Los arquitectos del acuerdo

Se trata de un grupo de siete expertos en justicia, nacionales e internacionales, convocados por el gobierno de Noruega para asesorar la mesa de La Habana, hacerles entender y aceptar a las partes los límites del derecho internacional.

Después de 16 meses de haberse concretado el acuerdo sobre cultivos ilícitos y narcotráfico en la mesa de negociaciones entre el Gobierno y las Farc en La Habana (Cuba), y tras un duro forcejeo con negativas y muchas resistencias, el viernes 18 de septiembre, hacia las 4:00 de la madrugada, se vio la primera luz de las bases del acuerdo sobre el sistema de justicia a implementar en la construcción de la paz de Colombia. Desde el día anterior, los asesores de las partes habían sacado su artillería jurídica. Todo quedó en suspenso, a la espera de la respuesta de las Farc, que se dio el sábado a través del exministro Álvaro Leyva. Sólo entonces, en Colombia y en Cuba, se tuvo la certeza de un libreto compartido. A partir de ahí la tarea apuntó a propiciar el encuentro entre el presidente Juan Manuel Santos y el jefe de las Farc, Rodrigo Londoño, Timochenko.

El encuentro y el anuncio del acuerdo de creación de una jurisdicción especial para la paz se dieron el miércoles pasado. Pero para llegar a él -con el más bajo perfil y con absoluta confidencialidad- hubo un trabajo arduo y dedicado de muchos protagonistas, algunos hasta ahora desconocidos. Entre ellos un grupo de expertos nacionales e internacionales dedicados a alimentar con ideas y propuestas la mesa de diálogos, específicamente en esos temas de justicia. Se les conoce como el Grupo de Nueva York, una especie de comisión de sabios conformada en enero de 2014 a instancias del gobierno de Noruega y liderados por Morten Bergsmo, asesor de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI), profesor de la Universidad de Pekín y especialista en derecho internacional.

Lo acompañaron Carlos Martín Beristain, médico español y doctor en psicología, quien desde hace 25 años trabaja con víctimas de la violencia y organizaciones de los derechos humanos en América Latina y África; Priscilla Hayner, consultora independiente y cofundadora del Centro Internacional de Justicia Transicional (ICTJ); Luis Guillermo Pérez Casas, abogado de la Universidad Nacional, secretario general de la Federación Internacional de Derechos Humanos y miembro del colectivo de abogados José Alvear Restrepo; Carlos Alberto Ruiz, abogado colombiano, autor del libro La rebelión de los límites; Enrique Santiago, abogado español y exsecretario de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, y Rodrigo Uprimny, jurista colombiano, director del Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad (Dejusticia).

El Espectador conoció todos los detalles sobre cómo se gestó este grupo y por qué fue tan definitivo para lograr destrabar el que era quizás el punto más crítico de la negociación en Cuba: la justicia. Desde el principio, el Gobierno y las Farc validaron la iniciativa noruega. El objetivo del Grupo de Nueva York se concentró en revisar los alcances jurídicos de otros procesos de paz en el mundo y, sobre todo, advertir los límites que tendría un acuerdo frente a las obligaciones del Estado de cara al Derecho Internacional Humanitario (DIH), el Sistema Interamericano de Derechos Humanos de la OEA, la posible intervención de Naciones Unidas y la misma Corte Penal Internacional (CPI).

Las reuniones del grupo se realizaron cada mes. Bergsmo viajaba desde Pekín. Hubo encuentros en Nueva York, Panamá, Madrid y, por supuesto, en La Habana. La mayoría de estos ocurrieron en Estados Unidos, por eso se denominó Grupo de Nueva York. La financiación de los viajes corrió por cuenta del gobierno de Noruega, así como los hoteles y la alimentación. Nadie recibió dinero por su trabajo y durante los 20 meses de labores alcanzaron a encontrarse 12 veces. Tanto el Gobierno como las Farc estuvieron enterados de esos encuentros y todos los documentos que se produjeron llegaron finalmente a la mesa de negociaciones en Cuba. De hecho, el grupo se reunió con los negociadores de las partes y con ellos tuvo encuentros tan tensos como provechosos.

Su aporte fue un insumo fundamental para la mesa. De hecho, el punto de partida del Grupo de Nueva York fueron las posturas radicales puestas asumidas desde un principio por las partes. Una tarea nada fácil. Al fin y al cabo, las Farc siempre habían rechazado cualquier intervención del Derecho Internacional, el Sistema Interamericano, las Naciones Unidas y la CPI. En abril de este año, por ejemplo, Iván Márquez, jefe de la delegación de paz de la guerrilla, invitó al Gobierno “a retirar toda la maleza jurídica que han atravesado como una mula muerta en el camino de la paz”.

Por eso, teniendo como premisa facilitar la negociación y con el mandato del gobierno de Noruega de ayudar a resolver el nudo gordiano en que se había convertido la discusión sobre ese punto de la agenda, la labor se enfocó en hacerles entender a las Farc que existen unos límites en el derecho internacional, que los derechos a la justicia son derechos humanos esenciales y que no se trataba de simple “maleza jurídica”, como dijo Márquez.

Sin unos mínimos de penas restaurativas cualquier acuerdo con las Farc no sería más que una utopía pasajera. En la otra orilla, el objetivo apuntó a que el Estado reconociera que los crímenes de lesa humanidad perpetrados por sus agentes no podían quedar al margen de la negociación ni tampoco los llamados crímenes de Estado.

Según conoció El Espectador, los debates entre las delegaciones de Gobierno y guerrilla en La Habana y los miembros del Grupo de Nueva York fueron muy fuertes. En primer lugar, el Gobierno no estaba pensando en una amnistía o indulto, y lo que quería era que se aplicara la renuncia a la persecución penal que contempla el Marco Jurídico para la Paz. Asimismo, tampoco se contemplaba la idea de crear un tribunal mixto, pues no se quería mezclar en una misma mesa una fórmula de justicia transicional para guerrilleros y militares. Sin embargo, los expertos siempre insistieron en que debía haber una fórmula única, ya que de lo contrario un mecanismo diferenciado sería muy problemático y no tendría sentido.

Sin duda, el gran aporte que se le puede atribuir hoy al Grupo de Nueva York es la idea de la creación del tribunal para la paz, anunciado el miércoles pasado y cuya función esencial -según se explicó- es “acabar con la impunidad, obtener verdad, contribuir a la reparación de las víctimas y juzgar e imponer sanciones a los responsables de los graves delitos cometidos durante el conflicto armado, particularmente los más graves y representativos, garantizando la no repetición”. La decisión de tener en dicho tribunal a magistrados extranjeros obedece a que se considera que ello da más garantías de independencia, de objetividad, de seguridad y de blindaje ante posibles amenazas y presiones políticas. Gobierno y asesores creen que con ellos se minimizan dichos riesgos.

La idea es que además de la guerrilla, los agentes del Estado, paramilitares, parapolíticos, empresarios y todos los que quieran saldar sus cuentas con la justicia y contribuir con la paz, tengan la posibilidad de resolver sus cuentas pendientes con ese tribunal para la paz y quedar a salvo de la Corte Penal Internacional. El tribunal deberá decidir también si los llamados falsos positivos tienen cabida en este modelo de justicia, aunque nadie duda que fueron sistemáticas violaciones contra la población civil.

Sobre la imposición de penas, la pepa de la controversia giró en torno a lo que traduce “restricciones a la libertad” de los condenados. El Grupo de Nueva York entendió esas restricciones a que no salgan del país, de una determinada región, de una ciudad o de un sitio definido. En cuanto a reparación, se proponen trabajos comunitarios, por ejemplo en sustitución de cultivos, guardias rurales, colaboración en obras de infraestructura, desminado, recuperación de fuentes hídricas, protección de la naturaleza e incluso programas de educación para la paz.

Para el grupo todas las formas ilegales de financiación de la guerra -incluido el narcotráfico- las subsume el delito político. A su vez, no hay ninguna norma internacional que diga que alguien que haya sido condenado por crímenes de lesa humanidad no pueda hacer política. Sin embargo, en Colombia la Carta Política prohíbe que quienes hayan sido condenados puedan ser elegidos por votación popular. En este sentido, una de las recomendaciones claves es que se implemente una reforma constitucional que abra esa puerta cuanto antes.

Al final, después de 20 meses de trabajo, se cedió de parte y parte. Las Farc pasaron del “quizás, quizás, quizás” -la respuesta que diera Jesús Santrich a un periodista hace tres años, cuando le preguntó si las Farc estaban dispuestas a pedirles perdón a las víctimas-, a aceptar el derecho internacional. “La tarea del Grupo de Nueva York se concentró en remover los inamovibles de justicia de las Farc. Hace dos años parecía impensable que entendieran las obligaciones de Colombia en el contexto internacional. Hoy tienen claro que sin el blindaje jurídico necesario, es decir, si el acuerdo final no cumple unos mínimos de justicia y reparación, por mucha verdad cantada, esa orilla cercana del posconflicto terminaría frustrándose más pronto que tarde”, le dijo a este diario una persona cercana al proceso de negociación.

Lo claro es que el miércoles pasado se despejó el camino y entre los múltiples mensajes hay dos que tienen un gran significado en aras de la paz: el que la guerrilla haya aceptado acogerse a un modelo de justicia estatal y la dejación de armas. Además, por primera vez está definido un cronograma con fecha precisa de lo que debe pasar después de la firma del acuerdo definitivo -fijada el 23 de marzo de 2016-. En concreto, que esa dejación de armas deberá comenzar, a más tardar, a los 60 días luego de la firma.

Del sábado al miércoles pasado todo fueron nervios en las altas esferas del Gobierno. El martes, un día antes del anuncio, cuando a través de su cuenta en Twitter el presidente Juan Manuel Santos anunció que el equipo negociador del gobierno regresaba a La Habana con instrucciones precisas de continuar avanzando en el tema de justicia, se supo que algo grande estaba por suceder en torno al proceso de paz. Pero el encuentro en Cuba no fue nada fácil. Si bien había consenso sobre los 10 puntos en torno a la creación de una jurisdicción especial para la paz, las tensiones corrían por cuenta del plazo para la concreción del acuerdo final.

Las Farc tenían en la cabeza la fecha de mayo, para ellas mes de su fundación. Después de un tire y afloje se acordó que fuera en marzo, es decir, seis meses. Pero esa decisión adoptada en la mesa de diálogos todavía tenía que ser ratificada por el presidente Santos y Timochenko. En Colombia, si bien desde hace rato se tenía la idea de que en algún momento el jefe de Estado debería ir a La Habana, existía la premisa de ello sólo sería viable cuando se tratara de marcar un punto irreversible en los diálogos. Y a estas alturas, en el equipo negociador del Gobierno se mantenía la percepción de que las Farc aún tenían miedo a comprometerse con plazos fatales.

Fueron horas tensas. Desde la tarde de ese martes, el Gobierno había contactado a un grupo de congresistas para que acompañaran al presidente a La Habana. Hacia las 10:00 de la noche se les anunció, vía mensajes de texto en sus teléfonos celulares, que el viaje se cancelaba. Pero 15 minutos después se volvió a confirmar. Por otra parte, al grupo de periodistas invitados a acompañar la comitiva presidencial en su viaje a Estados Unidos, se les pidió acelerar los trámites pertinentes. Sólo hasta la mañana del miércoles se les dijo que habría un desvío hacia Cuba.

A su llegada a La Habana, todo el grupo se dirigió hacia la casa del embajador Gustavo Bell. Luego vino el acto público, la lectura del comunicado conjunto, las palabras del primer mandatario, las del presidente cubano, Raúl Castro, y las del comandante de las Farc, Timochenko. Se ha dicho que el estrechón de manos no estaba planificado, lo cual es cierto, y también que a Santos le disgustó, lo cual es falso. “Todos sabemos que es algo previsible en este tipo de sucesos tan históricos”, le manifestó a El Espectador uno de los miembros del equipo gubernamental. Cuentan que tras el anuncio, el jefe de Estado estaba eufórico y que siempre estuvo a su lado su hijo Martín.

Para el Gobierno y para el proceso de paz se dio un gran y definitivo paso.

Sin embargo, hay conciencia de que falta aún un camino culebrero por recorrer, y aunque se cree que el acuerdo sobre justicia hará cambiar en parte la percepción ciudadana de escepticismo sobre el proceso de paz, se sigue pensando que las Farc deben mostrar todavía hechos que alimenten el optimismo de la gente. Sobre el trabajo del Grupo de Nueva York se conoce que su asesoría fue fundamental y va a seguir de cara a la implementación de los acuerdos. Gobierno, Farc y comunidad internacional saben que ahora se viene el debate político, donde el Congreso de Colombia, con todas sus vertientes, será el gran protagonista. la premisa en la Casa de Nariño es insistir en que “la paz está cerca”.