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En varias regiones se han presentado bloqueos a las vías por parte de los campesinos. / Cortesía
“Yo sé que hace falta mucho, que hay muchas necesidades en el campo, hay gente inconforme. En estos momentos muchos están protestando en varias regiones del país, y están en todo su derecho. A ellos les pido excusas si no les han llegado los recursos que necesitan”. Con estas palabras, el presidente Juan Manuel Santos reconoció que, si bien su gobierno viene trabajando desde hace cinco años para cumplir las peticiones de las comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes, el abandono del campo en Colombia ha sido histórico. (Lea: Santos se disculpa por demora en la entrega de recursos para el sector agrícola)
De ahí que las 18 reuniones plenarias que se han realizado hasta el momento con la Mesa Única Nacional y las 75 con las mesas regionales de Arauca, Antioquia, Cauca, Catatumbo y sur de Bolívar no hayan sido suficientes. Los reclamos persisten, al igual que el inconformismo en las mesas regionales por el lento avance en el desarrollo de los acuerdos pactados en 2013. (Lea: Modelo económico, la razón del paro)
Incluso, en estos departamentos, donde más se caldean los ánimos a tres días de iniciada la minga agraria, hay acuerdos incumplidos desde mucho antes de existir la Constitución de 1991. Por eso los voceros regionales no sólo insisten en concretar partidas presupuestales para los pactos nacionales, sino también para cumplir los compromisos que menguarían el abandono. “No queremos en las mesas más funcionarios sin poder de decisión”, es la consigna de las organizaciones apostadas en las carreteras del país.
Arauca, banco de máquinas politiqueras
La mesa regional de este departamento fronterizo con Venezuela se pactó en febrero de 2013, a través del decreto 0285. La agenda contiene seis puntos: minero-energético, social (salud, educación, saneamiento básico), productividad (economía cooperativa y plan de vida), étnico (incluye acuerdos con pueblos indígenas y comunidades negras), derechos humanos, mano de obra, bienes y servicios.
Consideran que los avances no llegan ni al 20 % y critican que uno de los pocos acuerdos que se logró, el de construir bancos de maquinarias patrocinados por el Gobierno y las empresas petroleras que hay en la región, haya caído en manos de los politiqueros de la zona. “Se había acordado que fuera administrado por las comunidades organizadas, pero se entregó a los gobernantes de turno y nunca se generó la empresa comunitaria, como se acordó. Finalmente se convirtieron en empresas para pagar favores políticos”, señala.
La mesa se suspendió en septiembre de 2015, tras la reintegración de funcionarios del Gobierno de reunirse con las comunidades, pero decir que no tenían ningún poder de decisión. “Y teniendo en cuenta que la situación de derechos humanos del departamento está delicada, porque aparte empezaron a investigar a los dirigentes sociales que se movilizaron en 2013, dos de ellos estuvieron 13 meses en la cárcel, y también llegaron las amenazas de grupos paramilitares. Todo eso nos llevó a parar la interlocución hasta que el Gobierno dé una respuesta verdadera a los compromisos”.
Cauca, acuerdos antes de la Constitución
Si algo está en la memoria de los colombianos son los paros históricos que ha protagonizado el Cauca desde antes de que el país tuviera su reciente Constitución Política. En las movilizaciones de 1987, 1991, 1996, 1999, 2002 y 2014 se firmaron más de 800 acuerdos. La mayoría incumplidos, dicen las organizaciones que pertenecen al Congreso de los Pueblos en esa región.
Por ejemplo, César Willian Díaz, miembro del Comité de Integración del Macizo Colombiano, recuerda los pactos que se firmaron en el paro de Rosas en 1996. Se acordaron 4.500 hectáreas de tierra y se han entregado sólo 55. En vivienda rural hasta el 2014 sólo se había hecho un Conpes para 567 casas. Se pactaron 13 distritos de riego interveredales y regionales; el más importante es el del valle seco del río Patía, pero está totalmente incumplido. La implementación de la reserva de la biosfera Cinturón Andino Sur-Macizo Colombiano ni se ha tenido en cuenta, señala.
En pesos, no han cuantificado la deuda histórica que tiene el Ejecutivo con esta región, pero en sus registros aparecen documentos que tienen cifras, por ejemplo, de hasta US$12 millones de 1999. “Esto es porque el Gobierno no ha reconocido a las comunidades campesinas y ha priorizado a los gremios. No han apropiado recursos para cumplirnos, porque siempre han priorizado la política de agroindustria, monocultivos, y nunca la economía diversa y las propuestas de los campesinos. Hemos dicho que debe haber asignaciones presupuestales comprometiendo vigencias futuras, y un diálogo claro con el presidente Santos para que éste le ordene al ministro de Hacienda, que parece un semidiós, si pretenden que levantemos la movilización”, expresa Díaz.
Bolívar y Cesar, acuerdos empantanados
Gabriel Henao, vocero de la mesa regional del sur de Bolívar y centro del Cesar, dice que todos los acuerdos con esas comunidades están incumplidos. Ni siquiera la Corporación Autónoma Regional del Cesar (Corpocesar) ha cumplido con la formulación del Plan de Manejo de Humedales en las ciénagas El Congo, en San Martín; La Muzanda, en Barranca Lebrija; Doña María, en Puerto Patiño, Aguachica, y Baquero y Juncal, en Gamarra, además de repoblamiento en La Zapatosa, con cinco millones de alevinos, actividades que deben hacerse de manera concertada con la comunidad de pescadores, señala.
Además, dice que el Ministerio de Transporte y la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) se niegan a dialogar y concertar la problemática de la Ruta del Sol con la Comisión del Sur de Bolívar, Centro y Sur del Cesar.
“Queremos que el Gobierno se siente en la mesa para discutir los acuerdos incumplidos y que no vengan más funcionarios que digan que no tienen poder de decisión”, advierte Henao.
Catatumbo, crudos en garantías
El 2 de agosto de 2013, en el Acuerdo Social para el Catatumbo, quedó establecido que, además del pliego de peticiones que la Asociación Campesina discutiría en la mesa regional con el Gobierno, se comenzaría en la construcción y desarrollo de los acuerdos de confianza que incluyen temas en materia de salud, infraestructura, garantías y programas de sustitución de cultivos ilícitos. Los avances, según la Asociación Campesina del Catatumbo, han sido lentos. El mayor ha sido la reparación de cerca de 400 familias que fueron víctimas de la erradicación violenta fase 2 y 3 en el 2013. El 98 % de dicho proyecto ya se desarrolló y tuvo un costo de aproximadamente $12.000 millones, aunque está pendiente que el Gobierno haga una rendición de cuentas para saber cómo fueron invertidos esos recursos. Frente al compromiso de la construcción del Anillo Vial para la Paz (que comprende los municipios de Hacarí, San Calixto y El Tarra), los estudios están en fase II y III, con un presupuesto aproximado de $5.000 millones.
En el punto de garantías, el 90 % de lo acordado no se ha cumplido. Hay una persona condenada a ocho años de prisión por haber participado en una protesta y todavía no se sabe quién estuvo detrás del asesinato de cuatro líderes campesinos en junio de 2013. Se ha denunciado la reaparición del fenómeno paramilitar, sin que haya respuesta del Gobierno.
Del pliego de peticiones de la mesa, sólo se han abordado dos temas: creación de las zonas de reserva campesinas y programas de sustitución de cultivos ilícitos. Sobre ninguno de los dos ha habido consensos. Los otros temas aún no se han abordado. “Como campesinos, tenemos la voluntad política de avanzar, pero no se ve lo mismo por parte del Gobierno”, dice Olga Quintero.
En Antioquia, la mesa está estancada
La mesa en Antioquia, según sus representantes, ha tenido dificultades por un debate de competencias que no ha sido claro entre el Gobierno Nacional y el departamental. La sensación es que todo se delega a la mesa nacional y no ha sido posible darle vida política y debate a la mesa regional. La situación es tal que este año no se ha podido instalar la cumbre regional, a pesar de que había un compromiso escrito.
La preocupación principal está relacionada con la concentración de tierras, extranjerización, baldíos, entrega de títulos a multinacionales, hectáreas afectadas por megaproyectos, entre otros puntos considerados claves, sobre todo si se tiene en cuenta lo que se ha acordado en la mesa de diálogos de La Habana entre Gobierno y Farc. Las cifras indican, por ejemplo, que el departamento tiene el coeficiente Gini más alto de Colombia, superior a 0,9. El debate, señalan los voceros, no ha sido posible. “Solicitamos hacer un debate público sobre el tema de tierras y no se nos dio la posibilidad”, señala la vocera de la mesa, Isabel Cristina Zuleta.
Otro de los puntos en los que, aseguran, ni siquiera se pudo dar el debate fue el minero-energético. La gobernación anterior insistía en que era del orden nacional y que proyectos como Hidroituango —de mayoría accionaria del departamento— no se pueden tocar.
Sobre infraestructura se llegó a acuerdos puntuales sobre caminos de herradura, vías de acceso, terciarias y puentes, la mayoría sin cumplir.
Las garantías de seguridad también han sido mínimas. De hecho, el martes, varios voceros de la mesa recibieron llamadas amenazantes de las denominadas Autodefensas Gaitanistas asegurándoles que no tenían permiso para la movilización.
Por Edinson Arley Bolaños / Marcela Osorio Granados
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