Magistrado Novoa, encargado del caso de la campaña de Santos en 2010

Armando Novia fue elegido por sorteo para determinar las razones por las que se debe iniciar una investigación sobre la financiación de la campaña de Santos Presidente en ese año.

Armando Novoa, magistrado del Consejo Nacional Electoral. Archivo

El magistrado del Consejo Nacional Electoral (CNE), Armando Novoa, fue elegido mediante sorteo para encargase del caso de los recursos irregulares que ingresaron a la campaña del presidente Juan Manuel Santos en 2010. (Lea: CNE estudiará si puede investigar campaña Santos 2010)

Tendrá que determinar la posibilidad de levantar la caducidad de las cuentas de la campaña de Santos, lo que permitiría abrir una investigación y sancionar. (Lea también: ‘Afiches de Odebrecht ayudaron a Santos, pero sin ellos también hubiera ganado’: Mockus)

El magistrado deberá estudiar y determinar los motivos, favorable o no, para iniciar una investigación en contra de la campaña a la presidencia de Santos en 2010, ya sea por la violación de los topes de campaña o por el ingreso de dineros de persona jurídicas, prohibido por la normatividad electoral. La primera etapa podría durar un período de tres meses. 

En todo caso, si hay motivos para abrir una investigación, la ponencia que realice Novia, como magistrado encargado del caso, debería ser votada por los nueve magistrados que conforman en CNE en plenaria.

En miércoles, el presidente Santos pidió a Juan Fernando Cristo, ministro del Interior, que indagara sobre la posibilidad de revocar la caducidad de esas cuentas, que quedaron en el centro de la polémica luego de que Roberto Prieto, quien fue el gerente de esa campaña, confirmara que unos dos millones de afiches habían sido financiados con recursos de la multinacional Odecrecht.

No obstante, muchos especialistas han señalado que no hay ninguna posibilidad de que se pueda abrir una investigación, debido a que la definición jurídica de la caducidad así lo estipula.

De acuerdo con la normativa, el CNE tiene la facultad de investigar y sancionar dentro de los tres años siguientes a la realización de las elecciones, caso que no es el de las elecciones de 2010, que sucedieron hace siete años.