Los proyectos del Gobierno en la lucha anticorrupción

El presidente Iván Duque apoyó la Consulta Anticorrupción. / SIG

Más allá de la consulta anticorrupción —vencida ayer, en las urnas— quedan abiertos los mismos espacios que desde 1998 se han intentado peomover —y que, dicho sea de paso, no han funcionado— para combatir este flagelo. En total, desde ese año, han sido radicados en el Congreso 21 proyectos que resumen las siete preguntas que fueron sometidas al escrutinio de los colombianos este domingo. Pero, ¿por qué nunca funcionaron? La explicación que da una de las promotoras de este mecanismo, la exsenadora Claudia López, es que nunca hubo un mandato de carácter obligatorio que hiciera que los legisladores dieran su aval a iniciativas de este estilo.

Los hechos propios de la historia, incluso yendo más allá de las dos últimas décadas, se han encargado de dar la razón a quienes defendían la consulta como algo más que una mera simbología. El país recuerda escándalos como el Proceso 8.000 y otros más recientes, como el cartel de la contratación en Bogotá, Interbolsa, Fidupetrol y Odebrecht. Pero el aparente No de ayer, como el del plebiscito del 2 de octubre para refrendar el Acuerdo de Paz, ya son cosas del pasado y ahora corresponde revisar qué salidas vienen para luchar contra el cáncer de la corrupción que, aunque ha vivido incrustado a lo largo de los años en Colombia, recién está saliendo del escondite.

Desde el mismo 8 de agosto, un día después de la posesión del presidente Iván Duque, aterrizó en el Capitolio un paquete de proyectos de iniciativa gubernamental que, al final, fue explicado como un complemento para la consulta anticorrupción. Eran cinco iniciativas —entre reformas constitucionales y proyectos de ley—, y ese será, a partir de este momento, el camino a recorrer si el compromiso de todo un país, pese a lo evidenciado ayer en las urnas, es vencer la corrupción. Lo primero que hay que decir es que de esos cinco proyectos ya quedan cuatro.

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La ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, se vio obligada a retirar el relacionado con aquel que obligaba a los servidores públicos a declarar el monto de sus bienes y rentas anualmente. La omisión de un aparte fundamental incluido en el artículo 122 de la Constitución Política, a propósito del Acuerdo de Paz y que tenía que ver con la reinserción de excombatientes a la vida civil, derivaron en esa primera retirada. No obstante, el Gobierno se comprometió a radicarlo nuevamente.

Un segundo proyecto tiene que ver con acabar los famosos “pliegos sastre”. Es decir, aquellos que están hechos a la medida de ciertos proponentes en un proceso licitatorio, impidiendo la libre competencia y permitiendo que los recursos públicos lleguen a los bolsillos de unos cuantos. La iniciativa obliga a ampliar la figura a todas las entidades públicas y territoriales, con elementos estándar, pues las denuncias prácticamente a diario apuntan a que la contratación en el país está siendo “a dedo”.

Una tercera propuesta, de rango constitucional, propone que los delitos contra la administración pública sean imprescriptibles. Es decir, que su investigación nunca caduque. El argumento del Gobierno al respecto es que “esto sería provechoso puesto que, en muchas circunstancias, las redes de corrupción requieren investigaciones complejas, las cuales toman mucho tiempo”. Voces críticas de la iniciativa, no obstante, la han calificado de “desastrosa” y de “inconstitucional”. El Gobierno defiende su constitucionalidad alegando que en Colombia ya hay delitos de carácter imprescriptible, como los de genocidio, lesa humanidad y crímenes de guerra, y que, en todo caso, está llamado a proteger los bienes de la nación.

Las dos siguientes propuestas complementan el paquete legislativo desde el ámbito político. La una propone limitar a tres períodos la permanencia de los miembros en las corporaciones públicas (Congreso, asambleas, concejos y juntas de acción comunal), y la otra es una reforma política, la cual ha sido calificada por varios legisladores como incompleta. De hecho, una de sus principales críticas cuestiona que no se acaba con el origen político del Consejo Nacional Electoral. Apenas cuenta con tres artículos y, sin duda, constituye sólo un texto en borrador al que se le sumarán innumerables proposiciones y nuevos artículos cuando aterrice el debate en el Capitolio.

Así las cosas, el Congreso tiene, una vez más en sus manos, la posibilidad de abrir la discusión sobre una práctica delictiva que, según datos de la Contraloría, le cuesta al Estado $50 billones anuales. El reto será, ahora, lograr que avance en esta lucha, pese a que ya no tendría un mandato obligatorio, como sí lo permitía la consulta, para que legisle en el menor tiempo posible sobre la materia. ¿Será que esta vez sí? Lo dijo ayer la excongresista Claudia López: “Ya no hay plan C”.