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Política 14 Mayo 2013 - 8:08 pm

Aborto en Colombia

Minsalud defiende derecho de mujeres al aborto con dineros del Estado

Alejandro Gaviria dijo que pese a que el Consejo de Estado tumbó un decreto del Gobierno, sí hay una obligación del Estado a facilitar la interrupción del embarazo en las tres excepciones.

Por: Elespectador.com
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Un agudo rifirrafe se registró este martes en la plenaria del Senado sobre el espinoso tema del aborto en Colombia y las obligaciones del Estado en ese sentido.

El ministro de Salud, Alejandro Gaviria, defendió que el Estado facilite el acceso, independiente del servicio de salud de las mujeres, a poder practicarse un aborto en los casos que declaró la Corte Constitucional como excepciones (malformación del feto, peligro para la madre y en caso de violación).

Según él, la nulidad declarada por el Consejo de Estado al decreto que reglamenta el aborto “no tiene ninguna consecuencia práctica sobre las actuaciones del ministerio de Salud”.

Para Gaviria está claro que la decisión del Consejo “no afecta la obligación de prestar el servicio y no puede afectar el derecho de las mujeres a un aborto legal, independiente de su capacidad de pago y su afiliación a la seguridad social”.

La tesis del ministro se basa en que “no tendría sentido que mientras discutimos el acceso a la salud como un derecho fundamental y que se debe garantizar el acceso a los servicios de salud, ahora como Estado volteemos la espalda a una mujer que tiene un embarazo riesgoso”.

“No se entendería que el Estado diga ahora que se quiere desentender de este caso y olvida el acceso efectivo a los servicios de salud”, aseguró ante la plenaria del Senado.

En el mismo sentido, insistió en que la figura de la objeción de conciencia es personal y no puede ser institucional, según los fallos de la misma Corte Constitucional.

Minutos antes, el senador José Darío Salazar, promotor del debate, había denunciado que “la decisión del aborto lo ordena un decreto que fue suspendido en 2009 por el Consejo de Estado y el cual fue anulado en todos sus efectos en marzo de este año”.

Salazar indicó que pese a la decisión del alto tribunal –después de la suspensión del decreto– el ministerio de Salud y la superintendencia de Salud “actúan como si nada hubiera pasado”.

Después de la anulación del 13 de marzo, la superintendencia emitió una circular donde indica que las cosas siguen igual”, insistió.

Para el senador conservador “acá hubo un abuso de poder del superintendente de Salud, Gustavo Morales que debe ser investigado por las autoridades pertinentes”.

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