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El paro nacional convocado para hoy es el resultado de la suma de múltiples inconformidades sociales. Las carreteras, calles, caminos y trochas del país las pisarán miles de colombianos para hacer un llamado al Ejecutivo. Son, en efecto, los miembros de las centrales obreras quienes atestarán el espacio público, pero también los del movimiento estudiantil —que se revitalizó desde el año pasado—; las comunidades indígenas, afros y campesinas; los maestros que pertenecen (y los que no) a Fecode; la población LGBTI, las feministas, los ambientalistas, los colectivos artísticos, los cantantes y sus bandas, y hasta los políticos.
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Ante esa oleada de perfiles tan diversos juntos, esta marcha tiene un tinte particular: es de nadie y es de todos. Además, a diferencia de otras movilizaciones, esta no pide una respuesta del Gobierno sobre un tema específico, no busca un cambio en concreto sobre alguna problemática. Por eso, el país está a la expectativa en torno a cuál será el desenlace de esos reclamos aglutinados.
Alexánder López, senador del Polo Democrático, recordó que el paro de este jueves 21 de noviembre estaba citado hace más de siete meses en torno a lo que la oposición ha denominado el “paquetazo” de Duque, que reúne el malestar de los sindicatos frente a las posibles reformas pensional, laboral y tributaria y las nuevas tarifas de energía.
“Son más de 1’400.000 colombianos sindicalizados que fijo van a marchar, más los informales. Y los del movimiento indígena concordaron que saldrán a las carreteras a causa de la violencia que viven muchos de ellos en el norte del Cauca. Serán cerca de dos millones de personas”, calculó López.
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Junto a ellas estarán el resto de sectores que desaprueban la gestión que tuvo el exministro de Defensa, Guillermo Botero, incluyendo el bombardeo que, bajo su mando, tenía la intención de neutralizar al disidente Gildardo El Cucho, en el que murieron varios menores de edad. La desaprobación de esos hechos habla, de fondo, del rechazo a los quince meses de trabajo del presidente Duque. “En Colombia hemos hecho paro toda la vida, pero ahora las personas están viendo que este gobierno es muy malo”, aseguró López.
Como un caldo de cultivo que se cocina en una olla a presión que bota vapor, se le agregaron otros ingredientes: por un lado, el Ministerio de Agricultura firmó una resolución que establece cuotas de pesca de algunas especies en Colombia y permite el “aleteo” de tiburones. La caza de estos animales ya existía, pero ahora se instauró un tope. Esto generó un estallido de indignación entre los grupos ambientalistas y animalistas, que hoy también se manifestarán. Y, por el otro, en los últimos días se intensificó la sensación de que el Gobierno está en contra de la protesta social. El Centro Democrático difundió en las redes sociales y medios de comunicación sus razones para no marchar, y algunos de sus mensajes se enfocaron en los actos vandálicos que los infiltrados cometen durante las protestas. Sus contrarios cuestionaron esas ideas y las tildaron de intentos de estigmatizar el derecho a alzar la voz.
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“Lo que realmente quieren (los promotores de la marcha) es sabotear al Gobierno. En Colombia cuando no respetamos la democracia y cuando no nos gusta lo elegido, entonces nos podemos tomar la calle, sabotearlo todo, acabar con todo para que al Gobierno no le vaya bien, a ver si así se eligen en 2022”, arguyó la senadora uribista Paloma Valencia.
Los ánimos se caldearon y la indignación creció. La respuesta de la ciudadanía frente a la posición del primer mandatario —que ha insistido en que los argumentos del paro están basados en mentiras— y de su partido generó en el mismo Ejecutivo un punto de inflexión, según el representante Mauricio Toro, de la Alianza Verde. Para él, el torbellino de críticas fue la razón para que Duque marcara distancia de la postura radical del Centro Democrático. “Sentenciaron la protesta y luego cambiaron de opinión para reivindicarla. Lo escuché en al menos cuatro declaraciones en el que bajó el tono y el discurso agresivo”, puntualizó.
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En efecto, en sus últimas intervenciones, Duque se alejó de la consigna drástica y afirmó que la protesta social era un derecho y, si bien los caminantes tienen garantías, su administración será “implacable con quienes generen caos y amedrentamiento a la sociedad”. Pero no solo él. En los últimos días, el expresidente y hoy senador Álvaro Uribe tomó esa misma postura: “A la protesta social la respeto. El vandalismo a la cárcel”, dijo.
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Esos hechos responden a una idea que venía pensando Armando Benedetti, de la U, quien comentó que “el Gobierno no tiene favorabilidad, y me preocupa que intente buscarla con base en reacciones, una estrategia represiva hacia el paro”.
Pese a que el jefe de Estado estrenó Conéctate con Duque (un programa para rendir cuenta del avance de su gabinete, criticado por parecerse al formato Aló presidente, de Hugo Chávez, o Contacto con Maduro, del mandatario venezolano) y le habló al país en un Facebook Live para aclarar los supuestos mitos sobre las reformas que motivaron el paro, nada hizo cambiar de idea a las personas.
En ese contexto, dicen mucho las posturas de los partidos que respaldan la protesta de este jueves. No solo marcharán los de la oposición. Varios liberales anunciaron que saldrán a las calles, como el representante Rodrigo Rojas, quien afirmó días antes que había sido un “error” estigmatizar la protesta. Así mismo lo harán algunos de la U y otros de Cambio Radical, como el senador Temístocles Ortega.
Por la envergadura de la movilización, Ortega reiteró que esta “no es una expresión estrictamente político-partidista, va más allá de las colectividades. El paro tiene que ver con las políticas de defensa a la vida, el respeto al Acuerdo de Paz, a la inversión social de los departamentos y las reformas que el país necesita”.
En ese sentido, las personas están clamando, también, por garantías de la vida, en medio de un contexto en el que se exacerban los brotes de violencia en varios territorios. Con todo, este 21 de noviembre pasará a la historia como un día en el que, en medio de un panorama de las manifestaciones y expresiones más violentas acontecidas en Bolivia, Chile y Ecuador, los colombianos revolvieron los nervios de la clase política como hace varias décadas no pasaba.
“Esta sensación no se veía desde el paro cívico de 1977, durante la presidencia de Alfonso López Michelsen. Ahora hay un temor muy grande, no se sabe qué va a pasar”, recordó el senador Benedetti. “La gente está harta de los políticos que no los representan. El gabinete de Duque es flojo, el Gobierno es débil”, aseveró otro congresista que pidió no ser citado. Con ello solo queda una pregunta: ¿cuáles serán las consecuencias de un paro que, si bien no buscaba un desenlace preciso, representa un cúmulo de inconformidades? Todo depende de la fuerza del mensaje de los manifestantes y qué tanto cale en el Ejecutivo.