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El proyecto de ley radicado por el senador liberal Juan Manuel Galán para legalizar el uso terapéutico y medicinal del cannabis abrió la posibilidad de que el país allane un camino que otras naciones han recorrido hacia la descriminalización de la planta. Sin embargo, más allá de que la eventual aprobación de la iniciativa facultaría al Gobierno Nacional para avanzar en investigación científica y el suministro de derivados de la marihuana, haría falta una regulación mucho más profunda que la que pretende el articulado impulsado por el liberalismo.
La iniciativa de Galán, que pretende que se haga efectivo el artículo 49 de la Constitución (que dice que “el porte y el consumo de sustancias estupefacientes está prohibido, salvo prescripción médica) y que tiene tan sólo cuatro artículos, busca autorizar “al Gobierno, el cultivo, cosecha y uso del cannabis con fines de investigación científica o para la elaboración de productos terapéuticos o medicinales”. Además dice que la aprobación de proyectos de investigación “relacionados con las cepas de cannabis”, así como la inclusión de direccionamientos pertinentes para su receta, será labor del Ministerio de Salud.
Todavía no está claro cuáles respaldos tendrá la propuesta en el Congreso, más allá del liberal. Según pudo establecer este diario, aunque existe un diálogo fluido entre el ministro de Salud, Alejandro Gaviria, y el senador Galán para trabajar en el diseño de políticas y normas sobre drogas ilícitas, el encargado de la cartera de Salud está esperando una directiva presidencial que le permita impulsar o mantenerse al margen del trámite del proyecto.
En caso de que el Ejecutivo y la Unidad Nacional impulsen la aprobación de este proyecto, estarían marcando una ruptura frente a la postura que ha asumido el gobierno Santos en materia de drogas: adoptar únicamente los cambios sobre los que haya consenso en la comunidad internacional. Con este proyecto, el país podría recoger su propia evidencia científica sobre el uso medicinal de una sustancia ilícita y, con ella, romper con la criminalización de una planta que, como el mismo presidente de Estados Unidos, Barack Obama, ha sostenido, es menos perjudicial que el alcohol.
Susana Ferguson, experta en políticas de drogas, le dijo a este diario que comparte la posición de Galán sobre la necesidad de despenalizar el uso terapéutico del cannabis para mejorar la calidad de vida de las personas que padecen enfermedades crónicas o terminales. “Gente con mialgias, con enfermedades musculares, con artrosis o cáncer se beneficiaría. Se podrían mitigar efectos de la quimioterapia o incluso los padecimientos de personas con enfermedades terminales”, dice la experta.
No obstante, afirma que “del dicho al hecho hay muy trecho”, pues podría ocurrir lo que pasó con la ley de 2012 que incluyó el tratamiento para drogodependientes en el Plan Obligatorio de Salud y que aún hoy tiene dificultades en su administración.
Para Ferguson y para el mismo Galán, si el proyecto es aprobado necesita una regulación posterior. ¿Quiénes van a tener los monopolios de la producción? ¿Los ciudadanos procannábicos, los cultivadores que hoy están en la ilegalidad, algún laboratorio farmacológico, una entidad estatal? ¿Bastará con una receta médica o habrá un procedimiento más complicado para hacerse a un producto derivado del cannabis? Estas son algunas de las preguntas que surgirán a partir de la discusión de este proyecto.
Por ahora, el modelo que plantea Galán dice que las investigaciones científicas que autorice el Ministerio de Salud serán realizadas por el Invima y su objetivo será probar los efectos terapéuticos y medicinales de la planta. Luego será necesaria la aprobación, a través del mismo instituto, de las dosis (cuya ingesta no es necesariamente mediante el consumo de cigarrillos) y posteriormente se elaborarán los protocolos médicos para su administración vía POS.
Esta metodología, por ejemplo, le permitiría a la administración de Bogotá avanzar en su proyecto de suministro controlado de marihuana a personas dependientes del bazuco. Como lo ha explicado el alcalde Gustavo Petro, se trata de establecer cómo el consumo de ciertas cepas de marihuana con más efectos tranquilizantes que alucinógenos podría reducir los períodos ansiolíticos de los consumidores de bazuco cuando se sometan a un tratamiento integral que implica terapias de escucha, vinculación laboral y oportunidades de vivienda y educación.
El debate queda abierto en momentos en que países como Chile, Uruguay, Estados Unidos, Canadá y Alemania buscan alternativas para afianzar el uso de la marihuana con fines medicinales. Algunos de ellos también para permitir su uso recreativo. Un debate mundial en el que Colombia, hasta ahora, da los primeros pasos.