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¿Satisfecho con la aprobación en primera vuelta de la reforma al control fiscal?
En campaña para ser contralor dije que la Contraloría necesitaba especializarse. Necesitamos más ingenieros civiles, eléctricos y ambientales; necesitamos científicos de datos, biólogos, médicos, mejor dicho, las profesiones que hoy se requieren en el siglo XXI. La entidad carece de muchas herramientas que hoy son necesarias. Estamos operando con una estructura del año 2000 y las cosas han cambiado. Como he dicho: los bandidos van en Lamborghini mientras nosotros vamos en bicicleta, y no podemos seguir en lo mismo. Por eso, la columna vertebral del acto legislativo apunta a romper con ese control posterior —entendido como póstumo— en el que llegamos a recoger las migajas que nos dejan los corruptos. Hoy en día el país tiene 890 elefantes blancos y no se vislumbra una solución real para terminarlos.
Hay quienes cuestionan que se quiere meter en otros terrenos…
Lo que estamos pretendiendo es, a todas luces, respetuoso. Nosotros no queremos volver a antes de 1991 y nadie está pidiendo coadministrar, chulear o decidir por el Ejecutivo, pero en muchas oportunidades vienen aquí de los gobiernos —tanto nacional como territoriales— a preguntarnos si se puede o no algo, y nos toca contestarles que no podemos hacer acompañamiento porque nuestro control es posterior y selectivo. Prácticamente tenemos que esperar a que la gente cometa el error para actuar contra algún funcionario por haber cometido un error, que incluso en muchas ocasiones puede haber sido sin querer. Lo que estamos buscando es que sea un control preventivo, como lo hace la Procuraduría, que no sea vinculante pero que a la vez pueda guiar al funcionario a tomar buenas decisiones. La Contraloría recupera el 0,4 % de lo que investiga, una cifra pírrica, y no es un problema de la administración Córdoba, ni de la de Maya, ni la de Morelli, ni la de Turbay, es un problema del modelo de control fiscal, posterior y selectivo, que quedó diseñado de esa manera tras todo los problemas que se dieron antes de 1991. Pero es que me parece que nos fuimos hacia el otro lado, completamente radical, sin sentarnos a pensar que era importante tener un tema medio. La sabiduría popular dice que no se ponga la vela ni tan cerca que queme el santo ni tan lejos que no lo alumbre, y hoy es supremamente difícil recuperar cualquier bien después de seis, siete o 14 años que se termina un proceso. Estoy recibiendo todavía procesos que vienen desde la administración Morelli. Por eso digo que tenemos que empezar a acortar tiempos utilizando la tecnología y propender porque haya una función preventiva, para que la plata llegue donde realmente tiene que llegar y lo que se vaya a tratar de recuperar sea mínimo.
La reforma habla de unos “ajustes institucionales en la estructura orgánica y funcional”, ¿cuáles exactamente y para qué?
Por ejemplo, hoy la cenicienta de la entidad es el Área de Jurisdicción Coactiva, que es la que recupera la plata. No tenemos sistema de información para eso, toda la contabilización la hacen a mano, no se cuenta con un software. Es que ni siquiera somos el primer acreedor para el país. Tenemos una liquidación, por ejemplo de un fondo o de cualquier empresa, y el Estado entra, vía la Contraloría, como si fuera otro acreedor más y cuando le puedan pagar, le pagan. Aquí estamos buscando ser el primero, ser la prelación. Hay gente que desde el primer día que lo están investigando se está insolventando. Lo que buscamos con las nuevas tecnologías es registrar todo eso para poder recuperar los recursos con rapidez y que el responsable pague. Creemos que la solución no está en la recuperación, que hoy tenemos un lamentable porcentaje, sino en la prevención, acompañando al funcionario que quiere hacer bien las cosas para que no cometa errores.
¿Cómo evitar que esa prevención, al menos a nivel regional, se politice, que es un riesgo que se corre?
Nosotros vivimos en el esquema público y político, y aquí lo que tienen que darse son las herramientas para la objetividad y para eso tendremos que regular la función preventiva. Eso tendrá que ser regulado dentro de todo un esquema claro y conducente para que esto no se presente. Creo que se debe tener es una función excepcional de prevención, en donde se pueda acompañar y ese funcionario se sienta tranquilo, y no que cuatro o cinco años después se empiece a ver una cantidad de responsables y nunca hubo un acompañamiento que permitiera saber si lo que estaban haciendo estaba bien o mal.
¿De ahí parte la propuesta de unificar las competencias de las contralorías regionales con la central?
Eso está en el proyecto de acto legislativo, porque hoy son 64 contralorías, más la central, cada una con sus posiciones jurídicas diferentes.
¿En algún momento se pensó en eliminar las contralorías regionales, propuesta que algunos plantean?
El proyecto fue construido con los ocho sindicatos del control fiscal del país, más las 65 contralorías. Dice en el último artículo que se hará un estudio sesudo por parte de la Auditoria General, Función Pública y la misma Contraloría General para ver cuáles serían las contralorías que deben permanecer y cuáles no. Debe ser un tema muy juicioso y coordinado.
O sea que la posibilidad queda abierta…
El problema de las contralorías territoriales es que hay unas que no pueden funcionar. La Contraloría del Amazonas, por ejemplo, tiene cinco funcionarios, no tiene un abogado ni un ingeniero civil, ¿cómo va a hacer la vigilancia de los proyectos si no tiene cómo? Lo mismo sucede con Guaviare o con Guainía. O la Contraloría de Sincelejo, que no tiene capacidad tampoco. O contralorías como la de Barranquilla, que tiene que pagar $1.200 millones al año por sentencias judiciales que han fallado en su contra y no tiene cómo operar. Ahí es donde está el gran reto de entender cuáles sí deben estar, cuáles no y cuál sería el nuevo esquema de trabajo. El proyecto tiene precisamente ese tema dentro del cual tendrá que hacerse un estudio para establecer cómo sería de aquí para delante.
¿Cómo así que la contraloría de Barranquilla tiene que pagar $1.200 millones?
Por sentencias judiciales por demandas que les han impuesto y que han perdido. Antes de ser contralor general fui auditor de la República y vigilé todo el esquema del control fiscal en el país.
¿Para qué necesita la Contraloría un 0,5 % más del presupuesto general de la nación?
Es importante tener autonomía presupuestal. Hoy la Contraloría General tiene un deshonroso 0,22 % de este presupuesto, que son $570 mil millones. Nos supera en alrededor de $400 mil millones la Procuraduría y en $3,5 billones la Fiscalía. Si queremos un control fiscal en línea, en tiempo real; si queremos que la plata no se pierda, hay que invertir. Es medio punto no más de un presupuesto en el cual lo que buscamos es tener los mejores funcionarios, la mejor logística, la mejor tecnología. Se trata de construir la Contraloría del siglo XXI. Llevo ocho meses en el cargo y a los tres montamos el Observatorio de Gasto Público, en donde podemos ver en línea y en tiempo real la cuenta maestra del Estado, y vemos las alertas permanentes de hacia dónde se hacen las transacciones. Además, tenemos la gran base de datos de la contratación en las últimas cuatro vigencias, que implican más de $709 billones del presupuesto colombiano, en donde encontramos todavía que hay fallecidos y personas sancionadas contratando, algo que solo la tecnología nos da la capacidad de verlo. Nuestra apuesta tiene que ser poder ver en el futuro que es lo que va a pasar con estas contrataciones, poder tener capacidad de ver con estos algoritmos de la inteligencia artificial cómo vamos a lograr efectivamente algo predictivo y prevenir.
Usted habla de fallecidos y sancionadas que siguen contratando, ¿no le parece muy desalentador para el país que gente que ha estafado y robado al Estado no estén obligadas a devolver un solo peso?
Aquí el problema que tenemos está muy enquistado en nuestra sociedad. Yo vengo de Pereira, una tierra que ha sufrido mucho por el narcotráfico, donde se crece con el imaginario de que el hombre exitoso es el que tiene los últimos vehículos de alta gama, que está acompañado de mujeres voluptuosas y que es aún más exitoso si lo acompaña un arma en la cintura. Eso es lo que debemos comenzar a erradicar, que se entienda que el ciudadano de bien es el que trabaja, el que por medio de su esfuerzo y su sudor va consiguiendo las cosas, porque el otro, en unos años lo van a capturar las autoridades, si es que no termina muerto. Tenemos que cambiar porque es que aquí respondemos todos los colombianos por las malas decisiones que hemos tomado, por ser cortoplacistas. No podemos seguir pensando así, las instituciones deben pensar en tener planes más a futuro, hay que pensar en la Colombia del 2050, del 2080, de cómo vamos a pensarla para nuestros hijos y nuestros nietos, y cómo vamos a poner a responder a las personas que tomen malas decisiones en contra de nosotros mismos. Porque nos siguen vendiendo mucho pan y circo, mucho humo, por eso he sido franco: aquí la fiebre no está en la sábana, el problema es cortar de raíz todo esto. Con un seguimiento en línea y estar detrás del recursos público, vamos a poder saber quién se está quedando con este para recuperarlo y hacer que llegue a quienes de verdad lo necesitan. La misma ciudadanía nos lo ha dicho: no creen en las instituciones porque llegan tarde, llegan ‘después de’. Aquí lo único que le estanos planteando al país es: ustedes no quieren que lleguemos tarde, les estamos planteando llegar rápido, llegar antes, llegar temprano, acompañar, no dejar que se nos pierda la plata, sin coadministrar, sin grosería.
Ese 0,5 % del presupuesto que piden, ¿cuánto significa?
Serían alrededor de $1,2 billones. Es muy sencillo, hoy tenemos el 0,22 %, que son $570 mil millones, si a eso le sumamos el 2,8 %, serían $640 mil.
¿Qué les responde a quienes insinúan que lo que se busca es una Contraloría superpoderosa y un fortín burocrático?
Aquí el 96 % de nuestros funcionarios son de carrera administrativa, no entiendo por qué pueden hablar de fortín burocrático. Tenemos gente muy buena y lo que necesitamos es tecnificar aún más la entidad, tener más herramientas. Por ejemplo, necesitamos médicos auditores, no los tenemos. ¿Cómo hago para decirle al país que estoy preparado, cuando no lo estoy completamente? Y tenemos funcionarios maravillosos, con excelente experiencia en el control fiscal, en la evaluación de las finanzas públicas, pero no todo es el gasto público, también hay que ver otros temas. Son cargos que terminarán en concurso público, nadie lo va a hacer burocráticamente o a dedo. Habrá algunos funcionarios de libre nombramiento y remoción, pero serán la minoría. Es que aquí hay un ánimo permanente por dejar las cosas como están, porque a algunos no les conviene que lleguemos a acabar con la corrupción.
¿Esa cifra de que por la corrupción en Colombia se pierden $50 billones es cierta?
Eso lo dijo el doctor Edgardo Maya, y le creo. Imagínese: si usted se gasta en un año solamente para el sector salud $39 billones, por ejemplo, prácticamente se están robando todo.
¿Eso no demuestra que las contralorías regionales no cumplen su labor?
Eso lo que demuestra es que estamos enfermos culturalmente, porque usted lo que necesita no es solo seguimiento y control, necesita es cambiarle el chip a los colombianos para que entiendan que lo que se requiere es hacer las inversiones para que tengan mejor calidad de vida.
¿Por qué es necesario ampliar el tiempo del auditor general, como lo plantea el acto legislativo?
El auditor general tiene un período muy corto, dos años. Fui auditor y no me estoy beneficiando. En todos los países del mundo el control fiscal, si no es vitalicio, tiene un mínimo de ocho años. La Contraloría de EE. UU. tiene un período de 10 años y eso lo que da tranquilidad es para poder hacer bien la tarea y no estar pendiente adicionalmente de los gobiernos de turno. Lo mismo el auditor, tiene que estar concentrado en auditar a 65 contralores y en dos años tiene entonces que concentrarse en vigilar media vigencia de cada uno. Eso no le da capacidad de ayudar a corregir muchos errores que puedan estar teniendo. El auditor es el que controla a los que controlan.
Muchos opinan, sin embargo, que la Auditoría no sirve para nada y que lo mejor sería acabarla…
No cuestiono la filosofía de nuestros constituyentes del 91 y lo que hemos tratado es de fortalecer las entidades. Creo que el auditor general debe existir, son 65 contralorías, y debe haber alguien que vigile y verifique cuál es su actuar.
¿Qué pasó con el programa de fortalecimiento de la entidad con los US$30 millones que le prestó el BID?
Eso viene desde la administración Maya. Se está haciendo toda la integración de los sistemas internos. Estamos avanzando y el Plan Nacional de Desarrollo creó la nueva Dirección de Análisis y Reacción Inmediata, que va en la línea de nuestro Observatorio de Gasto Público, del llamado Grupo Océano, en todo lo que se tiene que hacer seguimiento. Las nuevas tecnologías tienen que ayudarnos, por ejemplo, a mirar la ejecución de las vías, que podamos poner cámaras que nos digan cómo van en el día a día, con un software de reconocimiento facial para ver las cuadrillas trabajando y ver si van cumpliendo las metas. En los países desarrollados se demoran mucho menos las obras por el seguimiento, pero aquí nos falta tener esa cultura de la vigilancia. He hablado de acabar con las “asustadurías” y este proyecto de acto legislativo lo que busca es acompañar a los funcionarios de bien, acompañar el recurso público.
¿La Contraloría trabaja en coordinación con la Procuraduría y la Fiscalía?
Somos entidades hermanas que actuamos permanentemente en alianza.
Porque alguien podría decir, entonces, ¿por qué la corrupción sigue siendo el cáncer que carcome el país?
Porque los procesos son distintos. Los tiempos en el control fiscal son diferentes a los de los esquemas disciplinario y penal. Nos toca compartir pruebas, trabajar en conjunto, pero en muchas oportunidades no nos ven tomando decisiones juntos. Eso no significa que no compartamos información.
Últimamente se le ha visto mucho por el Congreso, impulsando además del proyecto de reforma otro que tiene que ver con regalías…
Sí, el que cambia las reglas de juego para las regalías, donde efectivamente seguimos muy atentos para que parte de los recursos, que deben estar destinados para el seguimiento y control que existen hoy en día, no desaparezcan y que le den capacidad a este ente de control para hacer la vigilancia permanente. Son más de 66 mil proyectos que tenemos hoy en el país en materia de regalías y solo para el actual bienio son alrededor de $30 billones, mientras que en el bienio pasado fueron $24 billones. Hay más de 1,9 billones que van para la infraestructura en la salud, 1 billón a infraestructura educativa, 1 billón que hemos encontrado en el esquema de infraestructura deportiva, y tenemos que estar atentos para que en ese tema no suceda lo que pasó en Ibagué.
¿O sea que es cierto ese titular de que el Gobierno no quería que le vigilaran las regalías?
Lo importante dentro de este tema es que lo que necesitamos es el seguimiento a los recursos, que son de todos los colombianos. Yo soy provinciano y créame que me duele mucho la plata de la gente. Es que lograr las cosas no es fácil y hay mucha gente que vive en circunstancias muy difíciles. A esa gente es que hay que responderles, por los impuestos que pagan porque esa plata es de ellos.
¿Cómo están sus relaciones con el gobierno Duque? Dicen que usted es muy político…
Tengo buenas relaciones con todas las personas, soy un hombre muy respetuoso. Mis relaciones son de respeto con el Gobierno, con las cortes, con el Congreso. Hay grandes autores que dicen que el hombre es un animal político. Todos nacemos, crecemos y debemos interlocutar con los demás, todo el tiempo, el problema es si fuera politiquero.
Por cierto, ¿cómo superar la aguda polarización que vive hoy el país y que ya golpea a algunas instituciones?
Con conciencia y reflexión del inmenso daño que se le hace al país. La violencia que ha afectado la nación durante décadas nos debe dejar enseñanzas y una de esas es la tolerancia, el respeto y la necesidad de construir y avanzar como nación. La polarización afecta a todos los sectores y en el mediano plazo vamos a sentir los efectos.