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El pasado 9 de diciembre, en el Día Internacional de la Lucha contra la Corrupción, el presidente Juan Manuel Santos hizo un repaso de varias de las acciones que se han tomado durante su mandato en ese sentido e insistió en que ese tema ha estado y seguirá estando en el centro de todas las políticas públicas, o lo que él llama “de buen gobierno”. Esfuerzos que, según el índice de percepción de la corrupción en Colombia de 2015, no se ven.
En la medición que hace cada año Transparencia Internacional, el país obtuvo un puntaje de 37 sobre 100 (siendo 0 mayor percepción de corrupción y 100 menor percepción), ocupando el puesto 83 entre 168 países evaluados. Exactamente la misma calificación de 2014 y que en concepto de Elisabeth Ungar, directora ejecutiva de Transparencia por Colombia, representa uno de los mayores riesgos a afrontar de cara al posconflicto.
“La corrupción puede ser el mayor riesgo para una paz estable y duradera. 37 puntos no son suficientes para construir y sostener la paz. Necesitamos un sistema judicial transparente y sin corrupción, unas fuerzas de seguridad confiables, órganos de control eficaces e independientes, gobernantes que rindan cuentas permanentemente de sus actos y mecanismos de entrega de beneficios y servicios a las víctimas y poblaciones vulnerables sin la más mínima grieta para que se cuele la corrupción”, expresó.
Entre los 26 países de las Américas evaluados, Colombia se encuentra en el puesto 12 de la tabla y sigue ubicándose por debajo del puntaje promedio de la región (40) y muy atrás de países con calificaciones aceptables, como Canadá (83), Estados Unidos (76), Uruguay (74) y Chile (70).
El índice de percepción se elabora a partir de las opiniones de expertos sobre la corrupción en el sector público. Los buenos resultados se dan cuando existen mecanismos de gobierno abiertos, a través de los cuales el público puede exigir que sus líderes rindan cuentas. A su vez, una mala puntuación evidencia un contexto donde se percibe que prevalecen el soborno, la impunidad ante actos de corrupción y las instituciones públicas no dan respuesta a las necesidades de los ciudadanos.
De acuerdo con los criterios que maneja Transparencia Internacional, los países mejor calificados presentan características comunes que son claves: altos niveles de libertad de prensa, acceso a información sobre presupuestos que permite al público saber de dónde procede el dinero y cómo se gasta, altos niveles de integridad entre quienes ocupan cargos públicos, órganos de control técnicos e independientes y un poder judicial que no distingue entre ricos y pobres, y que es verdaderamente independiente de otros sectores del gobierno.
“Desde hace varios años, Colombia viene realizando esfuerzos importantes para que las entidades públicas identifiquen y enfrenten la corrupción, para que el sector privado abandone la corrupción como herramienta para enfrentar su competencia y para que la ciudadanía rechace a los corruptos, pero es evidente que esto no es suficiente y tenemos que hacer más”, enfatizó Ungar.
En diálogo con El Espectador, Camilo Enciso, secretario de Transparencia de la Presidencia, señaló que si bien hay claroscuros, él prefiere ver el vaso medio lleno y no medio vacío. En este sentido, explicó que el hecho de que hoy la lucha contra la corrupción sea más visible, haya más denuncias y la ciudadanía tenga más acceso a la información de lo público, hace que el índice de percepción aumente.
“Fue a partir de 2010 que el Estado comenzó a tomarse realmente en serio esta lucha y a definir una política pública anticorrupción. El punto de quiebre fue 2011, cuando se expidió el Estatuto Anticorrupción. En 2013, a través del documento Conpes 167, se definen cinco líneas estratégicas y las 110 acciones a cumplir. No se pueden medir los esfuerzos del Estado en dos años y estos tienen que ser a largo plazo y persistentes, en unión entre sociedad civil y sectores público y privado”, enfatizó Enciso.
Sobre los resultados del índice de percepción de corrupción 2015 para Colombia, el funcionario aseguró que no le sorprende que se vea un estancamiento, teniendo en cuenta que el país está viviendo en estos momentos una transformación en materia de control social y acabar con la impunidad, y en transparencia, a través del acceso de la gente a la información pública. “Nos enfrentamos a una paradoja, pues entre más duro golpeamos a la corrupción y más se visibiliza, crece la percepción”, concluyó.