:format(jpeg)/www.elespectador.comhttp://thumbor-prod-us-east-1.photo.aws.arc.pub/Bth3gzIa_QyDrnB-jaNpdR-dzhA=/arc-anglerfish-arc2-prod-elespectador/public/SS2D6EPE75ASVHP7T37JDPJJNY.jpg)
En un comunicado conjunto, las Farc y el Gobierno concretaron lo que para muchos constituye el anuncio más esperado en casi dos años de proceso de paz en La Habana: el reconocimiento a las víctimas. Atrás quedó el desafiante “quizá, quizá, quizá” del jefe guerrillero Jesús Santrich cuando le preguntaron si les pondrían la cara a sus víctimas, o la reiterada frase oficial de que “no existen crímenes de Estado sino de algunos agentes”. A partir de ayer, en la mesa de diálogos, el ritmo de las conversaciones será el de las víctimas, con un objetivo claro: verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición.
La declaración de principios parte de dos pilares del acuerdo general para la terminación del conflicto: el respeto de los derechos humanos como un fin del Estado que debe promoverse, y la obligación de resarcir a las víctimas, como el centro del acuerdo. En tal sentido, el documento plantea que cualquier discusión debe partir del reconocimiento de responsabilidades frente a las víctimas del conflicto, lo que no significa un intercambio de impunidades. Por el contrario, es preciso reconocer a todas las víctimas en su condición de ciudadanos con derechos.
Eso representa la aceptación de que los derechos de quienes han sufrido los rigores de la guerra no son negociables, y que lo que viene ahora es tratar de ponerse de acuerdo en la forma de satisfacerlos de la mejor manera. Y el primer aspecto para enrutar debidamente este objetivo es garantizando que la discusión se dé con participación de las víctimas, “por diferentes medios y en diferentes momentos”. Este aparte de la declaración de principios satisface uno de los principales requerimientos de las sociedad, que venía exigiendo que las víctimas tuvieran un lugar preponderante en la mesa de diálogos.
De manera complementaria, el documento suscrito por los delegados del Gobierno y la insurgencia incluye la necesidad de partir del esclarecimiento de la verdad, con el compromiso específico de determinar las causas, los orígenes y los efectos del conflicto. Esta garantía es indispensable para asegurar la reparación a las víctimas como parte del restablecimiento de sus derechos y la transformación de sus condiciones de vida, para la construcción de una paz estable y duradera. Lo que indica que es preciso eliminar el concepto de que basta con entregarles reparaciones administrativas. Por eso, el primer paso debe ser proteger la vida y la integridad de quienes han sufrido la violencia, con garantías de no repetición.
En desarrollo de este catálogo de enunciados, enmarcados en la reconciliación y la protección a los derechos humanos, Gobierno y guerrilla decidieron ayer crear una subcomisión técnica, integrada por miembros de las delegaciones, con el propósito de iniciar las discusiones sobre el tercer punto de la agenda: el fin del conflicto. De manera simultánea, para darle agilidad a la discusión sobre las víctimas, se determinó dar un paso esencial hacia la búsqueda de la paz con la creación de una comisión histórica del conflicto, que estará conformada por expertos.
Este punto reviste especial importancia si se tiene en cuenta que hasta el momento las Farc eludían el debate sobre sus responsabilidades en la guerra, argumentando que también son víctimas de la confrontación. Ahora la discusión va a empezar con la creación de dicha comisión, lo cual no excluye el mecanismo para el esclarecimiento pleno de la verdad, que tendrá que contar con la participación de ambas partes y, en particular, de las víctimas de la violencia. En este aspecto, tarde o temprano tendrá que surgir un acuerdo sobre cuál debe ser el período a tener en cuenta para el análisis histórico.
Para iniciar los trabajos correspondientes, Gobierno y guerrilla le solicitaron a la oficina en Colombia de la Organización de Naciones Unidas y al Centro de Pensamiento y Seguimiento al Diálogo de Paz, de la Universidad Nacional, que organicen varios foros sobre el punto de las víctimas. En concreto, la idea es que, como se hizo en los puntos relativos al desarrollo agrario, participación en política y solución al problema de las drogas, se adelante encuentros regionales y nacionales. Éstos se realizarán a partir de julio en Villavicencio, Barrancabermeja, Barranquilla y, finalmente, en Cali.
De forma complementaria, las partes acordaron que una primera delegación de víctimas será recibida en La Habana en los próximos días y asistirá a la mesa de negociación con el fin de presentar sus propuestas y expectativas sobre la construcción de la paz en los territorios y sobre la satisfacción de sus derechos. Dicha delegación tendrá una representación plural y equilibrada, tanto de las víctimas como de distintos hechos victimizantes, dejando en claro que no se trata de que ese grupo represente a los millones de personas que, por distintas situaciones, ha dejado el largo conflicto en Colombia.
Como punto adicional, se acordó la creación de una subcomisión, con el propósito de que los acuerdos alcanzados y el eventual acuerdo final tengan un adecuado enfoque de género. En la búsqueda de este propósito, la subcomisión planteada tendrá el apoyo de expertas nacionales e internacionales. En la actualidad, con carácter de plenipotenciarios, tanto el Gobierno como la guerrilla cuentan con mujeres. La idea es ampliar esta participación, pues son ellas quienes más han sufrido con mayor rigor el largo camino de la guerra.
Al final de la lectura del comunicado conjunto, hecha por los delegados de los Gobierno de Cuba y Noruega en la mesa -como países garantes-, las delegaciones de Gobierno y Farc ofrecieron ruedas de prensa por separado en las que explicaron sus posturas sobre lo pactado. Ambas con la certeza de que lo definido es una ruta que ayudará a enfrentar el tema más espinoso del proceso: lo relativo a víctimas, verdad y justicia.
El jefe de la delegación de Gobierno, Humberto de la Calle, consideró que lo acordado es un paso histórico en el propósito de que las víctimas sean el centro de los acuerdos para la terminación del conflicto y para el proceso de reconciliación que se iniciará tras la firma de un acuerdo final. También dejó constancia de que los avances en materia de víctimas en este proceso de paz no tienen antecedentes en ningún proceso en el mundo.
“Hoy es un día especial. Ha llegado la hora de las víctimas. Hemos dado un paso gigantesco. El proceso de La Habana no es una simple conversación cerrada sobre las hostilidades. Es, sobre todo y ante todo, un paso en el camino de la satisfacción de las víctimas de violaciones masivas de sus derechos. Esta es la única manera de lograr la verdadera paz. Y es también, a la vez, lo que nos alienta y da fuerza en medio de discusiones a veces llenas de falacias. Pero igualmente es la razón de ser y el imperativo moral que nos mueve a agotar las posibilidades del diálogo para cerrar este horrendo ciclo de violencias que han golpeado a los colombianos durante más de medio siglo”, señaló el exvicepresidente.
Del otro lado de la mesa, el encargado de dar a conocer la postura de las Farc fue también el jefe de la delegación, Iván Márquez, quien enfatizó en que este es un paso definitivo en el camino hacia la cumbre de “este Everest, que es la paz”. También reconoció que son los primeros pasos en un terreno plagado de dificultades y de incomprensiones históricas, pero se declaró esperanzado con que la verdad sea el camino y espante las dificultades. “Sin verdad, no hay paz. Sin que emerja el humano sentimiento de la comprensión y el perdón, no hay paz. Hay que desterrar de los corazones la venganza y el odio, la maldita exclusión y la intolerancia para que haya paz”, señaló el comandante insurgente.
La declaración de principios para darle dinámica a la discusión sobre las víctimas demuestra el interés del Gobierno y las Farc por fortalecer el proceso de paz. Hace apenas tres semanas se firmó el acuerdo sobre el problema de las drogas ilícitas, que tardó seis meses en ser construido. Con anterioridad, la firma del acuerdo agrario se tomó entre octubre de 2012 y mayo de 2013, es decir, siete meses, mientras que la discusión sobre las garantías de participación en política requirió cinco meses, entre junio de 2013 y noviembre del mismo año. En total, desde la instalación de la mesa de Oslo, van 20 meses de negociación de paz.
Cabe recordar que el proceso de La Habana tuvo una primera fase secreta entre el 23 de febrero de 2012 y agosto del mismo año. Sin que en ese momento lo conocieran los colombianos, el punto de partida fue el anuncio de las Farc de proscribir la práctica del secuestro y abolir su llamada “ley 002”, a través de la cual justificaba el plagio de ciudadanos con fines económicos. Antes y durante esa primera fase, el gobierno Santos fue dando importantes puntadas a su decisión. La aprobación de la Ley de Víctimas o Ley 1448 de 2011, en la que se reconoció la existencia del conflicto armado y el Marco Jurídico para la Paz.
Hasta el momento es claro el enfoque territorial que se le ha dado al proceso de paz, toda vez que en los tres acuerdos alcanzados hasta hoy es evidente que se busca que la reconstrucción del país empiece en aquellas regiones que han sido azotadas por el paso de la violencia. Entre los aspectos por resaltar está la idea de crear circunscripciones electorales de paz, en los lugares donde la confrontación armada ha tenido mayores impactos. Asimismo, los acuerdos firmados inducen a aceptar que si se quiere la paz será impostergable emprender una reforma agraria que cumpla funciones sociales y ecológicas.
La firma de la declaración de principios se da a una semana de la segunda vuelta electoral entre el presidente Juan Manuel Santos y el candidato del Centro Democrático, Óscar Iván Zuluaga, quienes libran un duro pulso político en el que las negociaciones de La Habana son el principal motivo de discrepancia.
Santos insiste en la continuidad de su modelo de negociación con tres acuerdos sobre la mesa, y el esperado reconocimiento de las partes de ponerle la cara a sus víctimas mientras que Zuluaga plantea una revisión del proceso de paz, condicionado a que la guerrilla detenga todo accionar y acepte que tiene que pagar un mínimo de cárcel por sus delitos.
En las últimas semanas, esta discusión ha tenido como telón de fondo un inusitado protagonismo de integrantes activos y retirados de las Fuerzas Armadas, con voces que piden un replanteamiento de los diálogos de La Habana y la preservación de la instituciones castrenses como parte del modelo democrático. Un debate que el Gobierno quiere contrastar con la convocatoria del Consejo Nacional de Paz, organismo creado en 1998, pero inactivo por más de diez años, que ahora quiere convertirse en una plataforma de apoyo al proceso con participación de sectores sociales que le apuestan a una salida negociada a 50 años de guerra.
amolano@elespectador.com
@AlfredoMolanoJi