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Valga recordar que existe consenso parcial en el tema de tierras, de participación política y de drogas ilícitas. También las partes suscribieron, en junio de 2014, un acuerdo de principios para el tratamiento del tema de víctimas. Ahora, la mesa de diálogos pretende dar pasos hacia el desescalamiento del conflicto y finalmente hacia el cese bilateral y definitivo del fuego. Por eso es necesario analizar cuáles son los alcances del pacto revelado el fin de semana.
Lo primero a aclarar es que lo acordado pretende hacer un desminado de carácter humanitario, que es diferente al desminado militar. Este último es realizado por miembros de las Fuerzas Armadas en desarrollo de las operaciones militares y consiste en limpiar puntualmente los sitios por los que avanzarán las tropas. El humanitario —como el que plantean Gobierno y Farc— busca favorecer a la población civil limpiando zonas de este tipo de artefactos e implica unas normas técnicas ajustadas a estándares internacionales para certificar que se está oficialmente libre de minas.
Otra claridad que se debe establecer es que el acuerdo es una medida de desescalamiento, es decir, no se incluye todo el país de un día para otro; pero lo que sí se quiere es avanzar en medidas que beneficien a las comunidades que viven en zonas del conflicto antes de que llegara un acuerdo final. Ahora, el texto suscrito propone unos principios, sin establecer la manera como se llevarán a cabo. Por eso, lo primero que debe ocurrir para hacer efectivo el acuerdo es definir las zonas en las que se implementará el plan piloto que, según lo establecido, deben ser áreas muy afectadas por la proliferación de artefactos explosivos.
Actualmente, el Ejército cuenta con el Batallón de Desminado, con cerca de 600 hombres; pero existen 9.400 efectivos de otras fuerzas capacitados para desminar, con quienes se hace necesario ampliar su conocimiento en técnicas de desminado humanitario. Por ejemplo, deben especializarse en los protocolos para actuar sobre áreas más extensas y para trabajar de la mano de comunidades y organizaciones internacionales. Este proceso de capacitación puede durar más de seis meses.
Lo que se sabe es que la preocupación de los militares gira en torno a tres temas: la seguridad en las áreas a desminar, ya que en muchas de ellas hay presencia de otros actores armados; la falta de conocimiento sobre la ubicación de los artefactos, y la participación de miembros de la guerrilla.
De otro lado, aunque el Gobierno insista en que este acuerdo no impone desde ya un cese bilateral del fuego, sí obliga a suspender órdenes de captura a determinados miembros de las Farc, así como debe haber una suspensión de operaciones militares en las áreas donde se realice la limpieza. Hay que tener en cuenta que estas labores son dispendiosas y que un equipo desminador puede tardar un día repasando un terreno de apenas 10 kilómetros cuadrados.
Finalmente, la gran pregunta es: ¿de dónde saldrá el dinero para implementar este acuerdo? Actualmente los equipos de desminado del Ejército están conformados por un suboficial y dos soldados. Ahora se habla de sumar dos guerrilleros y dos miembros de Ayuda Popular Noruega, la institución que acompañará y verificará el desminado. Las proyecciones son que cada equipo de estos necesita $10 millones para su funcionamiento, fuera de la logística para su movilización.