La reforma de equilibrio de poderes, que la Corte Constitucional analiza hoy, tuvo entre sus objetivos reglamentar el juzgamiento de los magistrados de las altas cortes y el fiscal general a través de una Comisión de Aforados, en reemplazo de la históricamente poco útil Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes. Desde un comienzo, la reforma se promocionó como el instrumento que le daría dientes a cualquier tipo de investigación penal, disciplinaria o fiscal en contra de esos altos dignatarios del Estado, ya que, dado el caso, pueden ser suspendidos del cargo.
Precisamente, el próximo 30 de junio se cumple el plazo fijado para que los procesos que actualmente están en curso en la Comisión de Acusación pasen a esta nueva instancia, que estará conformada por tres miembros elegidos por el Congreso en pleno para un período de ocho años. La idea es ponerles jueces con verdaderas facultades a los magistrados y el fiscal, es decir, lo que no hicieron por muchos años los representantes a la Cámara pasarán a hacerlo ahora los integrantes de la Comisión de Aforados.
Sin embargo, sucederá todo lo contrario, de acuerdo con el proyecto de ley que está promoviendo el Gobierno ante el Congreso para reglamentar la reforma del equilibrio de poderes. Aunque suene insólito, uno de los artículos tiene como propósito “blindar” a los magistrados y al fiscal general por sus decisiones judiciales. En efecto, en el punto del “Respeto de la independencia de la Rama Judicial” queda claro el intento de que las investigaciones en su contra no puedan seguirse por el contenido de las providencias judiciales o de las investigaciones penales adelantadas.
Según algunos congresistas, que pidieron la reserva de su nombre, se trata de un verdadero “mico” que quiso pasar inadvertido, pero que implica directamente “el fin del delito de prevaricato para estos altos dignatarios, porque pese a que eventualmente puedan cometer alguna arbitrariedad en un proceso, no podrán ser objeto de investigación. La única investigación de la cual podrían ser objeto sería por la responsabilidad por favorecer indebidamente intereses propios o ajenos”. Por otra parte, pese a que en Colombia existe el principio constitucional del derecho a la igualdad para todos los ciudadanos, tal y como se está planteando en la reglamentación del equilibrio de poderes, sólo para unos pocos —magistrados y fiscal— jamás existiría el delito de prevaricato establecido en el Código Penal.
Esta inviolabilidad planteada ya se quiso promover en la discusión de la reforma. En el trámite que se surtió entre 2014 y 2015, el Gobierno quiso también blindar a los magistrados y al fiscal general. Sin embargo, el intento se desvaneció, pues sólo se incluyó el respeto al voto y a las opiniones en las providencias judiciales. Pero el texto para la discusión del proyecto en la Comisión Primera del Senado también conmina a la Comisión de Aforados a “respetar la categoría” de las altas cortes como órgano de cierre de la jurisdicción y del fiscal como órgano investigador autónomo en materia penal. Como quien dice, los integrantes de la Comisión de Aforados, que fungirán como jueces, tendrán que hacerles la venia a quienes van a investigar.
Por otra parte, al margen del “mico” detectado, surgen dudas sobre quiénes eventualmente están impedidos para defender desde una y otra orilla el proyecto de reglamentación o ley estatutaria del equilibrio de poderes. Es el caso del ministro de Justicia, Yesid Reyes, quien se inscribió en el concurso público abierto por la Presidencia para elegir el reemplazo de Eduardo Montealegre en la Fiscalía. O sea que , indirectamente, el ministro estaría blindando los fallos y providencias de quien sea elegido como el nuevo jefe del ente acusador, opción que lo incluye a él, así todavía falte que el presidente Santos lo incluya en la terna y que la Corte Suprema de Justicia lo escoja.
De momento, en la Comisión Primera fueron radicados varios impedimentos de congresistas. Uno de los más sonados, a la espera de ser votado, es el de la senadora liberal Viviane Morales, quien fue fiscal general entre 2011 y 2012. La realidad del proyecto, con el “mico” y sus implicaciones, empezará a conocerse esta semana en el Congreso, donde el Gobierno radicó mensaje de urgencia para acelerar su trámite.