“Los generales no eran ruedas sueltas”

El presidente de la Asociación de Oficiales en Retiro, el general (r) Jaime Ruiz Barrera. /Luis Ángel - El Espectador

La polvareda que levantó la renuncia conjunta del contraalmirante (r) Luis Carlos Jaramillo Peña y los generales (r) Ricardo Rubianogroot y Víctor Álvarez Vargas a la asesoría ad honorem que le venían prestando al general (r) Jorge Enrique Mora en su calidad de negociador del Gobierno en la mesa de conversaciones con las Farc, puso de nuevo sobre la mesa el debate acerca de la posición de los oficiales retirados respecto a los diálogos con la guerrilla.

En esta entrevista el general (r) Jaime Ruiz Barrera, presidente de la Asociación Colombiana de Oficiales en Retiro (Acore), explica el malestar de la reserva por la inasistencia de Mora al actual ciclo de negociaciones con las Farc, critica los principios del proceso de paz y advierte sobre una supuesta incomodidad de las tropas frente a las últimas noticias de la mesa.

¿Está de acuerdo con los tres generales que renunciaron diciendo que la negociación con las Farc se afecta si el general Mora no está de cuerpo presente en La Habana?

Sí. La presencia del general Mora es definitiva para nosotros, porque es el único de los negociadores que tenía bajo su responsabilidad lo concerniente a la seguridad y defensa del Estado, que es un valor supremo institucional. Era el único que podía garantizar la promesa inicial del Gobierno en el sentido de que ningún tema institucional de las Fuerzas sería negociado con la guerrilla.

¿No les genera tranquilidad que el general Javier Flórez y otros oficiales estén como apoyos en la mesa?

Ellos están únicamente como asesores técnicos. Lo que producen son respetuosas recomendaciones a los negociadores. Estaba convenido con el presidente que este equipo de oficiales en ejercicio expresaría sus recomendaciones a través del general Mora. Es decir, quedaron huérfanos.

Pero el Gobierno ha dicho que Mora sigue siendo plenipotenciario...

Ya no sabemos qué creer, pues el presidente ha dado varias versiones sobre el rol del general. La primera fue que le iba a hacer una reasignación de funciones y que salía para convertirse en un acompañante del presidente en las jornadas pedagógicas en los batallones. Cuando se dio la renuncia de los generales fue que sostuvo que él continúa como negociador. No entendemos al presidente.

Dicen que los tres generales renunciaron acatando los lineamientos de Acore...

Tenga la certeza de que son decisiones personales, pero no aceptamos que el Gobierno diga que no tenían nada que ver con la delegación. Ellos formaron parte del equipo del general Mora desde una reunión en Casa de Nariño en la que el presidente acordó con las organizaciones de la reserva que un general de cada una de las fuerzas acompañaría el proceso. No fueron contratados ni viajaron a Cuba, pero no eran ruedas sueltas.

Ustedes han sostenido en diversos escenarios que las tropas están confundidas por los mensajes que llegan de La Habana, ¿el hecho de que Mora sea uno de los que les van a explicar a los oficiales lo que se está negociando no es positivo?

El general debe estar en La Habana, con sus asesores técnicos. Las visitas a las guarniciones las debe hacer el presidente, en su calidad de máximo comandante, para que le dé ánimo a la tropa, sin intermediarios. Para nosotros se trató de una maniobra para sacarlo (a Mora) porque estaba asumiendo posiciones muy críticas sobre el proceso.

Mientras las Farc dicen que aún hay mucha tela por cortar en el proceso de paz, desde otras orillas hablan de un punto irreversible en las negociaciones. ¿Coincide con alguna de esas posiciones?

Vemos estancado el proceso. Las Farc no quieren entregar armas, hablan de dejación, lo que para nosotros implica que las quieren tener pero no usarlas. No quieren acción penal, desconocen la justicia transicional, entre otras posturas que creemos que no se pueden imponer. Así que una cosa dice el Gobierno, otra la contraparte y otra cosa es lo que está pensando la gente, que cada día se interesa más en lo que pasará con el proceso. El país está polarizado y así esto no va por buen camino.

¿Cuáles son sus críticas concretas al acuerdo de desminado humanitario?

Ya los desmovilizados, los terroristas arrepentidos, venían haciéndolo con el Ejército. Lo que no consideramos aceptable es poner a trabajar a miembros de las Farc sin desmovilizarse, en su condición de victimarios, a trabajar con víctimas de las minas, que hemos sido las Fuerzas Militares. Vemos con preocupación que las Farc digan que no dejarán de usar esas minas.

¿Por qué oponerse a que, como resultado de un acuerdo entre las partes, ambas participen en una operación de desminado que traerá beneficios a las comunidades?

Pensamos que el desminado debe ser institucional, sin darle protagonismo a la guerrilla. No olvidemos que estamos negociando con una fuerza terrorista, no el fin de una guerra civil o algo similar.

También han cuestionado la decisión del presidente de suspender bombardeos. ¿Cómo desescalar el conflicto sin este tipo de gestos?

Cerca de 17 organizaciones de oficiales de la reserva, en nombre de las que hablo, creemos que fue un error, pues es entregar el arma más contundente que tiene el Estado para forzar a las Farc a negociar con celeridad. El término desescalamiento no nos gusta. Las concesiones a la guerrilla, que es el grupo agresor, se deben hacer cuando decidan someterse al ordenamiento jurídico. No confiamos en los gestos de paz de la guerrilla. Y creo que hablamos no solo por la reserva, sino por las fuerzas activas también, lo que pasa es que ellas no pueden ser deliberativas.

Eso implica desconocer principios de la negociación, como el reconocimiento del conflicto armado...

Es un error equiparar a las fuerzas legítimas del Estado con la guerrilla. Nosotros creemos que las Farc son una amenaza terrorista y por eso decimos que las concesiones se deben dar una vez asuman su integración a la legalidad.

¿Los oficiales retirados estarán dispuestos a ser considerados máximos responsables de delitos de lesa humanidad?

Individualmente, quienes sean los máximos determinadores de ese tipo de delitos y crímenes de guerra deben ser juzgados y condenados, y ser sujetos de los beneficios jurídicos de la justicia transicional. Pero eso no se limita a los oficiales, también puede haber civiles y hasta expresidentes.

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