El Gobierno del presidente Santos estaría estudiando la posibilidad de aplicar la cesación de la pena para los miembros de las Fuerzas Militares condenados en diferentes casos, como por los hechos de la retoma del Palacio de Justicia en 1985, a través del acto legislativo conocido como Marco legal para la paz, que actualmente se tramita en el Congreso.
Según conoció El Espectador, el objetivo es modificar la actual redacción del proyecto que dice: “La aplicación de instrumentos de justicia transicional a grupos armados al margen de la ley que hayan participado en las hostilidades, se limitará a los miembros de aquellos grupos que hayan suscrito un acuerdo de paz y a quienes se hayan desmovilizado de conformidad con los procedimientos establecidos y con la autorización del Gobierno Nacional”.
La idea ahora es que este beneficio no sea sólo para quienes “hayan suscrito un acuerdo de paz”, sino para los “actores del conflicto interno”. La tesis que manejan en la Casa de Nariño es que así podrían beneficiarse los militares y, además, llevarse a cabo desmovilizaciones masivas de las Farc sin entrar en diálogo con el secretariado. Mejor dicho, el Gobierno podría entrar a negociar de forma directa con los comandantes de los frentes guerrilleros que quieran dejar las armas.
De hecho, ya el ministro de Justicia, Juan Carlos Esguerra, —durante los debates del Marco legal para la paz en el pasado período legislativo— había dado lo que puede considerarse como las primeras señales en ese sentido. Durante el tercer debate en la Cámara de Representantes, el funcionario reconoció que, teniendo en cuenta que las Fuerzas Militares sí forman parte del conflicto armado, eventualmente podrían ser cobijadas por la iniciativa. El meollo del asunto es aplicarlo con retroactividad.
Hoy es claro que la ratificación por parte del Tribunal Superior de Bogotá de la condena a 30 años del coronel Alfonso Plazas Vega, por las desapariciones tras la retoma del Palacio de Justicia en 1985, ha abierto el debate sobre qué hacer con los miembros de la Fuerza Pública acusados y condenados por esos hechos, por los cuales además ya se ha perdonado e indultado a los miembros del M-19, el grupo guerrillero responsable del cruento ataque.
El procurador general, Alejandro Ordóñez, puso ayer el dedo sobre la llaga al señalar, en entrevista para la FM Radio, que “sí debe haber una iniciativa de perdón para los militares del Palacio de Justicia” y que “nadie se puede escandalizar” por ello. Una postura que para muchos tiene que ver con un tema polémico, que ya se ha insinuado en el pasado: la implementación de una ley de punto final que abra la puerta a la solución definitiva del conflicto colombiano.
De hecho, la semana pasada en entrevista para CNN, el expresidente Álvaro Uribe habló de una reforma constitucional que implique la excarcelación de Plazas Vega, sin que se archive el proceso judicial. “Una especie de excarcelación sin levantar la condena y darle una nueva oportunidad judicial”, dijo. Y más recientemente el analista Alfredo Rangel conceptuó que es hora de comenzar a pensar “en un nuevo instrumento de justicia transicional, sea una ley de punto final o la reforma de la ley actual, que permita que miembros de las Fuerzas Militares, acusados de violaciones a los derechos humanos, puedan recibir un tratamiento equitativo por parte de la justicia a cambio de la verdad”.
Para la Comisión Colombiana de Juristas, una ley de perdón para delitos de lesa humanidad o graves violaciones a los derechos humanos, como es el de las desapariciones del Palacio de Justicia, sería ilegal a la luz del derecho internacional. Sin embargo, el presidente de la Cámara de Representantes, Simón Gaviria, cree que es posible crear un marco jurídico para la suspensión de la pena.
“No se puede pensar en la posibilidad de una ley de punto final o perdón y olvido, porque la jurisprudencia, en materia de conflicto, no lo permite, ya que exigen estándares de verdad, justicia y reparación que no son compatibles con la posibilidad de promover el perdón y el olvido. Pero podría haber un mecanismo de suspensión de la pena, que está más acorde con la normatividad y actualmente el Marco jurídico para la paz podría ser una norma que se adecuaría a la posibilidad de la cesación de la pena”, explicó Gaviria.
En 2007, cuando el gobierno Uribe buscaba un marco jurídico para la excarcelación de miembros de las Farc y de quienes hubiesen tenido vínculos con los paramilitares —como opción de buscar la paz— se habló también de excarcelación sin levantamiento de las responsabilidades penales. Según Uribe, en el proceso de paz de Irlanda del Norte, el gobierno británico aceptó excarcelar unas gentes del Ira condenadas por las mayores atrocidades, pero no les levantaron la responsabilidad final, lo que implica un antecedente importante.