Los retos de la seguridad en el posconflicto

El crecimiento de los cultivos ilícitos es uno de los principales problemas. / Archivo

La seguridad en el posconflicto es uno de los temas más delicados para la conservación de la paz. Si bien se trata de generar mecanismos para que exista mayor presencia del Estado y de la Fuerza pública en los territorios que antes estaban bajo el control de las Farc, las principales preocupaciones de los expertos que estuvieron en el foro “Seguridad y Posconflicto en Colombia” en la Universidad de los Andes son la capacidad financiera que pueda desplegar el Estado para responder a retos como la justicia, la estrategia para combatir las economías ilegales y la lucha contra las drogas, especialmente, la sustitución de cultivos ilícitos.

El primero en dar su opinión fue el alto consejero de la Presidencia para el Posconflicto, Rafael Pardo, quien dijo que el primer reto será estabilizar la seguridad en las regiones que antes controlaban las Farc. “La guerrilla va a dejar de estar en 102 municipios en 15 días. En ese tiempo tienen que moverse en 22 municipios y seis zonas de campamentos. Ese es el primer reto, estabilizar esos municipios y es una tarea primordial de la Fuerza Pública que pondrá a disposición miles de hombres. Es evitar que esos territorios que antes eran del control de las Farc sean ocupados por otros grupos armados”, precisó Pardo.

Asimismo, Pardo reiteró que los esquemas de seguridad de los miembros de las Farc, que tendrán los permisos de movilización para realizar pedagogía de los acuerdos de paz, serán de gran importancia. El alto consejero de la presidencia fue enfático en advertir que la sostenibilidad del proceso de paz depende de dos factores: evitar el incremento de la violencia y la coca. Frente al primero hizo referencia que desde el cese al fuego unilateral –y luego bilateral– se vio una reducción sustancial de los hechos violentos que ocurrían en el país en zonas donde parecía inimaginable. Tanto así que puso el ejemplo de que en Puerto Asís (Putumayo) ya cumplen 133 sin homicidios y en Caquetá se presentó este mes el menor índice de violencia en 40 años.

“Esa es la base de los acuerdos. La violencia es el principal enemigo”, manifestó Pardo. Frente al segundo tema, el narcotráfico, señaló que los cultivos de coca han aumentado de manera evidente y eso hace insostenible la paz. “Si hay matas de coca, alguien busca el control de la zona, la compra y la amenaza de la aparición de nuevos grupos armados es muy alta. Por eso la prevención es un tema importante”. También hizo referencia a que el aumento de hectáreas cultivadas corresponde a un aumento de la demanda local y no internacional. Es decir, el consumo interno en Colombia aumentó y más allá de ser un tema de política criminal es de salud pública.

Frente a esta problemática, Dan Restrepo, exdirector para Asuntos del Hemisferio Occidental del Consejo de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, tiene la misma visión: “La paz, con los altos niveles de cultivos ilícitos, es difícil de mantener porque abren un extenso campo para el retorno de la violencia. Las drogas es un lío de múltiples responsabilidades y no se soluciona con reducir los cultivos en Colombia”. Por eso explicó que en Estados Unidos se ha optado por ir transformando la estrategia de lucha contra las drogas.

“Tradicionalmente la estrategia estadounidense giraba en torno a la afectación que la droga generaba en su territorio. Sin embargo, los enfoques del Gobierno han cambiado, porque entendió que es necesario comprender cuáles son los problemas que existen en las calles de los países productores y que se trata tema de salud pública”, afirmó Dan Restrepo, quien agregó que la extensión del Plan Colombia por 15 años es una forma de Estados Unidos seguir vinculado a Colombia y en la lucha contra la drogas.

Por su parte, Adam Isacson, oficial de seguridad regional de la Oficina de Washington para Asuntos de América Latina (WOLA), centró su preocupación a los planes de consolidación de paz que se tienen a futuro. Si bien advirtió que en los primeros seis meses todo está asegurado, aqueda la preocupación inminente de afrontar los retos de la explosión del crimen organizado y el fortalecimiento de la institucionalidad en las regiones. “Con la desmovilización de las Farc no habrá otro grupo con capacidad de tener un alance nacional. Lo que ocurrirá será la proliferación de pequeños grupos con incidencia regional”.

Isacson planteó que el mayor de los problemas estatales y que ha permitido el arraigo de la violencia en las regiones es la corrupción. “Hay que cortar el oxígeno de las alianzas entre la política y los criminales. Para romperlas la mejor estructura es la justicia. Por eso la importancia de que autoridades judiciales como la Fiscalía y los jueces estén presentes en las regiones que son estratégicas para el crimen organizado. Pero en los planes de inversión en el posconflicto que he visto, pocos apoyan el incremento de la justicia. Hablan de unidades móviles de la Fiscalía, pero son medidas débiles. Es necesario fortalecer presencia estatal”, concluyó Isacson.

Para el funcionario de la WOLA que la inversión del posconflicto quede en manos del Ministerio de Hacienda y no, como se esperaba, en un Ministerio para el Posconflicto –que quedó reducido a una Alta Consejería–, es una situación complicada, pues los planes de inversión a futuro no están enmarcados en los acuerdos de paz.  En conclusión, Isacson argumentó que para dar seguridad al posconflicto se debe multiplicar la presencia del sistema de justicia, tener planes de financiamiento más allá de la respuesta inmediata y sostener un diálogo más directo con la población.

En una misma línea de pensamiento está María Victoria Llorente, directora de la Fundación Ideas para la Paz, quien dijo que la seguridad para el posconflicto debía tener en un principio una mirada a largo plazo, en la que se logré cerrar la brecha entre los modelos de seguridad y justicia en las ciudades y lo que sucede en las áreas rurales. “El foco esencial es el ciudadano y sus derechos. Eso implica cambios en el enfoque de la política criminal, especialmente en las zonas rurales donde la seguridad y la reconquista de territorios ha dejado en un segundo plano los derechos de la sociedad”, aseguró Llorente.

La directora de la Fundación Ideas para la Paz agregó: “¿Cómo puede un alcalde de un municipio afectado por el conflicto plantear una solución a los problemas de seguridad y convivencia con un presupuesto de  $50 millones? Esto lo hemos visto en muchas visitas que se han hecho en municipios de la Colombia profunda”. Llorente añadió que la paz y su legitimidad son transversales a la corrupción y la transparencia.

“La paz será tan buena o tan mala como los colombianos seamos capaces de implementarla (…) Cuando los conflictos terminan, la violencia continúa”, fueron las primeras palabras de Angelika Rettberg, la directora de la Maestría en Construcción de Paz de la Universidad de los Andes, quien sostuvo que mucho se sabe de los orígenes de la guerra pero poco de los efectos de la paz. Por esa razón, su planteamiento en temas de seguridad del posconflicto giró en torno a las economías ilícitas que surgieron gracias al conflicto. “Lo más grave es como esas economías ilícitas han permeado las instituciones del país. No solo es la coca, sino la aparición de la minería ilegal y la transformación de los actores.  Es la combinación de la financiación de las estructuras, pes en un momento cultivar coca se volvió más peligroso y políticamente costoso”.

“En Colombia el narcotráfico ha sido un combustible de la transformación y escalamiento del conflicto armado. Es la corrupción institucional al amparo del conflicto armado. Para nadie el narcotráfico se acaba con un acuerdo de paz entre el gobierno y las Farc, porque no desaparecen sus estructuras”, puntualizó Rettberg. Los nuevos retos, planteó la académica, son con la desarticulación de las bandas criminales, pues no están reclutando a viejos desmovilizados de la guerra sino a nuevas generaciones. “Es la estructura de incentivos  de las anomías ilegales”, sostuvo Rettberg al explicar que solo el 12% de los miembros de bandas criminales fueron formados por paramilitares.