La Comisión Primera de la Cámara de Representantes, donde a esta hora se surte el séptimo debate de la reforma a la justicia, parece ser el escenario en el que opositores y defensores de la iniciativa queman las naves. Sin embargo, los puntos clave del acto legislativo ya toman forma y empiezan a tener cara de inamovibles.
Los temas que no parecen tener reversa son: la eliminación del Consejo Superior de la Judicatura y de la Comisión de Acusación e Investigación; la ampliación de períodos de los magistrados actuales de ocho a 12 años, a la vez que la edad de retiro forzoso a 70 años de edad; se otorgan funciones jurisdiccionales a notarios, empleados judiciales, centros de conciliación, centros de arbitraje y abogados; magistrados y fiscal serán investigados por una comisión de abogados elegidos por la Cámara de Representantes; congresistas, Procurador, Registrador y Contralor serán investigados por la Corte Suprema de Justicia, donde se surtirán las dos instancias del proceso; y una prohibición para que los magistrados no puedan pasar a otra alta corte en los cuatro años siguientes al término de su magistratura, a la vez que no podrán ser elegidos a cargos de elección popular ni a la Procuraduría, Contraloría o Fiscalía, dentro de los dos años posteriores a haber terminado sus funciones judiciales.
En el tema de financiación de la rama aún no hay acuerdo. Durante el debate, el ministro de Hacienda, Juan Carlos Echeverry, prometió que los recursos para la justicia pasarían de $1.8 a $2.9 billones. De los cuales dos billones serían aportados por el gobierno y los restantes $900 mil millones saldrían del arancel judicial. “El interés del ministerio es poner más plata”, afirmó Echeverry.
De otro lado, Ricardo Monroy, presidente del Consejo Superior de la Judicatura, le pidió a su homólogo de la Corte Suprema de Justicia, Javier Zapata Ortiz, exponer las razones por las cuales decidió apoyar éste proyecto, cuando durante más de dos años se habían marginado de las discusiones. “Lo adecuado es que la propia Corte Suprema de Justicia exprese las razones de su participación en la Comisión, que estudió el tema de la reforma a la justicia. Sin embargo, el presidente de la Sala Penal del mismo alto tribunal, José Leonidas Bustos, se mostró de acuerdo con que se hagan varias modificaciones al proyecto y descartó de una división al interior de la Corte Suprema.
Finalmente, el ministro de Justicia, Juan Carlos Esguerra, insistió en que el gobierno ha promovido una reforma generosa. “He oído algunas inquietudes que se refieren a que la forma como está planteada la propuesta implicaría una limitación a la autonomía que tiene la rama judicial para el manejo de sus recursos, de lo que por supuesto no se trata. Esa no ha sido nunca la intención del Gobierno nacional, esa no es la intención del Congreso. La forma como ha quedado planteado el proyecto de artículo es una fórmula que hemos venido concertando, discutiendo, debatiendo y construyendo con los ponentes”, explicó el Ministro Esguerra.
Y concluyó: “Nosotros queremos defender y propendemos por la autonomía de la rama judicial en el manejo de sus recursos. El esfuerzo del Gobierno es enorme y no se va a disminuir, se trata de unos recursos que van a ascender a unas cantidades que la rama judicial del poder público, que la justicia de Colombia, no ha conocido en la historia de este país en materia de inversión. De ello no puede quedar la menor duda, ni de que este es el propósito que persigue el Gobierno. Por eso repito, que no se hable de que estamos recortando por este camino, en absoluto, en un ápice la autonomía que le corresponde a la rama judicial del poder público para el manejo de sus recursos”.