Marco Jurídico de las Farc

Gobierno les ha hecho saber a los negociadores de la guerrilla que crímenes de lesa humanidad exigen que haya investigación, juzgamiento y condena.

El presidente Santos y el comisionado de Paz, Sergio Jaramillo, antes de intervenir ante la Corte Constitucional en defensa del Marco para la Paz. / David Campuzano
El presidente Santos y el comisionado de Paz, Sergio Jaramillo, antes de intervenir ante la Corte Constitucional en defensa del Marco para la Paz. / David Campuzano

El jueves pasado, mientras en la Corte Constitucional se vivía un duro pulso entre defensores y detractores del acto legislativo denominado Marco Jurídico para la Paz, en La Habana, sede de los diálogos entre el gobierno del presidente Juan Manuel Santos y las Farc en la búsqueda de un acuerdo para ponerle fin al conflicto, la delegación guerrillera tomaba atenta nota y sacaba conclusiones. Y aunque en un comunicado de septiembre de 2012 las Farc habían calificado dicha norma como un “adefesio” y un “ultimátum” para obligarlas a firmar la paz “de rodillas, rendidas y desmovilizadas”, la audiencia pública sirvió para entender que de una u otra manera dicho Marco Jurídico puede significar un “blindaje” ante los requerimientos que en su momento puedan hacer los tribunales internacionales.

En otras palabras, la guerrilla tiene que aceptar que una cosa es su paz, otra la del Estado colombiano y otra la de organismos como la Corte Penal Internacional. Y según fuentes cercanas al proceso, el Gobierno ya les ha hecho saber a sus negociadores que, si bien se podrían manejar fórmulas jurídicas para saldar ciertos delitos, los crímenes de lesa humanidad —sobre todo el reclutamiento de menores, el desplazamiento, la desaparición y el secuestro— obligan a que haya investigación, juzgamiento y condena. Este concepto choca con la postura que las Farc también le han presentado al Gobierno, la cual les ha dado argumentos a los enemigos del proceso de paz para decir que lo que quieren es impunidad, que no están dispuestas a pagar un solo día de cárcel.

Un tire y afloje que —lo saben las partes— tarde o temprano iba a llegar. Por algo el fiscal general, Eduardo Montealegre, dio recientemente un viraje en su posición de que ningún miembro de la cúpula de las Farc estaba condenado por delitos de lesa humanidad, lo que facilitaba su participación en política. En declaraciones a los medios dadas a comienzos de mes aseguró que ve cada vez más lejana esa posibilidad “porque la consolidación de pruebas permiten tener un enfoque de eventuales delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra de los jefes guerrilleros”. Y por algo la Unidad Antiterrorismo del ente acusador abrió investigación tras el ataque ocurrido la semana pasada en Arauca, en el que murieron 14 militares, algunos ejecutados con tiro de gracia, según estableció Medicina Legal.

Pero las Farc tendrían su propia propuesta de Marco para la Paz. Aunque aún no ha sido llevada a la mesa, El Espectador conoció que ante la imposibilidad de un indulto o una amnistía creen posible que haya condenas, pero que se aplique la suspensión de la ejecución de las penas privativas de la libertad. Una figura jurídica que de todas maneras tendría que reglamentarse —y para eso podría servir precisamente el Marco Jurídico que estudia la Corte— y que no acalla las voces de los que claman verdad, justicia y reparación para las víctimas. En la disyuntiva habría surgido también la idea de que la cúpula de la guerrilla se quede en Cuba, una vez firmada la paz, y que la inmersión en política sea liderada por los mandos medios, a través de una coalición de movimientos sociales, campesinos y de izquierda.

Pero además, a propósito de las protestas sociales de los últimos días en el país —que las Farc dijeron apoyar y a las que ofrecieron, en el caso del Catatumbo, apoyo en hombres y armas, lo que cayó muy mal en el Gobierno—, otra idea apuntaría a una especie de “constituyentes regionales”, de tal manera que sea el pueblo el que decida sobre asuntos de interés general, como por ejemplo la explotación minera en su territorio. Y sobre el espinoso asunto de la entrega de las armas, se dice que algunos de los jefes subversivos en La Habana creen que ese es un compromiso adquirido al sentarse a negociar, mientras que otros consideran que aquéllas son las que les dan el poder y que no es conveniente darlas en su totalidad.

Propuestas que se plantean por ahora en voz baja, mientras el reloj sigue corriendo para el Gobierno, que definitivamente no quiere que el proceso de paz se le cruce con la campaña electoral, más allá de si Santos buscará o no la reelección. Aunque nadie lo reconoce, El Espectador supo que ya habría un borrador de acuerdo final, que noviembre es por ahora el límite para su firma y que así lo entienden las Farc. Las partes saben que, si bien las encuestas hechas en junio mostraban un incremento en el respaldo a la búsqueda de la paz (el 70% de los colombianos apoya el proceso, según un sondeo de Gallup), hechos como los mensajes al Catatumbo y la emboscada en Arauca minan la confianza pública. Y el Gobierno considera que con un respaldo menor al 30% es muy difícil hacer la paz.

Además, el actual es un escenario político turbulento, en el que el sol ya da a las espaldas del jefe de Estado y comienza a palparse el desgaste después de tres años de administración, más aún con la acérrima oposición del expresidente Álvaro Uribe, que, quiérase o no, sigue teniendo acogida en muchos sectores del país. Hay quienes dicen que Santos ya ha comenzado a sentir en carne propia la soledad del poder, que la Unidad Nacional, de puertas para adentro, muestra fisuras irreparables en la actual época preelectoral, con los partidos de la U y Verde en peleas internas, los conservadores dando señales de querer irse con Uribe y un Cambio Radical sin brújula.

El Partido Liberal es hoy su único soporte y los sondeos internos no muestran repunte en la favorabilidad presidencial, pero sí poco entusiasmo frente a los diálogos de paz. Como quien dice, Santos vive su propia encrucijada en el alma, y aunque el deseo interno pueda ser no buscar otros cuatro años en el poder, sabe que su urgencia es el fin del conflicto y que sólo la continuidad garantiza que el barco de la paz llegue a buen puerto. Porque lo que también se dice es que Germán Vargas Lleras le ratificó esta semana su lealtad, pero que si no va por la reelección buscará reemplazarlo y darle continuidad a muchas de sus políticas menos una: la del proceso de paz con las Farc.

Una ronda más en La Habana

Mañana, cuando los negociadores del Gobierno y las Farc vuelvan a la mesa para iniciar una nueva ronda de conversaciones en La Habana —sobre el tema de participación en política—, la consigna es acelerar para lograr un acuerdo final. Lo que se quiere es neutralizar las voces pesimistas que se escuchan con insistencia en el país, en el sentido de que no se va para ningún lado.

Iván Márquez mantendrá la vocería, pues Pablo Catatumbo estaría afrontando problemas de salud. Asimismo, se rumora sobre una preocupación por la actitud del bloque Sur de las Farc, que comanda Joaquín Gómez, por su nulo interés en el proceso. De cualquier manera, los negociadores en Cuba le han hecho saber al Gobierno que la eventual firma de un acuerdo sería a nombre de toda la organización.