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Con el lema #TrabajenVagos, un grupo de ocho jóvenes de todas las regiones de Colombia presenta este martes 2 de marzo lo que ellos llaman “un experimento de veeduría ciudadana al Congreso de la República en una materia que le compete a cualquier colombiano: controlar si los congresistas van o no a trabajar en los términos en que dispone la Constitución y la ley”.
El colectivo, que anunciará su nombre en los próximos días, le entrega al país “Ausentismo Parlamentario”, una investigación en la que reúnen los 30 congresistas que más inasistencias presentaron durante los periodos entre 2014 y 2018, y que es el abrebocas y primer producto del control político que le proponen a los colombianos.
El informe, además, cuenta con una introducción sustanciosa en la que le explican a los ciudadanos de a pie por qué es importante que los senadores y representantes a la Cámara asistan regularmente a las plenarias, qué dice la Constitución sobre el ejercicio en el Capitolio y cuándo son válidas las excusas para no asistir a los debates, entre otros datos.
Cathy Juvinao, periodista e investigadora, lideró este primer informe que hoy sale a la luz y vocera del grupo. “La veeduría se conformó el año pasado luego de hundirse la Consulta Anticorrupción. Luego de la tusa decidimos investigar nosotros mismos el numeral 5 [que le preguntaba en ese entonces a los ciudadanos si creían que los congresistas debían rendir cuentas sobre su asistencia, voto y gestión en el Capitolio]”.
Para este primer informe, investigaron a 286 congresistas de ese cuatrienio. También, revisaron 506 gacetas oficiales y 90 folios y actas que fueron requeridas vía derecho de petición al Congreso, de manera manual durante seis meses. Leyeron, aproximadamente, 35.000 páginas para evaluar las inasistencias de todos los congresistas. Encontraron “ausencia total a la plenaria sin excusa válida y registro de la huella y posterior abandono del recinto, lo cual se constata al no existir votaciones ni participaciones posteriores durante la misma sesión”, dicta el documento.
Ahora, este ejercicio presenta no solo las faltas de los congresistas, sino los periodos perdidos equivalentes a esas ausencias y el pago que les representó, aunque no hubiesen asistido.
El listado, que incluye a políticos de casi todos los partidos, está encabezado por David Barguil Assis, representante a la Cámara por el Partido Conservador. El informe muestra que Barguil faltó 73 veces y que esa inasistencia le representó 76.240.769 millones de pesos, lo que equivale a 92,1 salarios mínimos.
“Barguil ahora hace parte de la comisión accidental de Senado que debe estudiar las objeciones presidenciales a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), y la verdad nos parece ilegítimo que el campeón del ausentismo en el Congreso participe de decisiones tan importantes para los colombianos”, es un fragmento de la descripción que se hace en el documento sobre este congresista.
A Barguil le sigue Luis Eduardo Diazgranados, senador por Cambio Radical y quien recientemente fue expuesto por Germán Vargas Lleras, líder natural de su partido, por votar por el Plan Nacional de Desarrollo de este gobierno cuando con su corporación habían decidido que no lo harían. Diazgranados presenta 60 inasistencias por las que recibió 62.663.646 millones de pesos, es decir, 75,7 salarios mínimos.
En orden le siguen: Cristóbal Rodríguez (representante, partido de la U) con 59 faltas a plenarias y por las que percibió 61.619.252 millones, Alfredo Ape Cuello (representante Conservador) con 54 inasistencias, Jaime Felipe Lozada (Conservador) también con 54 faltas, Kelyn Johana González (Liberal) con 48, Julián Bedoya (Liberal) con 51, Sara Helena Piedrahita Lyons (U) con 51, y Ciro Fernández Núñez (Cambio Radical) con 48.
Otros nombres que aparecen son los de Arturo Char (Cambio Radical), Olga Lucía Suárez (Conservador), Juan Manuel Corzo (Conservador), José Alfredo Gnecco (U), Mauricio Aguilar (Opción Ciudadana) y Sandra Liliana Ortiz (Alianza Verde).
Con la tendencia #TrabajenVagos, los jóvenes autores del informe desean que los colombianos se unan a esta campaña y al ejercicio de veeduría hacia los congresistas. Con el informe con embargo, el próximo paso del colectivo es utilizarlo de sustento para radicar en los próximos días demandas en el Consejo de Estado para que el ente les quite la investidura.
“Una vez radicadas las demandas se llamará a la sociedad civil a sumar firmas simbólicas ante el Consejo de Estado. Se recogerán a través de un formulario digital en el portal www.trabajenvagos.com”.