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Anuncian la primera demanda ante la Corte Constitucional del abogado de las madres de los falsos positivos de Soacha.
Tal y como se esperaba, la aprobación en el Congreso de la República del acto legislativo de reforma al fuero militar alborotó el avispero. Ayer, diferentes organizaciones defensoras de los derechos humanos y de la misma sociedad civil, dentro y fuera del país, arreciaron en sus críticas a la iniciativa —que hoy será conciliada entre el Senado y la Cámara de Representantes—, calificándola como un retroceso e incluso como “un premio para los violadores de derechos humanos”, según las manifestaciones expresadas por las madres de los jóvenes de Soacha asesinados por la Fuerza Pública, en lo que se conoce como los falsos positivos.
Tratando de salirle al paso a los cuestionamientos, el comandante del Ejército, general Sergio Mantilla, aseguró que el compromiso de las Fuerzas Militares es fortalecer la justicia penal militar, para así garantizar que no haya un solo caso de impunidad, y anunció además que ya han sido asignados los recursos para establecer las herramientas que se requieren de cara a cumplir las metas de objetividad e independencia. “Nos queda un largo trecho que es garantizar que esta reforma llegue a buen termino, que se traduce en buenas decisiones y eso lo tenemos que hacer reforzando la justicia penal militar”, enfatizó el alto oficial.
Un ingrediente adicional en la discusión tiene que ver con la decisión del Consejo de Estado de tumbar el acuerdo firmado en 2006 entre el Ministerio de Defensa en el gobierno del entonces presidente Álvaro Uribe y la Fiscalía General de la Nación, el cual, según los defensores de la reforma al fuero, dio pie a la inseguridad jurídica que hoy afecta a los militares. Dicho acuerdo disponía que cuando se presentaran muertes en combate aparentemente legales o presuntas ejecuciones extrajudiciales en el marco de operativos militares, funcionarios de la Fiscalía debían efectuar una inspección del lugar de los hechos e iniciar una investigación preliminar, con el fin de determinar si los casos iban a la justicia ordinaria o a la militar.
Aunque en un principio las cosas funcionaron bien, con el tiempo comenzó a hablarse de “inseguridad jurídica” —curiosamente después de destaparse el escándalo de los falsos positivos—, argumentándose que dicho acuerdo había generado entre los militares el temor de que si causaban bajas legítimas de combatientes pudieran ser investigados penalmente por autoridades de la justicia ordinaria. El fallo del Consejo de Estado dice que ese acto administrativo va en contravía de las normas legales y constitucionales, ya que deja en manos de la Fiscalía una función que le es extraña: definir la justicia competente.
Sin embargo, lo que no se dijo es que ese acuerdo no estaba siendo aplicado en la actualidad. En la carta que José Miguel Vivanco, director de Human Rights Watch le envió al presidente Juan Manuel Santos, en octubre pasado, expresándole sus reparos al la reforma al fuero militar, se advierte que este año se creó el Sistema de Asistencia de Investigación Criminal a las Fuerzas Militares, que asigna a la Dirección de Investigación Criminal de la Policía Nacional (Dijín) la atribución de efectuar las inspecciones en sitios en donde se hayan producido muertes presuntamente en combate y remitir los casos a los fiscales de la justicia ordinaria. “La Dijín está adscrita al Ministerio de Defensa, y sus unidades especiales que llevan a cabo las inspecciones sobre muertes reportadas como bajas lícitas en combate residen en las instalaciones militares”, reveló Vivanco.
Eso sí, mientras hoy los conciliadores se ponen de acuerdo: el abogado Jorge Molano, representantes de las víctimas en los casos de los falsos positivos y el Palacio de Justicia, anunció que demandará el acto legislativo para que la Corte Constitucional le haga un exhaustivo examen, al tiempo que llevará sus cuestionamientos ante organizaciones internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por el riesgo que existe referente a que varios procesos de delitos de lesa humanidad queden en la impunidad.
De hecho, ya con el proyecto aprobado, una de las grandes preocupaciones que existen tiene que ver con el parágrafo transitorio del artículo 4°, en el que se establece que la Fiscalía, en coordinación con la justicia penal militar, tendrá un año para estudiar los casos que contra miembros de la Fuerza Pública hoy están en la justicia ordinaria y determinar cuáles se mantienen allí y cuáles van a los tribunales castrenses. El meollo del asunto es que ello estará sujeto a que entre en vigencia la ley estatutaria, que el Gobierno prometió presentar en marzo próximo, y en la que se espera sea tipificado el delito de ejecución extrajudicial. Pero si hay demora en esa presentación o la misma Corte Constitucional, una vez reciba la ley para estudiarla, se toma su tiempo, los militares que hoy están siendo juzgados por la justicia ordinaria podrían pedir el traslado de sus casos a la militar, aprovechando el limbo jurídico.
El texto aprobado por la Cámara
En el sexto debate del acto legislativo, que reforma la justicia penal militar, la plenaria de la Cámara de Representantes aprobó lo siguiente:
Artículo 2.
En éste se establece que el Tribunal de Garantías estará integrado por seis magistrados —tres de la justicia ordinaria y tres miembros de la Fuerza Pública en retiro.
Artículo 3.
En éste la Cámara estableció que los tribunales castrenses no conocerán de los crímenes de lesa humanidad ni de los delitos de genocidio y desaparición forzada.
Artículo 4 transitorio.
En éste se advierte que los procesos por conductas incluidas en el artículo 3 —que no serán conocidos por la justicia militar— se mantendrán en la justicia ordinaria.
Texto aprobado por el Senado
En el octavo y último debate de la reforma al fuero militar la plenaria del Senado modificó y aprobó los siguientes artículos:
Artículo 1.
En cuanto al Tribunal de Garantías se estableció que estaría compuesto por ocho magistrados, cuatro de los cuales serán miembros de la Fuerza Pública en retiro y elegidos de ternas enviadas por el presidente.
Artículo 3.
En este apartado la lista de delitos cometidos por uniformados que jamás serán de conocimiento de la justicia castrense se amplió a siete: los crímenes de lesa humanidad, genocidio, desaparición forzada, ejecución extrajudicial, violencia sexual, tortura y desplazamiento forzado.
Artículo 4 transitorio.
Este es uno de los que más sufrió modificaciones en comparación con el texto que salió de la Cámara. Aquí se incluye que la Fiscalía, en coordinación con la justicia militar,tendrá un período de hasta un año para identificar todos los procesos que se adelantan contra uniformados y trasladarlos a la justicia castrense aquellosque no sean de competencia de la jurisdicción ordinaria.