Ahora el último escalón de este proyecto, que reglamenta el acto legislativo que fortalece el fuero militar, se surtirá en la plenaria de la Cámara de Representantes.
El texto aprobado por el Senado tipifica una serie de conductas que en ningún caso serán conocidas por la justicia penal militar, como los llamados falsos positivos, los delitos sexuales y los delitos de lesa humanidad como el genocidio, entre otros. Sí conocerá, en cambio, sobre investigación y juzgamiento de los miembros de la Fuerza Pública que incurran en delitos contra el derecho internacional humanitario.
El proyecto de ley estatutaria creará una justicia penal militar autónoma e independiente del mando militar.
El senador Juan Manuel Galán, ponente del proyecto, agradeció a sus homólogos el apoyo a la iniciativa y afirmó que las preocupaciones de Naciones Unidas y Amnistía Internacional sobre una posible impunidad a los delitos cometidos por miembros de la Fuerza Pública no tienen asidero. “Ya quedó establecido como norma de rango constitucional que los falsos positivos deben quedar en la justicia ordinaria, por lo que este proyecto no puede cambiar ese parámetro, ya que es una iniciativa de menor rango”, explicó.
Galán precisó que “el artículo 96 estableció que la última palabra en materia de conflicto de competencias la tiene la Corte Suprema de Justicia con el recurso de casación, lo que hace que todo, al final, quede en manos de la justicia civil”, sostuvo.
El senador liberal también descartó la posibilidad de que los casos que investiga la Fiscalía sobre graves violaciones a los derechos humanos por parte de uniformados continuarán en manos del ente acusador. “Quedó la Fiscalía facultada durante un año para hacer la verificación de cada proceso que esté en conflicto de competencias”, señaló.
El proyecto, en su artículo 39, protege el derecho fundamental a la presunción de inocencia de los uniformados señalados de incurrir en delitos. En ese sentido, establece que “en los procesos judiciales contra miembros de la Fuerza Pública, la Fiscalía o el órgano competente de la jurisdicción militar y policial tendrá siempre la carga de la prueba de la comisión de una conducta punible (...)”.
En el debate, el ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, expresó su gratitud con el Senado por “brindarle la seguridad jurídica” que reclamaba la Fuerza Pública. “Estamos aquí porque se necesita que en el marco de la democracia el instrumento para la defensa de los ciudadanos, la Fuerza Pública, tenga un marco para su juzgamiento a la luz de la Constitución y el Derecho Internacional Humanitario”, dijo Pinzón.
La plenaria de la Cámara convocó desde hoy a las 8:00 a.m. el debate para surtir la última discusión a la polémica iniciativa.