:format(jpeg)/www.elespectador.comhttp://thumbor-prod-us-east-1.photo.aws.arc.pub/fmWvdJtRQwfD2A4AkHJDFlfGX6s=/arc-anglerfish-arc2-prod-elespectador/public/DCB6YN2NW5H2PCFWF7XWVKWOJ4.jpg)
La delegada del Ministerio Público para asuntos electorales, María Eugenia Carreño, aseguró que en los últimos meses han sido radicadas ante la Procuraduría quejas disciplinarias en contra de un grupo de senadores y representantes a la Cámara por el recibimiento de cupos indicativos.
Para el organismo disciplinario, la entrega de estos cupos no pueden ser catalogados como "anormales". "Ojalá todos los congresistas pudieran beneficiar a sus regiones, eso ni es ilegal, lo ilegal es que los recursos hubieran sido utilizados de manera incorrecta como contratación excesiva, innecesaria e indebida", señaló la funcionaria que, además, advirtió que sí se está investigando si recursos para inversiones sociales fueron usados de manera ilegal.
Desde el 2000, cuando quedaron reglados los cupos indicativos, han sido objeto de controversia. Se trata de un presupuesto que es incorporado al presupuesto nacional y que se asigna a los distintos departamentos y entes territoriales de acuerdo a las peticiones de los parlamentarios que identifican obras necesarias en las regiones.
Ese año, el actual presidente Juan Manuel Santos, por entonces ministro de Hacienda, sostuvo que cuando se asignan cupos indicativos "no hay una transferencia justificada de recursos públicos para un particular, pues esas partidas se canalizan a través de entidades territoriales para atender necesidades de las comunidades. Es claro que no existen partidas para ser distribuidas entre los congresistas con destinación a obras y servicios que estos determinen".
Según la Corte Constitucional, en un concepto emitido en 2001, los parlamentarios sí pueden sugerir las obras a las cuales se les asignan esos presupuestos, pero esas sugerencias no son de obligatorio cumplimiento por parte del gobierno ni por las entidades territoriales.
Desde entonces, los sectores de oposición a los sucesivos gobiernos, han dicho que los cupos son una forma de asegurar la favorabilidad de los gobiernos en el parlamento, e incluso, de financiar las campañas de los congresistas para favorecer sus grupos políticos regionales o sus propias reelecciones.
El año pasado, el debate se avivó cuando desde sectores de oposición a la Unidad Nacional, como el conservador José Félix Lafaurie, se sostuvo que la 'mermelada' o entrega de presupuesto vía cupos hacía inviable una verdadera oposición en las regiones.
"Los cupos son del orden de los $680 mil millones, que quedaron consignados en el presupuesto general de la Nación. Es evidente que la capacidad de acción del ministro de Hacienda para mover a los parlamentarios en la dirección del gobierno evidentemente es toda", dijo en su momento en un debate radial.
Esa asignación de recursos, según el dirigente ganadero, impidieron que su candidatura a la presidencia fuera viable pues los parlamentarios que le eran afectos y que, eventualmente, le habrían respaldado en su carrera por la Casa de Nariño, o estaban amarrados a través de esos cupos, o no podían competir con quienes disponían con $3 o $4 mil millones para gestionar votos.
En diciembre del año pasado, el expresidente Álvaro Uribe señaló que "si va a haber un aporte a las regiones por encima del presupuesto, que no sea un trueque y que se ajusten a los planes de desarrollo", dijo el exmandatario.
Uribe hizo esa afirmación cuando reveló una serie de documentos, supuestamente entregados a él por un funcionario de la Casa de Nariño, en la que a cada uno de los parlamentarios, todos de la Unidad Nacional, se le asignaba un cupo, según el expresidente, "para financiar campañas". El Gobierno, por su parte, le restó credibilidad a esa afirmación.
Por los mismos días, el fiscal Eduardo Montealegre aseguró que el expresidente Uribe quería reabrir un debate que ya fue resuelto y superado por la Corte Constitucional sobre los cupos indicativos, más conocido como auxilios parlamentarios. "La legalidad de los cupos indicativos ya quedó zanjada. En una democracia es absolutamente lógico y permitido que los parlamentarios actúen ante el Gobierno central para conseguir partidas a sus regiones", sostuvo.
El debate resurgió en las pasadas elecciones parlamentarias del 9 de marzo, cuando dos parlamentarios del partido de la U, el del presidente Santos, Noño Elías y Musa Besaile, doblaron sus votaciones en cuatro años. La votación fue anormal pues, sin haber propuesto una ley o un debate de control político trascendente, lograron que los cordobeses y sinuenses se lanzaran a las urnas a votar por ellos. Elías sacó 140.143 votos y Besaile 145.402.
La coincidencia con la asignación de cupos es que, entre los dos, suman cerca de $200 mil millones. Según cálculos hechos por el portal la Silla Vacía, Elías obtuvo $115 mil millones y Besaile casi $75 mil millones repartiodos en inversiones en más de 15 municipios del norte del país. El hecho fue criticado fuertemente por los opositores a la Unidad Nacional y por la Misión de Observación Electoral.
Alfonso Prada, coordinador de la campaña de reelección del presidente Santos, ha dicho que la Unidad Nacional no tiene conocimiento de que se hayan utilizado ilegalmente los cupos y que "si existen irregularidades, le pedimos a los denunciantes que pongan los hechos en conocimiento de las autoridades".
Lo cierto es que, a un mes de la primera vuelta de las elecciones presidenciales, el tema estará en el centro del debate. Por un lado, hay quienes dicen que el presupuesto asignado a los proyectos promocionados por los parlamentarios es el poder electoral y de gobernabilidad que tiene Santos. Mientras en las huestes del presidente sostienen que no se pueden satanizar estos presupuestos y que si para algo han servido es para llevar desarrollo a las regiones.