Los vaivenes del sometimiento a la justicia

 Hace 32 años, a punto de estallar la guerra narcoterrorista de Pablo Escobar Gaviria, cuando el entonces ministro de Justicia Rodrigo Lara encaraba al narcotráfico a través de sus debates en el Congreso, los  promotores del tráfico de drogas expusieron por primera vez su idea de la rendición a cambio de beneficios judiciales.  Fueron varias reuniones en el despacho del entonces procurador general de la Nación, Carlos Jiménez Gómez, a las cuales acudieron representantes del narcotráfico para buscar acercamientos y ofrecer su entrega voluntaria a la justicia y, de esta manera, evitar una confrontación armada que ya era inminente. (En Contexto: Puerta abierta al sometimiento de las bandas criminales)

Esta iniciativa no prosperó y el ministro Rodrigo Lara Bonilla fue asesinado el lunes 30 de abril de 1984. Cuando el gobierno de Belisario Betancur afilaba su arma de la extradición y comenzaba a responder con esta figura jurídica a la violencia planteada por Pablo Escobar y sus aliados, los principales capos del narcotráfico recobraron su fórmula del sometimiento a  la justicia a cambio de trato benevolente. Por mediación del ingeniero Santiago Londoño White, el mismísimo capo Escobar y su socio Jorge Luis Ochoa le entregaron al expresidente liberal Alfonso López Michelsen una propuesta para desmontar su negocio ilícito.

El paquete ofrecido por los narcotraficantes incluía repatriar capitales, retirarse de la política y colaborar con el gobierno para erradicar el consumo de droga. El exmandatario Alfonso López llevó personalmente el mensaje al presidente Belisario Betancur, y éste comisionó al entonces ministro de Comunicaciones, Bernardo Ramírez, para planear un nuevo acercamiento con los capos. El contacto tuvo lugar en Panamá a finales de mayo de 1984, y del mismo quedó un documento que días después fue llevado al gobierno. Por supuesto, como ahora con el clan Úsuga, la exigencia mínima de los narcotraficantes era la no extradición. (Lea también: Las claves del proyecto de sometimiento de las bandas criminales)

En su libro ‘Testigo del diluvio’, el exprocurador Carlos Jiménez Gómez dejó su relato pormenorizado de ese proceso. Su reunión con los principales capos del narcotráfico se hizo entre el 26 y 27 de mayo de 1984, y por sugerencia del presidente Betancur, una copia del documento que registraba los acercamientos fue entregada para su estudio a un consejero de la embajada de Estados Unidos en Bogotá. Sin embargo, antes de que la iniciativa cobrara forma, la información se filtró a la prensa que divulgó los detalles de la propuesta. En adelante, en vez de que ésta prosperara, se desató un escándalo político que incentivó la guerra.

Entonces vinieron años dolorosos para el país. Los crímenes políticos, las masacres o los carros bomba fueron protagonistas de la despiadada ofensiva del narcotráfico contra el Estado y la sociedad colombiana. En 1989, cuando la violencia narcoterrorista ya había asesinado al director de El Espectador Guillermo Cano, al procurador Carlos Mauro Hoyos o  al candidato presidencial Luis Carlos Galán, entre decenas de magnicidios y crímenes políticos, volvió a aflorar la estrategia de rendición a la justicia a cambio de beneficios jurídicos. En esta ocasión, el asunto trascendió justo en el momento en que la guerra terrorista arreciaba en Colombia.

Corría la primera semana de octubre  de 1989. El gobierno liberal de Virgilio Barco acababa de promover un relevo en su gabinete ministerial para afrontar un triple reto: sacar adelante una reforma constitucional que se tramitaba en el Congreso, hacer lo mismo con una ley de amnistía que buscaba sellar la paz con el M-19 y requería consenso político y, por supuesto, diseñar la forma idónea de enfrentar a las mafias del narcotráfico. En ese momento, la política estaba al rojo vivo y la cacería de brujas por los rumores de vínculos de congresistas con los barones de la droga eran el pan de cada día en un país amedrentado por los carros bomba.

Entonces estalló el escándalo. La prensa divulgó que, con mediación del exministro antioqueño Joaquín Vallejo Arbeláez, para buscar su sometimiento los narcotraficantes del Cartel de Medellín  habían sostenido diálogos con el gobierno de Virgilio Barco. Con el paso de los días se supo que el abogado Guido Parra, cercano a Pablo Escobar, estaba detrás de la iniciativa. Fue él quien habló con el exministro Joaquín Vallejo, y luego concretó una reunión con Pablo Escobar, para que se diseñara la ruta jurídica y con su consenso se permitiera que la fórmula de los narcotraficantes para su rendición llegara hasta los escritorios oficiales.

Como en los tiempos del ministro Rodrigo Lara Bonilla, los capos del narcotráfico ofrecieron cesar la violencia, entregar sus armas, desmontar sus laboratorios, acabar con el negocio ilícito y someterse a la justicia, a cambio de suspender la extradición a Estados Unidos. Ese paquete lo llevó al gobierno el exministro Joaquín Vallejo, y su interlocutor fue el entonces secretario de la Presidencia, Germán Montoya Vélez. Este último funcionario admitió después que recibió a Vallejo Arbeláez por tratarse de un amigo, pero que le dijo claramente que en esos momentos no había diálogo posible entre el gobierno y el narcotráfico.

No obstante, a espaldas de Germán Montoya y del propio gobierno Barco, el exministro Joaquín Vallejo redactó un modelo de preacuerdo que discutió con la cúpula del Cartel de Medellín, integrada por Pablo Escobar, Gonzalo Rodríguez Gacha y Jorge Luis Ochoa. Ese documento, según admitió después Guido Parra, fue el mismo que Vallejo hizo llegar a la Casa de Nariño. Aunque nunca prosperó la idea, cuando se conocieron los pormenores del acercamiento, sí provocaron escándalo porque apenas dos meses atrás había sido asesinado Luis Carlos Galán y la guerra narcoterrorista no daba tregua en las ciudades.

El secretario de la Presidencia, Germán Montoya, tuvo que expedir un comunicado público en el que calificó de “calumniosas e injuriosas” las acusaciones al gobierno Barco, y puntualizó que nunca el Ejecutivo tuvo interés por responder la propuesta de los narcotraficantes. El entonces recién estrenado ministro de Gobierno, Carlos Lemos, se vio forzado a expedir otra declaración en la que reconoció que si se había recibido una propuesta de rendición de los narcotraficantes, de manos del exministro Joaquín Vallejo, pero que la respuesta del Ejecutivo, en plena confrontación con el narcotráfico, había sido de negativa a esa opción judicial.

“No hubo, no hay y no habrá diálogos con los narcotraficantes”, puntualizó una y otra vez el ministro Carlos Lemos. Sin embargo, hasta finales de ese doloroso 1989, el tema de la fallida negociación fue motivo de permanente discordia política. Con el paso de los días quedó claro que, como antaño, la fórmula que quisieron posicionar las organizaciones criminales era retirarse del negocio de la droga, entregar sus armas y colaborar con el desmantelamiento de bandas, a cambio de acabar con la extradición, gestionar una amnistía patrimonial para sanear sus capitales y extender beneficios a grupos auxiliares como el MAS.

Era también la primera vez que disimuladamente los narcotraficantes buscaban un atajo para exculpar también al paramilitarismo, cuyas huestes ya hacían estragos en Colombia. En diciembre se hundió la reforma constitucional en el Congreso porque sus mayorías quisieron añadirle un referendo en favor o en contra de la extradición, y fue entonces cuando el presidente Virgilio Barco decidió que el camino a seguir era buscar los cambios institucionales a través de una Asamblea Nacional Constituyente. En cuanto al narcoterrorismo de Pablo Escobar, se optó por la única alternativa viable en ese momento: la confrontación armada.