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El gobierno del presidente Juan Manuel Santos da muestras de un intento, tal vez final, para garantizar la implementación del Acuerdo de Paz con las Farc. Una especie de estrategia para enfrentar el fallo de la Corte Constitucional, que dejó rengueando el fast track al abrir la puerta para que en el Legislativo se les pueda “meter mano” a los textos pactados con la guerrilla, y que se basa en mantener las mayorías en el Congreso, a la vez redoblar los esfuerzos para lograr sentar las bases normativas de una paz de verdad estable y duradera.
Un plan al que le puede surgir hoy otro gran escollo: la salida del gabinete del ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, ficha fundamental para mantener la cohesión de la Unidad Nacional y sacar adelante varias de las iniciativas claves de la paz. Según conoció El Espectador, Santos anunciaría hacia el mediodía, tras su regreso de Ecuador donde asistió a la posesión de Lenín Moreno, la renuncia del jefe de la cartera política. Y el lío es que en el mismo Capitolio creen que quienes suenan en su reemplazo no tienen las habilidades que se necesitan para defender el Acuerdo de Paz.
Se habla del viceministro Guillermo Rivera, del exsenador liberal Camilo Sánchez y hasta de Gabriel Silva, exministro de Defensa. “Cristo tiene, como ningún otro, habilidades políticas y control de las bancadas. Se necesita a alguien de jerarquía”, dijo, en voz baja, un congresista. De ahí que las versiones hablen también de que el presidente insiste aún en pedirle que lo acompañe hasta el final del mandato o al menos unos meses más, mientras se surte la implementación de la paz. Pero todo indica que la suerte está echada, Cristo se va para no inhabilitar a su hermano Andrés, hoy senador y quien buscará la reelección, y porque así no lo reconozca, la idea de ser precandidato presidencial le suena.
La muestra de los renovados bríos del Ejecutivo en el Capitolio fue la aprobación, en Comisión Primera de Senado, del acto legislativo sobre el monopolio de las armas en manos del Estado. Con 12 votos a favor y ninguno en contra, esta iniciativa, que castiga el apoyo, financiación o promoción de los ejércitos privados y castiga penalmente el paramilitarismo, es el primer paso para cumplir el compromiso de desmantelar los grupos surgidos tras la desmovilización de las autodefensas. Es el primer debate que se da bajo las nuevas reglas del fast track y el primer triunfo del Gobierno contra el uribismo en esta nueva dinámica. Incluso, los representantes del Ejecutivo y líderes de los partidos de Unidad Nacional salieron a cobrar, advirtiendo que las mayorías están sólidas.
Al mismo tiempo que esto ocurría, el Gobierno destapó una de las cartas más anunciadas y polémicas del Acuerdo de Paz con las Farc: la Ley Estatutaria de la Jurisdicción Especial de Paz (JEP), es decir, las normas que regirán la entidad encargada de darle un cierre jurídico al conflicto armado, manteniendo el equilibrio entre los derechos de las víctimas a la verdad, justicia y reparación, y la seguridad jurídica de quienes, acogiéndose al sistema, participaron directa o indirectamente de la guerra.
La iniciativa tiene más de 60 páginas en las que se incluye la creación de la misma JEP, del Tribunal Especial de Paz y sus salas, de la Comisión de la Verdad, de la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas, y las rutas de justicia para agentes de Estado y terceros civiles. Un articulado extenso que contiene la letra menuda de un sistema de justicia transicional que tendrá vida por diez años, con posibilidad de ampliarse por diez más para garantizar el cierre jurídico de más de medio siglo de atrocidades.
Y para terminar la eléctrica tarde en el Congreso, el senador Roy Barreras, de la U, radicó la ponencia de la reforma constitucional que le da paso al acuerdo de participación política, creando 16 circunscripciones especiales de paz en 169 municipios del país, los más afectados por la guerra, para que por dos períodos constitucionales elijan sus propios representantes a la Cámara. La iniciativa establece, como método relevante para combatir el sistema político tradicional, que quienes aspiren a estas curules especiales no podrán pertenecer a los partidos tradicionales ni a las Farc. Además, tendrán financiación estatal en sus campañas y acceso a los medios de comunicación. Una discusión que representará igualmente una prueba de fuego con las nuevas reglas de juego que definió la Corte Constitucional.
Ahora, en el horizonte se vislumbra otra tormenta: las declaraciones de Jorge Enrique Vélez, director de Cambio Radical, en el sentido de que si su partido gana la Presidencia en 2018 recomendará levantar la mesa de negociación con el Eln que actualmente se adelanta en Quito, amenaza la elección de las mesas directivas del Congreso para el próximo período legislativo. En concreto, en lo que tiene que ver con la presidencia de la Cámara de Representantes. Los acuerdos en la Unidad Nacional dicen que le corresponde precisamente a Cambio Radical, que ya postuló a Rodrigo Lara. Pero ahora resulta que, en rechazo y protesta por lo dicho por Vélez, los otros dos partidos de la coalición, la U y Liberal, amenazan con no apoyarlo. Y que se rompan esos pactos políticos podría tener efecto negativo para el Gobierno en momentos en que más se necesita cohesión.