preventiva la suspensión de lMSI y el IMEI de los teléfonos móviles que son utilizados para la comisión de delitos.
En el último año, según las cifras de las autoridades penitenciarias, se incautaron 20.000 teléfonos celulares y 22.000 tarjetas SIM.
“Hay una situación carcelaria grave que tiene que ver con hacinamiento, salud y falta de servicios públicos que vamos a tratar de resolver con las herramientas que nos da el CONPES que se acaba de aprobar para el Sistema Penitenciario y Carcelario”, dijo Gaviria, al señalar que para cumplir con todas las acciones se invertirá un 1,1 billones de pesos en los próximos cuatro años.
Más audiencias virtuales
En el CONPES quedó establecido, como política, la creación de nuevas salas de audiencia virtuales para resolver de manera más ágil y sin dilaciones la situación jurídica de los reclusos. La meta es tener 557 salas más para cubrir una mayor cantidad de centros de reclusión.
Actualmente hay 88 salas que cubren 42 cárceles de las 137 que existen en el país. La inversión para implementar más audiencias virtuales es de 70 mil millones de pesos en el periodo 2014-2018.
El director del DNP aseguró que con más salas se generarán ahorros por 65 mil millones de pesos en costos de traslado de internos, seguridad y trámites en los despachos judiciales.
El hacinamiento carcelario llega hoy al 53%: las 137 cárceles del orden nacional pueden albergar a 77 mil reclusos, pero actualmente alojan a más de 118 mil internos, es decir, 41 mil personas más de las que se pueden tener en condiciones dignidad humana.