En junio de 2012, el Congreso de la República aprobó una reforma al Régimen Municipal (Ley1551), que en su artículo 35 establecía que los concejos serían los encargados de elegir a los personeros, previo concurso público de méritos por parte de la Procuraduría. La intención apuntaba a despolitizar unas entidades que hoy son claves en la defensa de los derechos de los ciudadanos. Ese artículo, posteriormente fue declarado inexequible por la Corte Constitucional, que consideró que al darle al Ministerio Público esa facultad, se vaciaban de contenido las atribuciones constitucionales de los cabildos y se lesionaba la autonomía de las entidades territoriales.
El problema es que la obligación que tienen ahora los concejos municipales de realizar el concurso está llena de dudas e incertidumbres y, en muchos casos, desborda sus mismas capacidades logísticas. El Departamento Administrativo de la Función Pública, a través del decreto 2485 de 2014, estableció las etapas a seguir en el proceso: convocatoria, inscripción de aspirantes y pruebas, que incluyen un examen de conocimientos (equivalente al 60 % de la calificación final), valoración de estudios y experiencia (30 %), y entrevista (que representa el 10 %).
Pero al mismo tiempo abrió la puerta para que los concejos municipales pudiesen realizar “convenios interadministrativos con organismos especializados, técnicos e independientes”, para el diseño y realización de las pruebas. Y no despejó una de las grandes dudas: ¿Quién debía hacer el concurso, los concejos actuales o los que llegan el 1° de enero? Tras una consulta al Consejo de Estado, este resolvió salomónicamente que la convocatoria y las pruebas las deberían hacer los concejos que sesionan actualmente, mientras las entrevistas y la elección deberán hacerlas los que lleguen el próximo año.
Un cruce de competencias que ha generado más líos. La realización del concurso tiene un valor estimado entre 14 y 25 millones de pesos, dependiendo de la categoría del municipio, y muchos cabildos alegan no tener ese dinero. Ante esta situación y tras una reunión entre Procuraduría, Función Pública, la Comisión Nacional del Servicio Civil, el Ministerio del Interior y la ESAP, se le pidió a esta última entidad encargarse de los exámenes y convenir con los concejos para hacer el concurso gratis.
Sin embargo, muchos ya habían adelantado contratos con universidades para su realización, pese a que la Procuraduría había advertido que quien incurra en ese tipo de gasto, sabiendo que la ESAP lo hace gratis, estaría cometiendo detrimento patrimonial y podría ser sancionado. El tiempo corre y ya se venció el plazo para enviar los documentos con el fin de suscribir convenios con la ESAP para realizar los concursos, con la advertencia de que solo se abrirá convocatoria con los municipios que entregaron la totalidad de dicha documentación requerida. Según la información, cerca de 140 concejos fueron avalados y además se conoce de una demanda, pues la decisión de que la elección de los personeros fuera por concurso tenía que haberse hecho vía acto legislativo en el Congreso.
El temor que expresa la Federación Nacional de Personeros (Fenalper) es que se va a generar un vacío, pues no se va a poder cumplir con la norma que estipula que la elección se debe hacer en los primeros diez días de iniciado el nuevo período de los concejos y se va a generar provisionalidad en muchos casos. Eso sin contar las demandas que se ven venir por quienes sean excluidos o pierdan el concurso, como siempre sucede. ¿Qué va a pasar también con los concejos que ya contrataron con otras entidades diferentes a la ESAP, como sucede en Medellín, Pereira o Cali? Ese es otro embrollo.
Y no faltan los rumores. En voz baja, sin que nadie se atreva a dar nombres, se dice que en algunos sitios, cuando los concejos comenzaron a contratar la prueba, ya tenían el personero montado, buscando dejar amañados todos los contratos y para que el nuevo alcalde que se eligiera tuviera garantizado un control político irreal. Hasta hablan de concejales que pusieron plata para pagar el concurso y llevar a su candidato, incluyendo la posibilidad de que la prueba de conocimientos les fuera filtrada.
Y, por supuesto, hay que tener en cuenta el pulso político, pues la meritocracia les quita a los partidos unas oficinas que en muchos sitios se habían convertido en instrumento para pagar favores. El concurso hará que a las personerías llegue gente preparada y con conocimientos en temas de derechos humanos, de posconflicto, de víctimas, de construcción de paz y disciplinarios. Lo que está en juego es nada más ni nada menos que el ejercicio del control municipal, en lo contractual, en las licitaciones o en la adjudicación de contratos, entre otros temas claves.
El Espectador conoció que una de las propuestas que comienza a abrirse paso es que se prolongue transitoriamente el período de los actuales personeros, mientras se surte el concurso, se despejan las dudas y se garantiza su transparencia. Una salida poco viable, pues se necesitaría tramitar una ley en el Legislativo. Las personerías son las entidades encargadas de garantizar los derechos de las víctimas del conflicto armado y van a jugar un papel fundamental en el posconflicto, por ejemplo, en la implementación de los acuerdos y en el acompañamiento de la desmovilización, el desarme y la reincorporación de los excombatientes.