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El exgobernador de Antioquia Luis Alfredo Ramos seguirá recorriendo el país. Y lo hará con el único fin de fortalecer su perfil político ante el panorama electoral que se acerca en las elecciones de 2018. Pero, eso sí, con la única premisa de que él no es un hombre que haga fraude. “Mi vida ha sido limpia. He sido un hombre recto. Jamás he entregado dineros para hacer cosas sucias y saldré muy bien librado de toda esa información”, le dijo Ramos esta semana a Noticias Caracol, luego de conocerse que, según la Fiscalía, existen pruebas que demostrarían que él les habría pagado a magistrados de la Corte Suprema de Justicia para salir bien librado del proceso que cursaba en su contra. Sobre todo, porque el abogado que llevó su caso resultó siendo Luis Gustavo Moreno, exfiscal Anticorrupción, hoy investigado por corrupción. (Lea: Luis Alfredo Ramos, entre la justicia y la política).
Como se sabe, hace cuatro años y para la misma época, es decir, cuando Ramos anunció sus pretensiones presidenciales, el alto tribunal ordenó su detención por presuntos nexos con el paramilitarismo. Un hecho que apenas hasta finales del año pasado comenzó a aclararse cuando se le concedió la libertad provisional y, más aún, luego de haberse comprobado que dicho proceso estuvo rodeado de falsos testigos. Y aunque queda pendiente el fallo —aparentemente absolutorio— con el que Ramos retomaría de lleno su carrera política, este nuevo episodio parece que se ha convertido en el punto final que acabaría de lleno con las inconclusas intenciones electorales que tuvo en 2014.
Luis Alfredo Ramos, indudablemente, es un jeque de la política. Durante el gobierno del expresidente Álvaro Uribe fue elegido gobernador de Antioquia y su cercanía con el hoy senador del Centro Democrático ha hecho que, diez años después, siga siendo de sus alfiles más cercanos. Por eso, su nombre (aunque no formalmente) siempre ha estado incluido dentro de la baraja de precandidatos presidenciales del uribismo y, tal vez, es el más fuerte dentro de los que hasta el momento han dicho que quieren competir por la candidatura única. Pero, ¿ha cambiado el escenario con los nuevos señalamientos en su contra? Aparentemente sí. (Lea: ¿Quién se queda con Luis Alfredo Ramos?)
Voces afines a Ramos dentro del Centro Democrático y que, a ojo cerrado, apoyaban su precandidatura, afirman que el nuevo proceso que se le abriría en la Corte Suprema de Justicia (si hay mérito para ello) da un golpe certero al aval que podría recibir del uribismo como candidato único. “Es un abuso de la Corte seguir persiguiendo a Ramos. Mucho creemos que es una injusticia absoluta, pero hay otros acá en el partido que están felices porque sienten que se quitaron al único contendor duro que los podía derrotar”, expresó un dirigente del partido del expresidente Uribe a este diario. Y aunque nadie lo reconoce, se dice que esos sectores serían los afines al precandidato Iván Duque y sus allegados, como el senador José Obdulio Gaviria.
Desde la otra orilla, la que no apoya a Ramos, afirman que el tiempo apremia y que, a más tardar en tres meses, el Centro Democrático tendrá que elegir a su candidato único. Por eso, aseguran que no pueden esperar a que la Corte Suprema de Justicia —en caso de abrirle un proceso formal al exgobernador— decida sobre su situación jurídica. Sin embargo, sí reconocen que “veíamos a Uribe dándole tiempo a Luis Alfredo esperando a que se resolviera su situación, que parecía apuntar a que fuera absolutoria. Pero ahora, con esto, creemos que su candidatura queda sepultada”, señaló otro prominente uribista.
Lo cierto es que lo que tiene molestos a varios congresistas y militantes del Centro Democrático, además de no reconocer a Ramos como un “pura sangre” uribista por sus raíces conservadoras, es el hecho de que ha sido el único que no se ha “lanzado al agua” abiertamente, mientras que los otros precandidatos sí han participado ya en 12 foros sobre sus propuestas presidenciales. En todo caso, tanto Ramos como su hijo Alfredo, hoy senador, no descartan intenciones políticas detrás de los escándalos que siguen poniendo en tela de juicio su nombre ante la opinión pública. “Sabemos que en una época preelectoral, a una persona como mi padre, que tiene posibilidades de ganar, evidentemente cualquier hecho puede considerarse político”, dijo el congresista. Ahora, es cierto que el tiempo corre, pero la justicia no puede trabajar al ritmo que le convenga a la política, y menos a la hora de tomar decisiones que busquen acabar con otro de los tantos males que aquejan al país: el cáncer de la corrupción.