Mucha letra, poco compromiso

 Cifras de esa misma entidad demuestran que el año pasado, 39.020 mujeres fueron víctimas de violencia de pareja y 17.512 víctimas de delitos sexuales, en su mayoría niñas y adolescentes entre los 10 y 14 años, seguidas de las niñas entre los 5 y 9 años. Además, el informe ‘Que dejen de cazar a las niñas y a los niños’ de la campaña ‘Violaciones y otras violencias, saquen mi cuerpo de la guerra’, revela que por lo menos 27 niños y adolescentes fueron agredidos sexualmente a diario en el país entre los años 2008 y 2012.

Fueron algunas de las dramáticas estadísticas dadas a conocer durante una audiencia pública realizada en el Congreso para abordar el tema de la violencia de género en el marco del conflicto armado —convocada por los representantes a la Cámara Ángela Robledo (Partido Alianza Verde) y Alirio Uribe (Polo Democrático) y los senadores Viviane Morales (Partido Liberal) e Iván Cepeda (Polo Democrático)—, a la que asistieron unas 300 mujeres de todos los territorios azotados por la violencia, así como organizaciones de mujeres que lideran procesos de justicia y reparación, como la Casa de Mujer, Sisma Mujer, Iniciativas de Mujeres por la Paz, Mujer sigue mis Pasos y el colectivo José Alvear.

La principal conclusión: que hace falta un mayor compromiso y acciones más contundentes de justicia por parte del Gobierno para las mujeres víctimas de violencia sexual en el contexto de la guerra. “Sin duda, la guerra ha exacerbado la violencia contra las mujeres y ha reducido sus cuerpos a trofeos, a botines de los guerreros. Por eso, desde el Congreso dimos la pelea durante más de dos años para tramitar la Ley 1719 del 18 de junio de 2014, que posibilita mayores herramientas de acceso de las mujeres a la justicia. Tenemos las leyes de Justicia y Paz y de Víctimas. Sin embargo, no vemos avances contundentes, la impunidad está alrededor del 98% de los casos y las líderes siguen amenazadas y desplazadas”, dijo Ángela Robledo.

Por su parte, para el senador Iván Cepeda es urgente que casos de la Ley de Justicia y Paz, en la que los victimarios que están en las cárceles pueden quedar libres, se reconozcan como lo que son: “crímenes de lesa humanidad”. Una postura que, con ejemplo propio, comparte el representante Alirio Uribe: “Casos masivos de violaciones a comunidades de mujeres enteras, como los de Bahía Portete (La Guajira), de Montes de María (sur de Bolívar), de La Libertad (Sucre) y El Tigre (Putumayo), no pueden quedar en el olvido y la impunidad y deben ser declarados cuanto antes como crímenes de lesa humanidad”.