Los pros y contra de la reforma política, según los partidos minoritarios

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Este martes los partidos minoritarios, alternativos y de oposición presentarán en la Cámara de Representantes un acuerdo político en el que fijan cuáles son, para ellos, los puntos más importantes de la reforma política y electoral. En el documento, conocido por El Espectador, los voceros de estos partidos hablan de cuáles son los temas que impulsarán del acto legislativo, pero también de cuáles son los que les generan preocupación.

Los voceros de los partidos minoritarios acordaron que impulsarán cinco temas: la posibilidad de presentarse en coaliciones en elecciones de corporaciones públicas, fortalecer la financiación pública y los controles a las campañas electorales, la adquisición progresiva de derechos de las agrupaciones políticas, reforma de la arquitectura institucional de las entidades involucradas, y promoción y profundización de la participación electoral.

Sobre el tema de las coaliciones, los partidos minoritarios proponen que estas solo sean posibles cuando los partidos que las conformen sumen el 15 % de los votos válidos. Además, que se regirán por un programa interno y que solo funcionarán como bancada de acuerdo a lo acordado. Por último, que las coaliciones “permitan que se conserven las personerías jurídicas y autonomía de cada uno de los partidos que la compongan”.

El control a la financiación de las campañas es otra de las preocupaciones expuestas en el documento, “ante la crisis moral y material que produce la toma por parte de la corrupción de la política”. En este punto, los partidos y movimientos proponen, entonces: que el Consejo Electoral Colombiano tenga funciones de policía judicial y que las sanciones a empresas y particulares vinculados en hechos de corrupción vayan desde “inhabilidad para la contratación con el estado, hasta perdida de la personería jurídica”.

Otro de los temas que serán impulsados por los partidos minoritarios busca que las agrupaciones políticas tengan "adquisición progresiva de los derechos”, dividiéndolas en tres niveles: grupos significativos de ciudadanos, movimientos políticos y partidos. En esa misma línea, hablan de la reforma a la arquitectura institucional y piden que el nuevo órgano electoral sea independiente, además de que se garantice la representación de las minorías políticas en el mismo.

Pero en el documento también exponen varios temas en los que no están de acuerdo. Es el caso de: las limitaciones a las pérdidas de investidura, la posibilidad de que congresistas puedan trabajar en el ejecutivo, la participación del presidente en la conformación en el Consejo Electoral Colombiano (CEC), la facultad de la Procuraduría de limitar los derechos políticos y la contradicción entre el acto de reincorporación política de las Farc y el artículo 3 de la reforma política.

En cuanto a las pérdidas de investidura de los congresistas, en el documento que presentarán voceros de los partidos minoritarios se expone la preocupación porque se acabe con “la denominada ‘muerte política’”, además de que elimina tres causas de pérdida de investidura: violación del régimen de inhabilidades, indebida destinación de dineros públicos y tráfico de influencias. Advierten que “el Congreso no debe limitar la perdida de investidura”.

También critican el hecho de que “el proyecto de acto legislativo elimina la incompatibilidad que tienen los congresistas para ocupar otros cargos públicos durante el año siguiente a su renuncia”. Adicional a esto, muestran su descontento con el hecho de que “el presidente participe en la conformación del primer Consejo Electoral Colombiano”, pues podría limitar la independencia de este organismo.

La crítica de los partidos minoritarios al acto legislativo va dirigida a que mantiene la facultad de la Procuraduría General de “limitar los derechos políticos, potestad exclusiva de los jueces”.

Por último, el documento señala que hay una contradicción entre “el acto legislativo para la reincorporación política de las Farc y el articulo 3 del proyecto de reforma política”, pues este contempla varias sanciones administrativas a los partidos que avalen a personas condenadas en el país o en el extranjero. Para ello proponen, entonces, un parágrafo que exima de esta situación al movimiento político que surja de la guerrilla.

Alirio Uribe Muñoz, representante por el Polo Democrático, explicó que el acuerdo surgió luego de que los congresistas de las bancadas minoritarias del Congreso se reunieran para buscar que “la mayoría aplique unos mínimos importantes”. También dijo que la intención de este acuerdo es impulsar una “reforma política estructural que sea más de fondo, por todo el tema de la corrupción y de los acuerdos de paz”.