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Que en Colombia no existe el delito de sangre, dicen muchos candidatos cuando se les cuestiona por ser herederos directos de dirigentes políticos investigados, sancionados o condenados por la justicia o la Procuraduría. Un escenario que se repite cada que vez que hay un proceso electoral, bien sea para el Congreso o para autoridades locales y regionales. En efecto, la política se ha convertido en un pulso por la captura del poder por parte, muchas veces, de grupos familiares, donde ante los impedimentos de algunos, se postulan hermanos, hijos, sobrinos, primos o esposos y esposas.
Sucede ahora, de cara a los comicios del 25 de octubre. Según la Fundación Paz y Reconciliación, el debate electoral ha puesto en evidencia esas relaciones que desde mucho tiempo atrás se han venido tejiendo entre grupos políticos familiares en las regiones, actores ilegales y contratistas, dando origen a mafias de corrupción política y administrativa que han capturado la función pública en municipios y departamentos.
Los ejemplos pululan en lo que tiene que ver con candidatos a alcaldías. Hablando de ciudades capitales, en Montería (Córdoba) está Carlos Ordosgoitia, del Centro Democrático, hijo del excongresista y exdirector del Instituto Nacional de Concesiones (Inco) Luis Carlos Ordosgoitia, investigado por el denominado “acuerdo de Ralito”, del que resultó exonerado.
En Valledupar (Cesar) son candidatos Andrés Arturo Fernández, avalado por Opción Ciudadana, hijo de Luis Fabián Fernández, quien fue alcalde entre 2009 y 2011, y terminó inhabilitado por la Procuraduría por irregularidades en contratación. Y está Sergio Araújo Castro, aspirante por el Centro Democrático, hermano de Álvaro Araújo Castro, exsenador condenado en 2010 por parapolítica.
Bucaramanga aparece también con dos candidatos que caben en la lista. Jaime Vargas Mendoza está avalado por la Alianza Social Independiente (ASI) y es hermano del exalcalde Fernando Vargas, destituido en 2011 por incurrir en falta disciplinaria al celebrar un convenio interadministrativo con Unipaz, por valor aproximado de $900 millones, sin licitación pública. El otro candidato es John Carlos Alvernia, del Partido de la U, hermano de Jhonny Alvernia, un empresario de la salud y la red hospitalaria del departamento.
En ciudades no capitales está el caso de Bello (Antioquia), donde el candidato más opcionado para ganar es César Suárez Mira, quien se inscribió por firmas a nombre del movimiento Bello, Ciudad de Progreso y es hermano de Óscar Suárez Mira, excongresista conservador condenado por parapolítica y actualmente en libertad condicional.
En Caucasia, también en Antioquia, el Partido Liberal avaló a Neris Inés Montiel López, esposa de Dairo Bedoya, quien ejerció como alcalde encargado del municipio en 2012 y fue condenado a 10 años de prisión por peculado por apropiación, fallo que se encuentra en etapa de casación en la Corte Suprema de Justicia. Sobre él pesaba también una sanción de la Procuraduría, que fue levantada. Lo curioso es que el mismo Partido Liberal le había negado el aval y ante esa situación, Bedoya puso a su esposa.
En El Bagre, otro municipio antioqueño, el candidato de la ASI es Germán Andrés Hoyos, hermano de José Ignacio Hoyos Meza, alias 100, capturado en 2013 y sindicado de ser uno de los jefes del clan Úsuga en la región. Se le acusa de ser el responsable del 90% de los homicidios del Bajo Cauca, además de extorsiones y desplazamiento forzado.
A la Alcaldía de La Jagua de Ibirico (Cesar) aspira Blanca Flórez, a nombre de las Autoridades Indígenas de Colombia (Aico). Es esposa del exalcalde Alfonso Palacio Niño, quien no terminó su período al haber sido capturado en una investigación por un caso de corrupción, por decretar una urgencia manifiesta por la ola invernal en 2008, cuando hizo un contrato con sobrecostos. En abril de 2015 volvió a ser capturado por un contrato de estudio de viabilidad técnica y financiera para hacer una represa en la cuenca del arroyo San Antonio, por valor de $1.490 millones, sin disponibilidad presupuestal.
Otro ejemplo de esos lazos familiares se da en el municipio de Uribia (La Guajira), con Luis Enrique Solano Redondo, del Partido Liberal, hijo de Cielo Redondo, exalcaldesa y quien según señala la Fundación Paz y Reconciliación, ha sido cuestionada por tener presuntos vínculos con alias Pablo, jefe de las bacrim de la Alta Guajira y exintegrante del Bloque Contrainsurgencia Wayuu de las autodefensas. También la vinculan con Emy Solano, otro jefe de las bandas criminales.
El departamento de Magdalena también tiene municipios para la muestra. Por ejemplo, en Algarrobo aspira por el Partido Conservador Maribel Andrade, hermana de Francisco Andrade Zambrano, alias Ñoño, exjefe paramilitar, y prima de Nazly Zambrano Guette, exalcaldesa condenada por parapolítica. Y en Salamina es candidato Pedro Pablo Asmar, avalado por Cambio Radical, hermano de Hernando Asmar Amador, excomandante de las autodefensas.
Zapatoca, en Santander, tiene entre sus candidatos a Diana Prada Herrera, por el Partido Conservador, esposa del exalcalde Ariel Díaz Rueda, quien en 2009 fue inhabilitado por diez años para ejercer cargos públicos por la Procuraduría. Y en Sincé (Sucre), aparece Adelaida Hernández Anaya, también en las filas de la colectividad azul, sobrina del exgobernador Jorge Anaya Hernández, condenado por parapolítica, y esposa de Juan José Arana, primo del exgobernador Salvador Arana, condenado por parapolítica y homicidio.
En La Unión, otro de los municipios sucreños, Opción Ciudadana avaló a Natacha Perdomo de la Ossa, familiar del alcalde Mario Vergara de la Ossa, elegido con el respaldo del grupo político de Enilce López, la Gata. Y en San Onofre aspira Luis Guillermo Salaimo, por el Partido de la U, hijo del exalcalde y exdiputado Luis Salaiman Fayad, elegido con el respaldo del jefe paramilitar alias Cadena y asesinado pocos meses después de su elección por las mismas autodefensas.